Ante la crisis, ¿más educación?

Más gasto en Educación, sí, pero un mayor esfuerzo político. En eso podría resumirse el Informe que ha sacado esta semana el Consejo Escolar del Estado sobre la situación del sistema educativo referente al curso 2006-2007. «La educación es la mejor inversión de futuro en época de crisis», afirma la Presidenta del Consejo, Carmen Maestre. A pesar de la difícil coyuntura económica, pide que la sociedad tome conciencia de la situación educativa, definiendo los objetivos de la urgencia de aumentar el gasto público: «dar estabilidad y eficacia al sistema educativo». Así, materializa varias cuestiones en las que considera fundamental el apoyo de la Administración:

Educación infantil. Las distintas regulaciones del Primer Ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) «podrían conducir al deterioro de su carácter educativo». Por tanto, demandan a las Administraciones la vinculación entre el primer y segundo ciclo y la garantía de «unos requisitos comunes de calidad».

Competencia lectora e idiomas. Recuerda el Informe PISA, en el que se advertía de las dificultades de los adolescentes españoles para «analizar, relacionar e inferir» el contenido de los textos que se han leído. Propone al Ministerio de Educación que evalúe sistemáticamente la competencia lectora de los estudiantes. Sobre los idiomas, aún van más lejos: «Es preciso habilitar medidas que promuevan el aprendizaje de los idiomas desde edades tempranas, ampliar la dotación de becas en países extranjeros, extender las experiencias de currículos bilingües y, muy especialmente, garantizar la formación inicial y permanente del profesorado en el dominio de idiomas».

Fracaso escolar. Que se dé un certificado a los alumnos que han estudiado la secundaria mientras tenían la edad aunque no hayan conseguido el graduado escolar, para que cuando salgan al mercado laboral no se encuentren «sin ninguna certificación», facilitando la oferta a Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

Más oferta y flexibilidad en la educación posobligatoria. Proponen flexibilizar los cursos de Bachillerato para que los alumnos menores de 20 años que se hallen trabajando puedan sacar adelante sus estudios. Además quieren que se aumente la oferta de los Centros de Segunda Oportunidad para facilitar a los mayores de edad la posibilidad de obtener el título.

Integración escolar. Evitar la masificación de los inmigrantes en determinados centros, dotando a los centros de recursos humanos y materiales suficientes.

Convivencia. Las Administraciones no deben limitarse a reducir los conflictos escolares, sino «inculcar principios y hábitos» de convivencia y responsabilidad en los alumnos.

Con esto, el Consejo Escolar Estatal da un repaso a las principales problemas del sistema educativo que, durante ocho meses, La asignatura pendiente ha analizado para sus lectores. Además elabora unas propuestas que las diferentes Administraciones deberían considerar, al menos en los problemas que subraya, si verdaderamente tienen los ojos abiertos ante la situación educativa y no se han desligado completamente de los intereses de los ciudadanos.

Dedocracia en el Ministerio de Educación

Los estudiantes ya sabían que con la Ministra Mercedes Cabrera la cosa no marchaba bien. La Unión Democrática de Estudiantes decidió llevar ante la Justicia al Ministerio de Educación por haber nombrado «a dedo» a dos representantes estudiantiles de la Comisión Permanente del Observatorio de la Convivencia. Ahora la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado los nombramientos por considerar que considerar que se oponían al Real Decreto 278/2007 en el que se establecía que los miembros de la Comisión debían ser elegidos por y entre las asociaciones estudiantiles.

El Observatorio Estatal para la Convivencia, es un organismo que venía recomendado por la Unión Europea y fue creado por el Gobierno de Zapatero en 2007. De él forman parte el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Instituto de la Juventud, la delegación del Gobierno sobre el plan nacional sobre drogas, los Defensores del Pueblo nacional y autonómicos, las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los sindicatos docentes, padres y madres y los propios alumnos.

La entonces Ministra Mercedes Cabrera emitió una resolución en la que adjudicaba los cargos de vocales al Sindicato de Estudiantes y la organización CANAE, por considerarlos «de mayor representatividad». La Unión Democrática de Estudiantes, que se define como «liberal-conservadora», habría quedado excluida. La cuestión es que antes de que se concedieran las vocalías, tres de las cuatro principales asociaciones estudiantiles -el Sindicato de Estudiantes se opuso- acordaron que los cargos de las vocalías serían rotatorios. Como no había unanimidad, la entonces Ministra se arrogó el derecho a elegir a quien quisiese.

La utilidad real del Observatorio está cuestionada desde muchos sectores, en los que se considera una institución más de carácter consultivo que, en el fondo, no vendría a ser más que una extensión más del Ministerio y no un órgano representativo de los estudiantes en asuntos de convivencia. Como señalan en el diario El Mundo, hay tortas y puñetazos para el reparto de la tarta, ya que cada representante estudiantil cobra 150 euros. El Ministerio, sin embargo, define sus funciones de este modo: «disponer de información actualizada que permita conocer la situación y evolución de los centros y proponer estrategias para corregir situaciones contrarias a la convivencia». Sean las asociaciones estudiantiles verdaderos órganos representativos o no, de lo que no hay duda es de que si están nombrados «a dedo» difícilmente pueden ser democráticos.