¿Portátiles para todos?

Nada de un portátil por cada niño de 5.º de primaria. Entre 50 y 90 euros de “bono-digital” y punto. En eso pretendía concretarse, ya desde antes del Debate del Estado de la Nación, la dotación de ordenador a los escolares. Como ha declarado el nuevo Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, esa propuesta no es aislada, sino que forma parte de un proceso de modernización de la escuela que, no obstante, varias comunidades han emprendido por su cuenta. Ahora, sin embargo, se reunirá con las comunidades autónomas para concretar en cuánto contribuirá el Ejecutivo y cómo va a desarrollarse.

Como las competencias educativas están en manos de las autonomías, las negociaciones serán difíciles. No existe un sistema operativo concreto con el que vinieran equipados estos ordenadores, ya que si en algunas comunidades las escuelas emplean Microsoft otras, como la Comunidad Valenciana, utilizan mayoritariamente Linux. El impulsor de este software ha criticado la medida del Gobierno porque supondría “vender el futuro del país a Microsoft”. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, dice que las comunidades podrán elegir el programa que más les convenga.

Fuera del ámbito económico, varios sindicatos han criticado que promocionar los ordenadores portátiles es una medida que no ayuda a mejorar necesariamente la educación de los niños. CSI-CSIF considera más importante la formación de los docentes que las nuevas tecnologías. USO ha calificado la medida de “burla” y ANPE la considera “efectista”. Sólo FETE-UGT, afín al PSOE, cree que es una iniciativa positiva, aunque defiende que se forme también al profesorado y el asunto se debata también con los agentes sociales y no genere polémica entre su forma de aplicación en unas comunidades y otras. De momento, Ángel Gabilondo se reunirá con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial el próximo martes 19 de mayo.

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Y el rumano, que no falte

En los últimos días, el conseller Alejandro Font de Mora se trasladó a Madrid para reunirse con el nuevo ministro Ángel Gabilondo para presentarle las demandas de la Generalitat: algún tipo de concertación en enseñanza infantil y fondos de compensación estatal para combatir el fracaso escolar. A su regreso, sin embargo, la cuestión de los idiomas ha vuelto a suscitar su preocupación por otra lengua, el rumano, que no se haya lo suficientemente protegida. El gasto de las clases de rumano, que se realizará en horas extaescolares en los centros públicos, correrá a cargo de las organizaciones de rumanos o de la Embajada, y sólo se impartirá si existe un interés mayoritario. El objetivo de favorecer la enseñanza de la lengua y la cultura rumanas es que los rumanos que tengan que regresar a su país debido a la crisis “no pierdan el contacto con sus orígenes”.

Su gestión sigue siendo cuestionada desde que el pasado 28 de abril se celebrara una huelga educativa marcada por la polémica entre sindicatos y asociaciones de padres de distinta sensibilidad. Pero ahora quien más ha llamado la atención de los huelguistas es el alcalde de Xátiva, Alfonso Rus (PP), que tal como han recogido varios periódicos, exclamó en un mitin: “A esos que querían ponernos la cabeza boca abajo, no vamos a darles el gusto. ¡Vamos a rematarlos, vamos a rematarlos”. Y más tarde: “”No sé si será bueno o malo, pero dije que esos son gilipollas y me quedé a gusto con esos sinvergüenzas”. A estas declaraciones siguieron las palabras del concejal socialista de Xátiva, Rafael Llorens: “Tengo un recado de mi mujer: eres un gilipollas”. En la web de la Plataforma, los insultos continúan. Todo un alarde de educación que demuestra la absoluta pérdida de las formas a todos los niveles.

Mientras se intercambian insultos en la Comunitat, el ministro Ángel Gabilondo busca un pacto educativo con las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales. Un pacto en el que el PP trata de anteponer la libertad de enseñanza a cuestiones como Educación para la Ciudadanía, pero ha dejado claro que no se conformará con una simple foto. Fotos faltarán para arreglar la fisonomía de un panorama educativo que está haciendo aguas y no tiene visos de inmediata recuperación. El Presidente del Gobierno, que afirmó que no habría recortes sociales por la crisis, reducirá los gastos del Ministerio de Educación y Política Social en 105 millones de euros.

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Sin derecho a elegir

La nueva Ley de Educación Catalana es un asunto que está dando que hablar en la política nacional. El tripartito ha aprobado al final un texto en el que se niega la tercera hora de castellano que exigía el Real Decreto 1513/2006 y la tesis bilingüista liderada por PPC y Ciutadans. Aunque el proceso lleva gestándose desde los años de Pujol, los padres no podrán elegir que la lengua vehicular para sus hijos sea el idioma que hablen en casa, sino necesariamente el catalán.

