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Y el rumano, que no falte

En los últimos días, el conseller Alejandro Font de Mora se trasladó a Madrid para reunirse con el nuevo ministro Ángel Gabilondo para presentarle las demandas de la Generalitat: algún tipo de concertación en enseñanza infantil y fondos de compensación estatal para combatir el fracaso escolar. A su regreso, sin embargo, la cuestión de los idiomas ha vuelto a suscitar su preocupación por otra lengua, el rumano, que no se haya lo suficientemente protegida. El gasto de las clases de rumano, que se realizará en horas extaescolares en los centros públicos, correrá a cargo de las organizaciones de rumanos o de la Embajada, y sólo se impartirá si existe un interés mayoritario. El objetivo de favorecer la enseñanza de la lengua y la cultura rumanas es que los rumanos que tengan que regresar a su país debido a la crisis “no pierdan el contacto con sus orígenes”.

Su gestión sigue siendo cuestionada desde que el pasado 28 de abril se celebrara una huelga educativa marcada por la polémica entre sindicatos y asociaciones de padres de distinta sensibilidad. Pero ahora quien más ha llamado la atención de los huelguistas es el alcalde de Xátiva, Alfonso Rus (PP), que tal como han recogido varios periódicos, exclamó en un mitin: “A esos que querían ponernos la cabeza boca abajo, no vamos a darles el gusto. ¡Vamos a rematarlos, vamos a rematarlos”. Y más tarde: “”No sé si será bueno o malo, pero dije que esos son gilipollas y me quedé a gusto con esos sinvergüenzas”. A estas declaraciones siguieron las palabras del concejal socialista de Xátiva, Rafael Llorens: “Tengo un recado de mi mujer: eres un gilipollas”. En la web de la Plataforma, los insultos continúan. Todo un alarde de educación que demuestra la absoluta pérdida de las formas a todos los niveles.

Mientras se intercambian insultos en la Comunitat, el ministro Ángel Gabilondo busca un pacto educativo con las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales. Un pacto en el que el PP trata de anteponer la libertad de enseñanza a cuestiones como Educación para la Ciudadanía, pero ha dejado claro que no se conformará con una simple foto. Fotos faltarán para arreglar la fisonomía de un panorama educativo que está haciendo aguas y no tiene visos de inmediata recuperación. El Presidente del Gobierno, que afirmó que no habría recortes sociales por la crisis, reducirá los gastos del Ministerio de Educación y Política Social en 105 millones de euros.

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Baile de cifras

Acabada la huelga educativa, llega siempre el baile de las cifras y el rifirrafe de las reacciones. A la Conselleria de Educación fijó la participación en un “escaso 20% de los profesores”, mientras que la Plataforma por la Enseñanza Pública señaló que el 70% de los docentes se sumaron al paro educativo. Una amplísima diferencia de apreciaciones técnicas que representaría el abismo que en estos momentos media entre los sindicatos y la Generalitat. Luego, en el capítulo de las reacciones, las espadas se mantuvieron en alta y si la Plataforma anuncia paros y encierros señalados cada semana, el gobierno valenciano invita a los sindicatos a que abandonen sus reivindicaciones.

La huelga vino acompañada de tres manifestaciones en Valencia, Alicante y Castellón, a las que acudieron profesores, alumnos, padres y madres que reclamaban un cambio en la política educativa del Gobierno valenciano y la dimisión de Font de Mora. Estaba previsto que ese mismo día compareciese la Secretaria Autonómica de Educación en la Comisión de Educación y Cultura de las Cortes para explicar las negociaciones con la mesa sectorial. Pero al llenarse la sala con los miembros de la Plataforma, que fueron invitados por la portavoz de la agrupación de diputados no adscritos, Glòria Marcos (ex Coordinadora General de la Esquerra), la presidenta de la Comisión, María Soledad Llinares, decidió suspender la sesión por “la falta de espacio” para albergar a tantas personas.

El PP estudia además trasladar el incidente a la Fiscalía General del Estado por si constituyera motivo de delito, ya que entiende que “interrumpieron el desarrollo normal de una comisión”. Alejandro Font de Mora, por su parte, intenta evidenciar que ha salido fortalecido de la huelga y que se ha demostrado la “politización” de la misma. La Plataforma, por su parte, no ceja en sus esfuerzos para hacer realidad sus reivindicaciones, si bien nunca se sabrá qué habría pasado si se hubiese celebrado la huelga cuando se había previsto, justo después de que se concediese una moratoria a la Citizenship y los manifestantes se hayan mucho más unidos.

