Chino mandarín

Ya dijo Rajoy que los idiomas importantes en la sociedad moderna son el inglés y el chino y en la Comunidad Valenciana se lo han tomado al pie de la letra. Alejandro Font de Mora se ha propuesto ahora introducir clases de chino mandarín para el curso 2010/2011 en la ESO y Bachillerato. La asignatura sería optativa y se incluiría de manera gradual. Después de la polémica de Ciudadanía, la oposición y los sindicatos consideran que esta propuesta supone una burla más.

El conseller alabó las posibilidades que ofrece el conocimiento del chino mandarín, la lengua más hablada del mundo y el idioma más utilizado de una de las potencias emergente con más calado en la actividad económica. De hecho, en Reino Unido ya se ha planteado la necesidad de incluir el chino en el programa educativo y Font de Mora no quiere menos para Valencia. En ABC tratan de calmar las críticas informando de que en el Grupo Lale-Elians se imparte el chino desde hace años. Los colegios de este grupo, para más señas, son centros privados, de orientación católica y no tienen ningún problema con el inglés porque pertenecen a la Asociación de Colegios Privados Británicos de España y su profesorado es británico.

Quien sí tiene problemas con el inglés, o eso dicen los sindicatos, son los centros que se han opuesto a la enseñanza de EpC en esta lengua y consideran que habrá que esperar a que se consolide el bilingüismo y el inglés antes de liarse con el chino. A la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública le ha molestado que Font de Mora no comunicara lo del chino mandarín en la mesa de negociación. El diputado del PSPV, Ángel Luna, va más allá: “Font de Mora está empezando a perder la cabeza”.

El valenciano, ¿estancado?

Un 15% de los estudiantes alicantinos reciben las clases en valenciano. La situación de la lengua autóctona resulta, al cabo, la misma que la del curso pasado. Cambia ligeramente, sin embargo, pues un colegio y un instituto más se han sumado a impartir la enseñanza en valenciano. A pesar de los diferentes programas de la Conselleria de Educación, un 20% de los alumnos de primaria recibe la enseñanza en valenciano, mientras que en secundaria sólo alcanza hasta el 10%. La provincia de Valencia, por otra parte, persiste un 27% de alumnos escolarizados en la lengua del Tirant.

La situación en Castellón es completamente la contraria, pues el 56% de los alumnos reciben la enseñanza en valenciano. A pesar de estos datos, un grupo de sociolingüistas y filólogos de la Societat Catalana de Sociolingüística alerta de que la lengua valenciana se encuentra en retroceso en Castellón, donde dos de cada tres valencianoparlantes se expresarían normalmente en la lengua común, al tiempo que mejorarían las habilidades escritas.

Con todo, la Plataforma por la Enseñanza Pública sigue exigiendo la reforma de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, que consideran se ha aplicado al mínimo, “impidiendo a los ciudadanos ejercer sus derechos”. Por otra parte, la Fundación Unidad + Diversidad se opone a que los padres no puedan elegir si quieren para sus hijos una educación en valenciano, ya que sería la Administración quien decidiría qué tipo de programas deben darse en cada área, como refleja el art. 35 de La Ley de Uso.

Polémica del agua caliente

Todo el que haya pasado por un instituto habrá sido testigo, al menos una vez, del enfrentamiento entre algún profesor y la Dirección. Eso es lo que lleva pasando desde el pasado mes de diciembre en el IES Joanot Martorell de Elche, donde se ha abierto expediente a un profesor de Educación Física, José Ramón Navarro, por quejarse al conserje, al parecer en tono airado, de que los estudiantes tuvieran que ducharse con agua fría. El profesor se disculpó, pero ahora ha recibido una denuncia y los afectados consideran que la cosa va mucho más allá del rifirrafe de gimnasia.

La Plataforma por la Defensa de la Enseñanza Pública, que espera de un momento a otro la ruptura de las negociaciones con Alejandro Font de Mora, ha convocado una concentración para el lunes 23 de febrero a las 13:00 delante del colegio Joanot Martorell para apoyar al profesor expedientado definitivamente con 20 días de suspensión de empleo y sueldo, después de que se llegara a hablar de apartarle durante dos años de la enseñanza en este centro.