El PP, como el Gobierno, se propone presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ese en el que todavía está aparcado el Estatut y no ha resuelto aún si una comunidad autónoma pueda decidir libremente que la educación se imparta obligatoriamente en la lengua autóctona en vez de la común.

El proceso que está siguiendo el tripartito catalán es semejante al que durante años se gestó en el País Vasco –donde los nacionalistas de Eusko Alkartasuna poseían la cartera de Educación- y que ahora socialistas y populares intentan desmontar. Aunque el conseller de Educación, Ernest Maragall, insiste en que se pretende también garantizar el conocimiento de la lengua castellana, lo cierto es que si los padres antes tenían escasa libertad de elección, ahora la pierden absolutamente y por dos horas de Lengua Española a la semana, tendrán tres de Inglés. La lógica más elemental conduce a preguntarse cómo es posible que digan que se busca un bilingüismo armónico reduciendo a dos horas semanales la enseñanza de castellano, cuando tres horas de inglés no siempre garantiza unos conocimientos mínimos de esa lengua.

Entretanto, en la Comunidad Valenciana la polémica lingüística circula por otros derroteros. PSPV, EUPV y Compromís han criticado duramente que la Generalitat pretenda implantar en inglés en tres colegios públicos “a costa de la línea en valenciano”. Además EUPV y Compromis han pedido la comparecencia del conseller Alejandro Font de Mora, a quien han acusado de “antivalenciano” por “irritar de forma deliberada” a la comunidad educativa como respuesta a las críticas por su gestión.

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La universidad entra en el banco (y otros sitios)

El movimiento antibolonia ha sobrepasado en algunos lugares los límites de la universidad. Mientras los ministros de Educación de los 46 países que integran el proceso de Bolonia se reunían el pasado miércoles en Lovaina (Bélgica) para debatir sobre el desarrollo del Plan, cientos de estudiantes han salido a las calles en distintas ciudades españolas y europeas para protestar, una vez más, contra el Plan Bolonia. Resulta significativo, sin embargo, el caso de Barcelona, donde cuatro alumnos han llegado a ocupar el Comisionado de Universidades de Esquerra Republicana de Cataluña y entre 50 y 60 la sede del Banco Santander. El lema era pegadizo: “Si el banco entra en la Universidad, la Universidad entra en el banco”. Por la tarde, sin embargo, ya habían abandonado los edificios.

El nuevo Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha insistido en que los ministros de Educación “no pretenden buscar la máxima rentabilidad” de la Universidad a costa del plano social y que trabajará “muy seriamente” para que la Universidad no esté sometida a los intereses de mercado. Además ha destacado que la participación de la empresa en las universidades españoles es mucho menor que en otros países. Sobre la adaptación a Bolonia ha valorado el informe de evaluación de seguimiento, que revelan que España obtiene una media de 4 puntos sobre 5 (frente al 3,5 del año pasado), y se considera satisfecho porque “la orientación es la adecuada”.

La protesta contra Bolonia en Alicante concidió con la protesta de los sindicatos del pasado martes. Como era de esperar, hubo algunos encontronazos. En el contexto de las movilizaciones contra el EEES, algunos profesores de la Universidad de Alicante se han unido a la llamada “Declaración del Ateneo”, un documento firmado en Madrid en el que se declara que el Plan Bolonia es un cambio de modelo encubierto dirigido a mercantilizar la universidad y no una mera homologación de títulos y facilitación de la movilidad universitaria. Además piden una moratoria para la implementación del proceso para que pueda debatirse “de una forma transparente y democrática”.

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Baile de cifras

Acabada la huelga educativa, llega siempre el baile de las cifras y el rifirrafe de las reacciones. A la Conselleria de Educación fijó la participación en un “escaso 20% de los profesores”, mientras que la Plataforma por la Enseñanza Pública señaló que el 70% de los docentes se sumaron al paro educativo. Una amplísima diferencia de apreciaciones técnicas que representaría el abismo que en estos momentos media entre los sindicatos y la Generalitat. Luego, en el capítulo de las reacciones, las espadas se mantuvieron en alta y si la Plataforma anuncia paros y encierros señalados cada semana, el gobierno valenciano invita a los sindicatos a que abandonen sus reivindicaciones.

La huelga vino acompañada de tres manifestaciones en Valencia, Alicante y Castellón, a las que acudieron profesores, alumnos, padres y madres que reclamaban un cambio en la política educativa del Gobierno valenciano y la dimisión de Font de Mora. Estaba previsto que ese mismo día compareciese la Secretaria Autonómica de Educación en la Comisión de Educación y Cultura de las Cortes para explicar las negociaciones con la mesa sectorial. Pero al llenarse la sala con los miembros de la Plataforma, que fueron invitados por la portavoz de la agrupación de diputados no adscritos, Glòria Marcos (ex Coordinadora General de la Esquerra), la presidenta de la Comisión, María Soledad Llinares, decidió suspender la sesión por “la falta de espacio” para albergar a tantas personas.

