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¿Portátiles para todos?

Nada de un portátil por cada niño de 5.º de primaria. Entre 50 y 90 euros de “bono-digital” y punto. En eso pretendía concretarse, ya desde antes del Debate del Estado de la Nación, la dotación de ordenador a los escolares. Como ha declarado el nuevo Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, esa propuesta no es aislada, sino que forma parte de un proceso de modernización de la escuela que, no obstante, varias comunidades han emprendido por su cuenta. Ahora, sin embargo, se reunirá con las comunidades autónomas para concretar en cuánto contribuirá el Ejecutivo y cómo va a desarrollarse.

Como las competencias educativas están en manos de las autonomías, las negociaciones serán difíciles. No existe un sistema operativo concreto con el que vinieran equipados estos ordenadores, ya que si en algunas comunidades las escuelas emplean Microsoft otras, como la Comunidad Valenciana, utilizan mayoritariamente Linux. El impulsor de este software ha criticado la medida del Gobierno porque supondría “vender el futuro del país a Microsoft”. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, dice que las comunidades podrán elegir el programa que más les convenga.

Fuera del ámbito económico, varios sindicatos han criticado que promocionar los ordenadores portátiles es una medida que no ayuda a mejorar necesariamente la educación de los niños. CSI-CSIF considera más importante la formación de los docentes que las nuevas tecnologías. USO ha calificado la medida de “burla” y ANPE la considera “efectista”. Sólo FETE-UGT, afín al PSOE, cree que es una iniciativa positiva, aunque defiende que se forme también al profesorado y el asunto se debata también con los agentes sociales y no genere polémica entre su forma de aplicación en unas comunidades y otras. De momento, Ángel Gabilondo se reunirá con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial el próximo martes 19 de mayo.

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La huelga amarilla se calienta

Ramón López, presidente de la FAPA Gabriel Miró, de Alicante, declara en una entrevista para Información sobre la huelga de este martes: “No se pueden usar las cuerdas para empujar sino para tirar y parece que algunos, no todos, usen la huelga como lanzadera para otros objetivos mientras nuestro único interés son nuestros hijos”. El colectivo de padres, que ha decidido desvincularse del paro organizado por la Plataforma por la Enseñanza Pública, reconoce tener objetivos similares, pero marca distancias. “Trece puntos no aseguran la calidad del sistema educativo para nada”, sentencia.

En la misma línea, los inspectores educativos han criticado que la huelga sustituye “la normalidad democrática por la presión para hacer realidad determinadas tesis políticas”. También los sindicatos ANPE, CSIF y USO se desvinculan del paro educativo y denuncian la “politización” de la Plataforma por la Enseñanza Pública, integrada por las asociaciones de padres como por los sindicatos UGT, CCOO y STEPV-iV, que en la última ha semana han organizado varios actos para caldear el ambiente. Y no se trata de una expresión gratuita, pues más de trescientas personas convocadas por la Plataforma celebraron un “acto de fe” en el que quemaron en una hoguera cartones y ninots de los personajes públicos que a su juicio son responsables del desastre educativo y lanzaron proclamas en inglés, chino y castellano contra el conseller Alejandro Font de Mora. Muchos de ellos llevaban algún distintivo amarillo, color de la Plataforma.

La Plataforma por la Enseñanza Pública, sin embargo, se desvincula de las acusaciones que se vierten sobre ella. También en una entrevista para Información, declara el portavoz de la Plataforma, Ismael Vicedo: “Los que intentan politizar la huelga son esos sindicatos que quieren desacreditarnos y desmovilizar al profesorado. Les preguntaría si ven bien la política educativa en la Comunidad”. Sobre la FAPA Gabriel Miró, la Plataforma confía en que se produzca un acercamiento antes de julio, aunque no se haya unido a la huelga. Ismael Vicedo espera que sea un éxito y que ante la presión de los sindicatos la Conselleria “tenga que mover pieza al día siguiente”.

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Los padres también acosan al profesor

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Informe 2008 de ANPE (pulse sobre la imagen para ampliar)

Sólo se pueden resolver los problemas que se cuentan y parece que cada vez se conocen más atropellos. Las cifras del Informe Estatal del Defensor del Profesor 2008 del sindicato de profesores, ANPE, sólo se refieren, claro está, a las personas atendidas y arrojan cifras que podrían significar un cambio de tendencia. En el curso 2007-2008 el porcentaje de profesores en España que telefonean porque no pueden dar una clase como Dios manda ha disminuido desde el 58 al 40%. ANPE acoge el dato con prudencia. Pero lo que resulta más alarmante es el creciente porcentaje de acoso y amenazas de los padres hacia los profesores, que asciende al 11%.

El Sindicato Independiente de Profesores no sólo expone los datos a los ojos de la ciudadanía. Además reclama a la Administración que el profesor recupere “el control de la disciplina en clase” y se le devuelva la “autoridad en el aula”. Y por si pareciera poco, además pide cambios en el modelo educativo. Repara en un aspecto que la Ministra de Educación, Mercedes Cabrera, no señaló en su entrevista con los lectores en la edición digital de El País. Para el ANPE, “el fracaso escolar es causa de la conflictividad del alumnado” y propone que el bachillerato tenga una duración de tres años, para que los alumnos de 4.º de la ESO que lo deseen puedan abandonar los estudios y dejen de boicotear las clases. La Ministra, sin embargo, espera que las cifras del fracaso escolar inviertan su tendencia en lo sucesivo, ya que hasta los años noventa no comenzó a aplicarse la educación obligatoria hasta los 16 años y piensa que la LOE revertirá el atraso español en materia educativa.

ANPE parece ir, no obstante, por otros derroteros. Ha lanzado una campaña para exigir que se considere a los profesores una Autoridad Pública en el ejercicio de su función, se respete la libertad de cátedra y se reconozca la “dignidad” de la tarea del profesor. Además exigen la modificación de la Ley del Menor, para que contemple una “orden de alejamiento” en caso de agresión. En estos momentos la única sanción que existe para un menor es la expulsión del centro. Y eso después de mucho discutir con los padres del niño.

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