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Ante la crisis, ¿más educación?

Más gasto en Educación, sí, pero un mayor esfuerzo político. En eso podría resumirse el Informe que ha sacado esta semana el Consejo Escolar del Estado sobre la situación del sistema educativo referente al curso 2006-2007. “La educación es la mejor inversión de futuro en época de crisis”, afirma la Presidenta del Consejo, Carmen Maestre. A pesar de la difícil coyuntura económica, pide que la sociedad tome conciencia de la situación educativa, definiendo los objetivos de la urgencia de aumentar el gasto público: “dar estabilidad y eficacia al sistema educativo”. Así, materializa varias cuestiones en las que considera fundamental el apoyo de la Administración:

Educación infantil. Las distintas regulaciones del Primer Ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) “podrían conducir al deterioro de su carácter educativo”. Por tanto, demandan a las Administraciones la vinculación entre el primer y segundo ciclo y la garantía de “unos requisitos comunes de calidad”.

Competencia lectora e idiomas. Recuerda el Informe PISA, en el que se advertía de las dificultades de los adolescentes españoles para “analizar, relacionar e inferir” el contenido de los textos que se han leído. Propone al Ministerio de Educación que evalúe sistemáticamente la competencia lectora de los estudiantes. Sobre los idiomas, aún van más lejos: “Es preciso habilitar medidas que promuevan el aprendizaje de los idiomas desde edades tempranas, ampliar la dotación de becas en países extranjeros, extender las experiencias de currículos bilingües y, muy especialmente, garantizar la formación inicial y permanente del profesorado en el dominio de idiomas”.

Fracaso escolar. Que se dé un certificado a los alumnos que han estudiado la secundaria mientras tenían la edad aunque no hayan conseguido el graduado escolar, para que cuando salgan al mercado laboral no se encuentren “sin ninguna certificación”, facilitando la oferta a Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

Más oferta y flexibilidad en la educación posobligatoria. Proponen flexibilizar los cursos de Bachillerato para que los alumnos menores de 20 años que se hallen trabajando puedan sacar adelante sus estudios. Además quieren que se aumente la oferta de los Centros de Segunda Oportunidad para facilitar a los mayores de edad la posibilidad de obtener el título.

Integración escolar. Evitar la masificación de los inmigrantes en determinados centros, dotando a los centros de recursos humanos y materiales suficientes.

Convivencia. Las Administraciones no deben limitarse a reducir los conflictos escolares, sino “inculcar principios y hábitos” de convivencia y responsabilidad en los alumnos.

Con esto, el Consejo Escolar Estatal da un repaso a las principales problemas del sistema educativo que, durante ocho meses, La asignatura pendiente ha analizado para sus lectores. Además elabora unas propuestas que las diferentes Administraciones deberían considerar, al menos en los problemas que subraya, si verdaderamente tienen los ojos abiertos ante la situación educativa y no se han desligado completamente de los intereses de los ciudadanos.

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Dedocracia en el Ministerio de Educación

Los estudiantes ya sabían que con la Ministra Mercedes Cabrera la cosa no marchaba bien. La Unión Democrática de Estudiantes decidió llevar ante la Justicia al Ministerio de Educación por haber nombrado “a dedo” a dos representantes estudiantiles de la Comisión Permanente del Observatorio de la Convivencia. Ahora la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado los nombramientos por considerar que considerar que se oponían al Real Decreto 278/2007 en el que se establecía que los miembros de la Comisión debían ser elegidos por y entre las asociaciones estudiantiles.

El Observatorio Estatal para la Convivencia, es un organismo que venía recomendado por la Unión Europea y fue creado por el Gobierno de Zapatero en 2007. De él forman parte el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Instituto de la Juventud, la delegación del Gobierno sobre el plan nacional sobre drogas, los Defensores del Pueblo nacional y autonómicos, las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los sindicatos docentes, padres y madres y los propios alumnos.

La entonces Ministra Mercedes Cabrera emitió una resolución en la que adjudicaba los cargos de vocales al Sindicato de Estudiantes y la organización CANAE, por considerarlos “de mayor representatividad”. La Unión Democrática de Estudiantes, que se define como “liberal-conservadora”, habría quedado excluida. La cuestión es que antes de que se concedieran las vocalías, tres de las cuatro principales asociaciones estudiantiles -el Sindicato de Estudiantes se opuso- acordaron que los cargos de las vocalías serían rotatorios. Como no había unanimidad, la entonces Ministra se arrogó el derecho a elegir a quien quisiese.

La utilidad real del Observatorio está cuestionada desde muchos sectores, en los que se considera una institución más de carácter consultivo que, en el fondo, no vendría a ser más que una extensión más del Ministerio y no un órgano representativo de los estudiantes en asuntos de convivencia. Como señalan en el diario El Mundo, hay tortas y puñetazos para el reparto de la tarta, ya que cada representante estudiantil cobra 150 euros. El Ministerio, sin embargo, define sus funciones de este modo: “disponer de información actualizada que permita conocer la situación y evolución de los centros y proponer estrategias para corregir situaciones contrarias a la convivencia”. Sean las asociaciones estudiantiles verdaderos órganos representativos o no, de lo que no hay duda es de que si están nombrados “a dedo” difícilmente pueden ser democráticos.