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La huelga amarilla se calienta

Ramón López, presidente de la FAPA Gabriel Miró, de Alicante, declara en una entrevista para Información sobre la huelga de este martes: “No se pueden usar las cuerdas para empujar sino para tirar y parece que algunos, no todos, usen la huelga como lanzadera para otros objetivos mientras nuestro único interés son nuestros hijos”. El colectivo de padres, que ha decidido desvincularse del paro organizado por la Plataforma por la Enseñanza Pública, reconoce tener objetivos similares, pero marca distancias. “Trece puntos no aseguran la calidad del sistema educativo para nada”, sentencia.

En la misma línea, los inspectores educativos han criticado que la huelga sustituye “la normalidad democrática por la presión para hacer realidad determinadas tesis políticas”. También los sindicatos ANPE, CSIF y USO se desvinculan del paro educativo y denuncian la “politización” de la Plataforma por la Enseñanza Pública, integrada por las asociaciones de padres como por los sindicatos UGT, CCOO y STEPV-iV, que en la última ha semana han organizado varios actos para caldear el ambiente. Y no se trata de una expresión gratuita, pues más de trescientas personas convocadas por la Plataforma celebraron un “acto de fe” en el que quemaron en una hoguera cartones y ninots de los personajes públicos que a su juicio son responsables del desastre educativo y lanzaron proclamas en inglés, chino y castellano contra el conseller Alejandro Font de Mora. Muchos de ellos llevaban algún distintivo amarillo, color de la Plataforma.

La Plataforma por la Enseñanza Pública, sin embargo, se desvincula de las acusaciones que se vierten sobre ella. También en una entrevista para Información, declara el portavoz de la Plataforma, Ismael Vicedo: “Los que intentan politizar la huelga son esos sindicatos que quieren desacreditarnos y desmovilizar al profesorado. Les preguntaría si ven bien la política educativa en la Comunidad”. Sobre la FAPA Gabriel Miró, la Plataforma confía en que se produzca un acercamiento antes de julio, aunque no se haya unido a la huelga. Ismael Vicedo espera que sea un éxito y que ante la presión de los sindicatos la Conselleria “tenga que mover pieza al día siguiente”.

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La huelga se mantiene

El Conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, no cree conveniente tomar todas las medidas que le exige la Plataforma por la Enseñanza Pública a menos que desconvoque la huelga. Eso es, en definitiva, lo que ha considerado el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, en un documento definitivo que ha presentado poco antes de las vacaciones de Semana Santa. La Plataforma por la Enseñanza Pública le ha respondido que eso es un “brutal chantaje” y que se mantiene la huelga para el día 28 de abril.

En el documento, la Conselleria se compromete a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad sobre la orden para impartir Ciudadanía, el mantenimiento de las comisiones de escolarización todo el año para las nuevas incorporaciones que se produzcan a lo largo del curso, apoyar la autonomía de los centros para el diseño de programas de las lenguas cooficiales y un plan específico para abordar las exigencias del modelo plurilingüe, que se traduciría en más formación para los profesores.

Entretanto, la Conselleria ha informado de que el próximo curso se aumentarán las becas en un 20% para los estudiantes y se repartirán entre el bono infantil, bono-libro, las becas para adquisición de libros de texto y las subvenciones para comedor y transporte escolar, de manera que las ayudas ascenderían hasta 151,3 millones de euros. Esta medida se produce después de que la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) llevase a los tribunales al Consell porque a su juicio discriminarían a los alumnos matriculados en centros concertados al no asumir el coste de comedor y transporte escolar.

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Alicante, la segunda en fracaso

Los datos de fracaso escolar por provincias entre 2002 y 2006, que publicaba esta semana la revista Magisterio, dejan a Alicante en una situación delicada. Ésta sería la segunda provincia de España, sólo por detrás de Ceuta, con mayor porcentaje de abandono (44%). En Castellón y Valencia el escenario tampoco sería el idóneo para lanzar cohetes, pues se hallarían respectivamente en 38,8% y 36,5%. Además, en las tres provincias de la Comunidad ha mantenido una tendencia creciente en los años mencionados, si bien entre 2003 y 2004 el porcentaje de fracaso se mantenía o avanzaba de forma más lenta.