El PP estudia además trasladar el incidente a la Fiscalía General del Estado por si constituyera motivo de delito, ya que entiende que “interrumpieron el desarrollo normal de una comisión”. Alejandro Font de Mora, por su parte, intenta evidenciar que ha salido fortalecido de la huelga y que se ha demostrado la “politización” de la misma. La Plataforma, por su parte, no ceja en sus esfuerzos para hacer realidad sus reivindicaciones, si bien nunca se sabrá qué habría pasado si se hubiese celebrado la huelga cuando se había previsto, justo después de que se concediese una moratoria a la Citizenship y los manifestantes se hayan mucho más unidos.

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La huelga amarilla se calienta

Ramón López, presidente de la FAPA Gabriel Miró, de Alicante, declara en una entrevista para Información sobre la huelga de este martes: “No se pueden usar las cuerdas para empujar sino para tirar y parece que algunos, no todos, usen la huelga como lanzadera para otros objetivos mientras nuestro único interés son nuestros hijos”. El colectivo de padres, que ha decidido desvincularse del paro organizado por la Plataforma por la Enseñanza Pública, reconoce tener objetivos similares, pero marca distancias. “Trece puntos no aseguran la calidad del sistema educativo para nada”, sentencia.

En la misma línea, los inspectores educativos han criticado que la huelga sustituye “la normalidad democrática por la presión para hacer realidad determinadas tesis políticas”. También los sindicatos ANPE, CSIF y USO se desvinculan del paro educativo y denuncian la “politización” de la Plataforma por la Enseñanza Pública, integrada por las asociaciones de padres como por los sindicatos UGT, CCOO y STEPV-iV, que en la última ha semana han organizado varios actos para caldear el ambiente. Y no se trata de una expresión gratuita, pues más de trescientas personas convocadas por la Plataforma celebraron un “acto de fe” en el que quemaron en una hoguera cartones y ninots de los personajes públicos que a su juicio son responsables del desastre educativo y lanzaron proclamas en inglés, chino y castellano contra el conseller Alejandro Font de Mora. Muchos de ellos llevaban algún distintivo amarillo, color de la Plataforma.

La Plataforma por la Enseñanza Pública, sin embargo, se desvincula de las acusaciones que se vierten sobre ella. También en una entrevista para Información, declara el portavoz de la Plataforma, Ismael Vicedo: “Los que intentan politizar la huelga son esos sindicatos que quieren desacreditarnos y desmovilizar al profesorado. Les preguntaría si ven bien la política educativa en la Comunidad”. Sobre la FAPA Gabriel Miró, la Plataforma confía en que se produzca un acercamiento antes de julio, aunque no se haya unido a la huelga. Ismael Vicedo espera que sea un éxito y que ante la presión de los sindicatos la Conselleria “tenga que mover pieza al día siguiente”.

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Sistema educativo y alfabetización

Casi la mitad de los padres (un 46,6%) cree que la educación española tiene un nivel muy bajo y que se debería exigir más a sus alumnos. Eso es lo que ha puesto sobre la mesa el último estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS), elaborado sobre una muestra de 820 padres encuestados. Sólo un 5% de estos consideraría que el sistema es demasiado alto. En lo referente a los motivos, existen posturas dispares: el 36% lo achaca al “poco esfuerzo” de los alumnos”, un 11% a la escasa capacidad del profesorado, otro 11% al poco interés que merecen los contenidos que se imparten en colegios e institutos y un 3% a las políticas educativas del Estado.

La buena noticia es que una mayoría de padres (el 56%) consideran que se implican más en la educación de sus hijos, cuando en una encuesta del mismo organismo sólo el 39% reconocía ayudar a sus hijos en el estudio. Otro de los datos llamativos son los cambios que han sufrido los recursos educativos en los últimos ocho años. El uso de libros de texto abría descendido de 200 a 180, mientras que habrían aumentado en ese mismo período el número de alumnos con ordenador desde el 22 hasta un 77%.

Mientras se lanzan estas estadísticas, se celebra la Campaña Mundial por la Educación, coincidiendo con los actos de conmemoración del Día del Libro el pasado 23 de abril. La Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación (CECME), bajo el lema “Abre un libro, abre el mundo”, ha contado con el apoyo de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega o los escritores Mario Vargas Llosa, José Saramago o Rosa Montero para manifestar su deseo de que la alfabetización cunda entre jóvenes y adultos de todos los países del mundo e instar a los representantes políticos a trabajar en esta dirección. La UNESCO estima que en la actualidad existen aproximadamente 70 millones de niños sin escolarizar y 771 millones de personas adultas que no saben leer ni escribir.

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