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1350 euros para quienes estén “en riesgo de fracaso”

La última del nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, consiste en reducir el fracaso escolar con dinero… pero amoldándose a la tiranía de las cifras. Según ha declarado en el Congreso de los Diputados, el Gobierno dará 1350 euros de “becas de mantenimiento” a los alumnos de secundaria que se encuentren en riesgo de abandonar los estudios por no haber alcanzado la titulación correspondiente en la edad convenida. Así, el ministro de Educación pretende demostrar que las becas “no son una política más” del Gobierno socialista. En la misma línea que emprendió hace unos años la administración andaluza, el Gobierno ofrecerá un trato desigual a los alumnos que aprueban con normalidad frente a los que muy probablemente abandonarían sus estudios.

La política de becas de Ángel Gabilondo no sólo se circunscribe a la secundaria. También le preocupa la situación de los universitarios y otorgará una “beca-salario” de 2800 euros a los alumnos universitarios, una “ayuda compensatoria que se ofrecerá según el umbral de renta de la familia del alumno”. Este es uno de lospuntos del Plan de Acción 2009 con el que el Gobierno pretende hacer frente a la crisis. Además Gabilondo ha recordado la puesta en marcha de las becas para financiar la matrícula de los máster. El Gobierno destinaría hasta 70 millones de euros para las personas entre 25 y 40 años que se encuentren en situación de desempleo y deseen cursar estudios de posgrado el próximo curso.

El ministro ha completado su repaso a la situación de la educación hablando sobre el grado de aplicación del Plan Bolonia, la gratuidad para la educación infantil de 0 a 3 años y la reforma de la Formación Profesional. Ésta ha sido la primera comparecencia de Ángel Gabilondo ante la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados. En los próximos días está previsto que el Ministerio de Educación informe a las universidades públicas de cómo se van a financiar las becas para financiación de máster.

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¿Pacto educativo?

La Conferencia Sectorial del pasado martes deja traslucir todavía ciertas reservas en la Comunidad contra la medida gubernamental de portátiles para todos. Font de Mora ha criticado que se lancen estas campañas consultando a posteriori a las comunidades autónomas, que tienen que desembolsar parte de la subvención, sin preguntarse antes por la viabilidad de estos proyectos. En los próximos días continuarán las reuniones para concretar la financiación

Pero no es esa la única cuestión que se ha tratado en la Conferencia Sectorial. También se ha hablado del pacto educativo que el nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, pretende ultimar con las comunidades autónomas y los agentes sociales para hacer frente a problemas como el fracaso escolar, la educación de 0 a 3 años, la nueva Formación Profesional o la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, cuya competencia actualmente corresponde al Ministerio de Educación. Son cuestiones, sin embargo, en las que tiene suma importancia las medidas que se adopten en las autonomías.

Font de Mora, al tiempo que ha destacado los cuestionados planes del Consell para hacer frente al fracaso escolar, ha incidido en aspectos de índole nacional, como es la necesidad del cambio de modelo educativo o la reforma del Bachillerato. El conseller insiste además en que están dispuestos a trabajar para llegar a un acuerdo, pero que no le concederán a Gabilondo “ningún cheque en blanco”.

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¿Portátiles para todos?

Nada de un portátil por cada niño de 5.º de primaria. Entre 50 y 90 euros de “bono-digital” y punto. En eso pretendía concretarse, ya desde antes del Debate del Estado de la Nación, la dotación de ordenador a los escolares. Como ha declarado el nuevo Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, esa propuesta no es aislada, sino que forma parte de un proceso de modernización de la escuela que, no obstante, varias comunidades han emprendido por su cuenta. Ahora, sin embargo, se reunirá con las comunidades autónomas para concretar en cuánto contribuirá el Ejecutivo y cómo va a desarrollarse.

Como las competencias educativas están en manos de las autonomías, las negociaciones serán difíciles. No existe un sistema operativo concreto con el que vinieran equipados estos ordenadores, ya que si en algunas comunidades las escuelas emplean Microsoft otras, como la Comunidad Valenciana, utilizan mayoritariamente Linux. El impulsor de este software ha criticado la medida del Gobierno porque supondría “vender el futuro del país a Microsoft”. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, dice que las comunidades podrán elegir el programa que más les convenga.

Fuera del ámbito económico, varios sindicatos han criticado que promocionar los ordenadores portátiles es una medida que no ayuda a mejorar necesariamente la educación de los niños. CSI-CSIF considera más importante la formación de los docentes que las nuevas tecnologías. USO ha calificado la medida de “burla” y ANPE la considera “efectista”. Sólo FETE-UGT, afín al PSOE, cree que es una iniciativa positiva, aunque defiende que se forme también al profesorado y el asunto se debata también con los agentes sociales y no genere polémica entre su forma de aplicación en unas comunidades y otras. De momento, Ángel Gabilondo se reunirá con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial el próximo martes 19 de mayo.