Estos datos pondrían de manifiesto el fracaso escolar durante un período en el que todavía estaba la LOGSE en vigor. El conseller de Educación, por su parte, se habría presentado con sus propios datos, que cifraba el fracaso en un 31,8% y habría achacado el fracaso a la nueva ley de educación impulsada por el Gobierno socialista. Lo cierto es que al menos 10 provincias de la zona sur de España y los archipiélagos se encontrarían en una situación parecida a la de las provincias valencianas, mientras que en 2006 el fracaso se habría extendido también al noreste peninsular, con un aumento considerable en Huesca, Teruel o Lérida.

Ante estos datos, la Plataforma por la Enseñanza Pública, la oposición en Las Cortes y la FAPA han aprovechado para criticar una vez más la gestión de Font de Mora y Francisco Camps. Tras la esperada ruptura de las negociaciones con la Mesa sectorial, la Plataforma por la Pública mantiene la huelga general para el 28 de abril.

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Chino mandarín

Ya dijo Rajoy que los idiomas importantes en la sociedad moderna son el inglés y el chino y en la Comunidad Valenciana se lo han tomado al pie de la letra. Alejandro Font de Mora se ha propuesto ahora introducir clases de chino mandarín para el curso 2010/2011 en la ESO y Bachillerato. La asignatura sería optativa y se incluiría de manera gradual. Después de la polémica de Ciudadanía, la oposición y los sindicatos consideran que esta propuesta supone una burla más.

El conseller alabó las posibilidades que ofrece el conocimiento del chino mandarín, la lengua más hablada del mundo y el idioma más utilizado de una de las potencias emergente con más calado en la actividad económica. De hecho, en Reino Unido ya se ha planteado la necesidad de incluir el chino en el programa educativo y Font de Mora no quiere menos para Valencia. En ABC tratan de calmar las críticas informando de que en el Grupo Lale-Elians se imparte el chino desde hace años. Los colegios de este grupo, para más señas, son centros privados, de orientación católica y no tienen ningún problema con el inglés porque pertenecen a la Asociación de Colegios Privados Británicos de España y su profesorado es británico.

Quien sí tiene problemas con el inglés, o eso dicen los sindicatos, son los centros que se han opuesto a la enseñanza de EpC en esta lengua y consideran que habrá que esperar a que se consolide el bilingüismo y el inglés antes de liarse con el chino. A la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública le ha molestado que Font de Mora no comunicara lo del chino mandarín en la mesa de negociación. El diputado del PSPV, Ángel Luna, va más allá: “Font de Mora está empezando a perder la cabeza”.

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El valenciano, ¿estancado?

Un 15% de los estudiantes alicantinos reciben las clases en valenciano. La situación de la lengua autóctona resulta, al cabo, la misma que la del curso pasado. Cambia ligeramente, sin embargo, pues un colegio y un instituto más se han sumado a impartir la enseñanza en valenciano. A pesar de los diferentes programas de la Conselleria de Educación, un 20% de los alumnos de primaria recibe la enseñanza en valenciano, mientras que en secundaria sólo alcanza hasta el 10%. La provincia de Valencia, por otra parte, persiste un 27% de alumnos escolarizados en la lengua del Tirant.

La situación en Castellón es completamente la contraria, pues el 56% de los alumnos reciben la enseñanza en valenciano. A pesar de estos datos, un grupo de sociolingüistas y filólogos de la Societat Catalana de Sociolingüística alerta de que la lengua valenciana se encuentra en retroceso en Castellón, donde dos de cada tres valencianoparlantes se expresarían normalmente en la lengua común, al tiempo que mejorarían las habilidades escritas.

Con todo, la Plataforma por la Enseñanza Pública sigue exigiendo la reforma de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que consideran se ha aplicado al mínimo, “impidiendo a los ciudadanos ejercer sus derechos”. Por otra parte, la Fundación Unidad + Diversidad se opone a que los padres no puedan elegir si quieren para sus hijos una educación en valenciano, ya que sería la Administración quien decidiría qué tipo de programas deben darse en cada área, como refleja el art. 35 de La Ley de Uso.

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