Desde que se desconvocara la huelga educativa para entablar negociaciones con la Conselleria de Educación hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo sobre los 13 puntos acerca del Manifiesto de la Plataforma. Con la ayuda de los sindicatos CC OO, UGT y STEPV, estudian convocar nuevas movilizaciones. Y todo indica que esta vez va en serio.

Otro centro con grietas

Si hace no mucho se recordaba el caso del colegio Gual Villalbí de Denia, hoy surge un nuevo testimonio del mal estado de los centros: el colegio Manjón Cervantes, de Alicante. Las grietas del edificio habían obligado a trasladar varias clases al comedor e instalar aseos provisionales porque estos corrían riesgo de derrumbe. Este mismo fin de semana los operarios han colocado los nuevos aseos.

Además resulta que las grietas llevaban ahí desde hace ocho años, cosa que la concejal de Educación, María del Carmen Román, desconocía. Para la seguridad de los alumnos y el correcto desarrollo de las calles, se apuntalaron las paredes de las salas afectadas y se realizó un informe técnico que estará listo para la semana que viene. Algunos padres, no obstante, optaron por no llevar a sus hijos al colegio y abogaron por la protesta.

Entretanto, la pugna política se desata en el consistorio. Los socialistas pidieron la dimisión de la concejal de Educación, María del Carmen Román, y acusaron tanto a ésta como a la alcaldesa Sonia Castedo de culpar de los problemas a la oposición y a la dirección del centro. La concejal, por su parte, asegura que velará por la seguridad de los alumnos y que, en función de lo que se extraiga del informe técnico, estudiarán trasladar a los alumnos al colegio Antonio Ramos.

La discordia continúa

El movimiento en contra de Educación para la Ciudadanía, lejos de haberse apagado, continúa. De hecho, siguen produciéndose sentencias favorables a los objetores, como la reciente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que por el enfoque de los recursos presentados (“contra el currículo y los criterios de evaluación de la asignatura”) ha desembocado favorablemente para los objetores, si bien el Tribunal Supremo podría anularlas próximamente.

Y si entre los objetores no se aprecian signos de derrota, tampoco entre los defensores de la asignatura de marras han bajado las espadas. El presidente de Andalucía, Manuel Chaves, sigue advirtiendo contra el “absentismo” a la clase de EpC, la Ministra Mercedes Cabrera hace lo propio. Pero además de los apoyos de las altas esferas, destacan por ahí -concretamente en El Plural– la campaña de la Federación Andaluza de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, “Colegas”, bajo el lema “¿Educación para la Ciudadanía? Sí, gracias”, que se traduciría en charlas, talleres y carteles informativos para combatir el “acoso homofóbico” en las escuelas.

Entretanto, 127 nuevas familias han objetado en la Comunidad Valenciana y se ha convocado para el próximo 28 de marzo el I Encuentro de Objetores a Educación para la Ciudadanía de la provincia de Valencia, un acto semejante al que se celebrará en Madrid el 28 de este mes. Si algunos se han echado para atrás, otros se consideran vencedores, ya que como declaraba el Consejero de Educación, Font de Mora, todavía puede ser que el Tribunal Supremo “cambie el sentido del fallo y prohíba Educación para la Ciudadanía”.

¿Qué hará el Gobierno frente a Bolonia?

La política es una cuestión de gestos y eso los estudiantes que se manifestaron contra el Proceso de Bolonia lo entienden. Porque ahora se ha plasmado sobre el papel una vieja reivindicación de los estudiantes universitarios, que es la creación de un Consejo de Estudiantes Estatal. Este órgano, que aparecería en el artículo 27 del recientemente presentado borrador del Estatuto del Estudiante, se compondría de dos estudiantes por universidad –tanto privadas como públicas- y miembros de las distintas asociaciones y actuaría como un órgano representante de los alumnos ante el Ministerio de Educación. Vamos, que les han ofrecido un cargo en el Gobierno.

Eso es lo que han entendido, al menos, las diversas asociaciones y sindicatos estudiantiles, desde el Sindicato de Estudiantes hasta la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, que han criticado duramente la propuesta del Ministerio, considerándola en algunos casos de antidemocrática y, en otros más comedidos, de difícil adaptación. La Federación de Asociaciones Progresistas, por otro lado, confía en que el Consejo de Estudiantes funcione de modo semejante a los ya existentes Consejo Universitario y Conferencia de Política Universitaria, con suficientes garantías de independencia. En cualquier caso, la polémica está servida.