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Y el rumano, que no falte

En los últimos días, el conseller Alejandro Font de Mora se trasladó a Madrid para reunirse con el nuevo ministro Ángel Gabilondo para presentarle las demandas de la Generalitat: algún tipo de concertación en enseñanza infantil y fondos de compensación estatal para combatir el fracaso escolar. A su regreso, sin embargo, la cuestión de los idiomas ha vuelto a suscitar su preocupación por otra lengua, el rumano, que no se haya lo suficientemente protegida. El gasto de las clases de rumano, que se realizará en horas extaescolares en los centros públicos, correrá a cargo de las organizaciones de rumanos o de la Embajada, y sólo se impartirá si existe un interés mayoritario. El objetivo de favorecer la enseñanza de la lengua y la cultura rumanas es que los rumanos que tengan que regresar a su país debido a la crisis “no pierdan el contacto con sus orígenes”.

Su gestión sigue siendo cuestionada desde que el pasado 28 de abril se celebrara una huelga educativa marcada por la polémica entre sindicatos y asociaciones de padres de distinta sensibilidad. Pero ahora quien más ha llamado la atención de los huelguistas es el alcalde de Xátiva, Alfonso Rus (PP), que tal como han recogido varios periódicos, exclamó en un mitin: “A esos que querían ponernos la cabeza boca abajo, no vamos a darles el gusto. ¡Vamos a rematarlos, vamos a rematarlos”. Y más tarde: “”No sé si será bueno o malo, pero dije que esos son gilipollas y me quedé a gusto con esos sinvergüenzas”. A estas declaraciones siguieron las palabras del concejal socialista de Xátiva, Rafael Llorens: “Tengo un recado de mi mujer: eres un gilipollas”. En la web de la Plataforma, los insultos continúan. Todo un alarde de educación que demuestra la absoluta pérdida de las formas a todos los niveles.

Mientras se intercambian insultos en la Comunitat, el ministro Ángel Gabilondo busca un pacto educativo con las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales. Un pacto en el que el PP trata de anteponer la libertad de enseñanza a cuestiones como Educación para la Ciudadanía, pero ha dejado claro que no se conformará con una simple foto. Fotos faltarán para arreglar la fisonomía de un panorama educativo que está haciendo aguas y no tiene visos de inmediata recuperación. El Presidente del Gobierno, que afirmó que no habría recortes sociales por la crisis, reducirá los gastos del Ministerio de Educación y Política Social en 105 millones de euros.

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La huelga amarilla se calienta

Ramón López, presidente de la FAPA Gabriel Miró, de Alicante, declara en una entrevista para Información sobre la huelga de este martes: “No se pueden usar las cuerdas para empujar sino para tirar y parece que algunos, no todos, usen la huelga como lanzadera para otros objetivos mientras nuestro único interés son nuestros hijos”. El colectivo de padres, que ha decidido desvincularse del paro organizado por la Plataforma por la Enseñanza Pública, reconoce tener objetivos similares, pero marca distancias. “Trece puntos no aseguran la calidad del sistema educativo para nada”, sentencia.

En la misma línea, los inspectores educativos han criticado que la huelga sustituye “la normalidad democrática por la presión para hacer realidad determinadas tesis políticas”. También los sindicatos ANPE, CSIF y USO se desvinculan del paro educativo y denuncian la “politización” de la Plataforma por la Enseñanza Pública, integrada por las asociaciones de padres como por los sindicatos UGT, CCOO y STEPV-iV, que en la última ha semana han organizado varios actos para caldear el ambiente. Y no se trata de una expresión gratuita, pues más de trescientas personas convocadas por la Plataforma celebraron un “acto de fe” en el que quemaron en una hoguera cartones y ninots de los personajes públicos que a su juicio son responsables del desastre educativo y lanzaron proclamas en inglés, chino y castellano contra el conseller Alejandro Font de Mora. Muchos de ellos llevaban algún distintivo amarillo, color de la Plataforma.

La Plataforma por la Enseñanza Pública, sin embargo, se desvincula de las acusaciones que se vierten sobre ella. También en una entrevista para Información, declara el portavoz de la Plataforma, Ismael Vicedo: “Los que intentan politizar la huelga son esos sindicatos que quieren desacreditarnos y desmovilizar al profesorado. Les preguntaría si ven bien la política educativa en la Comunidad”. Sobre la FAPA Gabriel Miró, la Plataforma confía en que se produzca un acercamiento antes de julio, aunque no se haya unido a la huelga. Ismael Vicedo espera que sea un éxito y que ante la presión de los sindicatos la Conselleria “tenga que mover pieza al día siguiente”.

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