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Ante la crisis, ¿más educación?

Más gasto en Educación, sí, pero un mayor esfuerzo político. En eso podría resumirse el Informe que ha sacado esta semana el Consejo Escolar del Estado sobre la situación del sistema educativo referente al curso 2006-2007. “La educación es la mejor inversión de futuro en época de crisis”, afirma la Presidenta del Consejo, Carmen Maestre. A pesar de la difícil coyuntura económica, pide que la sociedad tome conciencia de la situación educativa, definiendo los objetivos de la urgencia de aumentar el gasto público: “dar estabilidad y eficacia al sistema educativo”. Así, materializa varias cuestiones en las que considera fundamental el apoyo de la Administración:

Educación infantil. Las distintas regulaciones del Primer Ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) “podrían conducir al deterioro de su carácter educativo”. Por tanto, demandan a las Administraciones la vinculación entre el primer y segundo ciclo y la garantía de “unos requisitos comunes de calidad”.

Competencia lectora e idiomas. Recuerda el Informe PISA, en el que se advertía de las dificultades de los adolescentes españoles para “analizar, relacionar e inferir” el contenido de los textos que se han leído. Propone al Ministerio de Educación que evalúe sistemáticamente la competencia lectora de los estudiantes. Sobre los idiomas, aún van más lejos: “Es preciso habilitar medidas que promuevan el aprendizaje de los idiomas desde edades tempranas, ampliar la dotación de becas en países extranjeros, extender las experiencias de currículos bilingües y, muy especialmente, garantizar la formación inicial y permanente del profesorado en el dominio de idiomas”.

Fracaso escolar. Que se dé un certificado a los alumnos que han estudiado la secundaria mientras tenían la edad aunque no hayan conseguido el graduado escolar, para que cuando salgan al mercado laboral no se encuentren “sin ninguna certificación”, facilitando la oferta a Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

Más oferta y flexibilidad en la educación posobligatoria. Proponen flexibilizar los cursos de Bachillerato para que los alumnos menores de 20 años que se hallen trabajando puedan sacar adelante sus estudios. Además quieren que se aumente la oferta de los Centros de Segunda Oportunidad para facilitar a los mayores de edad la posibilidad de obtener el título.

Integración escolar. Evitar la masificación de los inmigrantes en determinados centros, dotando a los centros de recursos humanos y materiales suficientes.

Convivencia. Las Administraciones no deben limitarse a reducir los conflictos escolares, sino “inculcar principios y hábitos” de convivencia y responsabilidad en los alumnos.

Con esto, el Consejo Escolar Estatal da un repaso a las principales problemas del sistema educativo que, durante ocho meses, La asignatura pendiente ha analizado para sus lectores. Además elabora unas propuestas que las diferentes Administraciones deberían considerar, al menos en los problemas que subraya, si verdaderamente tienen los ojos abiertos ante la situación educativa y no se han desligado completamente de los intereses de los ciudadanos.

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El Supremo derriba el “curso puente”

Como se viene diciendo en los últimos días, la sentencia del Tribunal Supremo anula el artículo 14.2 del Real Decreto 1467/07, por el que se establecía que los alumnos de Bachillerato pudieran elegir entre repetir las tres o cuatro materias suspendidas de primero más algunas de bachillerato o repetir todo el curso. La decisión ha levantado polémica y ha permitido dilucidar una vez más la disparidad de posturas en lo referente a esta cuestión. Mientras que la asociación de padres CEAPA o el sindicato FETE-UGT han lamentado la decisión, pues consideraban que agilizaría el Bachillerato y reduciría el fracaso escolar, otras organizaciones como el sindicato ANPE, la asociación católica CONCAPA o la patronal de centros privados se han mostrado favorables al fallo.

El Sindicato CSI-F ha aplaudido la decisión del Supremo porque ese “curso puente” entre primero y segundo de Bachillerato tendría difícil aplicación y ha defendido una vez más, como venía haciendo desde que se aprobó la LOE, la instauración de un Bachillerato de tres años de duración.

La sentencia del Supremo tiene varias interpretaciones. Algunos, como Mercedes Gallego, consideran que la pretensión del Ministerio de Educación era “maquillar los malos resultados que obtienen los estudiantes españoles en las pruebas internacionales. Mercedes Cabrera, por su parte, ha defendido el decreto alegando que lo que pretende es equiparar a los alumnos de Formación Profesional y Bachillerato, así como aproximarlos a lo que se encontrarán en la universidad. En cualquier caso, el Gobierno tendrá que buscar una nueva fórmula para cumplir sus propósitos.

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