Todo este embrollo viene a cuento, esta vez, de la respuesta del Gobierno a los opositores al Espacio Europeo de Educación Superior. Aunque el proyecto no sólo va dirigido a los estudiantes, sino a las demandas de los rectores, en el Plan de Acción 2009 se promete aumentar el número de becas para grado y master, destinar más capital a infraestructuras y adaptación de los títulos, fortalecer los proyectos de Ciencias sociales y Humanidades y, curiosamente, una “estrategia de comunicación” sobre el llamado Plan Bolonia. Queda saber si podrán formar a esos alumnos “razonables” y “con sentido de la justicia”, de los que habla el Estatuto del Estudiante en su capítulo de “Deberes del Estudiante” y tanto han llamado la atención de El País.

Buscad y hallaréis

Seguramente a más de uno le hayan sorprendido los datos que ha lanzado hace poco el Observatorio para la Convivencia Escolar. El número de casos reflejados en el Registro Central habría aumentado el año pasado en los centros valencianos en un 79% con respecto a 2007, debido a la entrada en vigor de una normativa por la que se obligaría a los centros a comunicar las incidencias. Todos parecen estar de acuerdo en que es una cuestión de números. Ahora hay más denuncias –el 30% de los centros dan parte de los casos al Registro central, una cifra pequeña para Font de Mora–, pero sigue siendo un problema minoritario.

La mayoría de los casos suceden entre alumnos de 11 y 16 años y de ella participan al menos tres sujetos: acosador, acosado y espectador. Los acosadores tienen sus propios condicionamientos: pueden haber sufrido violencia doméstica o son alumnos poco aventajados en clase y necesitan ejercer su dominio sobre alguien de características particulares. Los acosados suelen sufrir problemas de autoestima, vuelven a casa con heridas y magulladuras, no desean asistir a clase, manifiestan reacciones violentas y en los casos más trágicos se suicidan. El espectador, aparte de no denunciar el caso, puede volverse insensible a la violencia. Aunque estos son los elementos característicos que definen una situación de acoso, tampoco conviene precipitarse. Sólo cuando se prolongan en el tiempo puede hablarse de maltrato.

Aun siendo un problema minoritario, los políticos siguen pensando que la mejor forma de solucionarlo es lanzar campañas de concienciación, para enseñar a los padres y profesores a detectar si sus hijos están siendo maltratados y educar en valores a los alumnos de estas edades. Tal vez no consiguen solventarlo a corto plazo, pero de lo que no existe duda es de que cuanta más información se ofrezca más casos se conocerán.

¿Competencia?

Con el barullo de la EpC, casi ha quedado solapada la proposición de reforma de la LOE que presentó el PP el pasado martes en el Congreso. El objeto de esta reforma del sistema educativo consistiría, sencillamente, en garantizar el derecho a la enseñanza en castellano en todas las comunidades autónomas, también las bilingües. El Gobierno, a través de su mayoría parlamentaria en el Congreso, no parece dispuesto a emprender reforma alguna.

La raíz de la polémica lingüística procede de la llamada “normalización” que se practica en Cataluña y que obligaría a los alumnos a estudiar los primeros años del colegio íntegramente en catalán, salvo tres horas semanales de castellano. La Ministra de Educación, Mercedes Cabrera, ha defendido que se imparta la “tercera hora semanal” de castellano, un decreto que impuso el Gobierno la pasada legislatura y que ha sido avalado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, después de que se denunciara que la Generalitat lo incumplía.

Desde el Gobierno se incide en que esta proposición de Ley del PP obedece a razones electoralistas, ante la inminencia de las elecciones gallegas y vascas, en las que UPyD le habría arrebatado la voz cantante en lo referente a la política lingüística y la oposición al nacionalismo, como ya sucediera en Cataluña y Baleares en el caso de Ciutadans. En cualquier caso, el PP reivindica que la cuestión lingüística ya formaba parte de su programa electoral en 2008.