La discordia continúa

El movimiento en contra de Educación para la Ciudadanía, lejos de haberse apagado, continúa. De hecho, siguen produciéndose sentencias favorables a los objetores, como la reciente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que por el enfoque de los recursos presentados (“contra el currículo y los criterios de evaluación de la asignatura”) ha desembocado favorablemente para los objetores, si bien el Tribunal Supremo podría anularlas próximamente.

Y si entre los objetores no se aprecian signos de derrota, tampoco entre los defensores de la asignatura de marras han bajado las espadas. El presidente de Andalucía, Manuel Chaves, sigue advirtiendo contra el “absentismo” a la clase de EpC, la Ministra Mercedes Cabrera hace lo propio. Pero además de los apoyos de las altas esferas, destacan por ahí -concretamente en El Plural– la campaña de la Federación Andaluza de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, “Colegas”, bajo el lema “¿Educación para la Ciudadanía? Sí, gracias”, que se traduciría en charlas, talleres y carteles informativos para combatir el “acoso homofóbico” en las escuelas.

Entretanto, 127 nuevas familias han objetado en la Comunidad Valenciana y se ha convocado para el próximo 28 de marzo el I Encuentro de Objetores a Educación para la Ciudadanía de la provincia de Valencia, un acto semejante al que se celebrará en Madrid el 28 de este mes. Si algunos se han echado para atrás, otros se consideran vencedores, ya que como declaraba el Consejero de Educación, Font de Mora, todavía puede ser que el Tribunal Supremo “cambie el sentido del fallo y prohíba Educación para la Ciudadanía”.

Un nuevo frente

La decisión del Tribunal Supremo ha saltado de pronto a los titulares de todos los medios. No se podrá objetar a Educación para la Ciudadanía. Lo que significa que la polémica asignatura no atenta, en sí misma, contra el derecho fundamental de los padres de elegir la formación moral y religiosa para sus hijos y que, por tanto, no podrá ejercerse la objeción de conciencia para este caso. Y, sin embargo, recalca que su actuación debe limitarse a la transmisión de principios y valores constitucionales.

El Alto Tribunal se ha limitado a referirse a los cuatro recursos que se le habían presentado contra tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en contra de la objeción, y uno del Tribunal Superior de Justicia Andaluz, a favor. No ha hecho un análisis pormenorizado de la asignatura, sino que se ha limitado a decir si puede objetarse o no a esta materia regulada por ley. Todavía quedan unos 2000 recursos presentados sobre los que tendrá que seguir pronunciándose en los próximos meses.

El Supremo deja, sin embargo, varias puertas abiertas: los contenidos de los libros de texto, los programas de la asignatura y la legalidad de los decretos, que sí podrían impugnarse ante los tribunales. En cualquier caso, siempre restaría la opción de recurrir la sentencia del Supremo –cuyo texto se conocerá en un mes- al Tribunal Constitucional y, en última instancia, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los padres parecen relativamente satisfechos. No digamos ya la Ministra de Educación.

A la espera del Supremo

Se acerca el día y la cosa está que arde. Los objetores están a la espera de que el Supremo dicte una sentencia sobre los recursos presentados a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Pero no sólo son ellos los que aguardan con expectación. La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha remitido una carta al Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, para invitarle a que se pronuncie por encima de “intereses particulares” y advertirle del peligro de una sentencia en contra. La Plataforma por una Educación en Libertad, por su parte, ha convocado una concentración mañana sábado a las 17 h. en la plaza de la Montañeta, en Alicante.

El proceso puede ser más largo de lo que parece. De fallar el Alto Tribunal en contra, los objetores podrían acogerse aún al Tribunal Constitucional, y en última instancia, al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En cualquier caso, siempre pedirían la “suspensión cautelar” que permita a los alumnos no acudir a clase, ya que como se ha denunciado en algunos centros la dirección les presionaba a los hijos de los objetores a asistir a clase de Ciudadanía.

Desde que saltó a la palestra, la asignatura no ha dejado de despertar polémica. Numerosos intelectuales y organismos se han pronunciado a favor o en contra de la asignatura. ¿Pero qué es lo que está en juego en esta sentencia? Como ya ha señalado por ahí algún experto, una sentencia favorable a la objeción permitiría no asistir a la clase de cualquier asignatura que fuera obligatoria. Los de Profesionales por la Ética, sin embargo, insisten en que los contenidos de EpC y Matemáticas no son de la misma naturaleza.

¿Objeción de conciencia?

Ni en inglés, ni en castellano. Hay alumnos que no asisten a Educación para la Ciudadanía, a pesar de lo que haya dicho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Lo ha denunciado la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE-PV) –la cual forma parte de la Plataforma por la Pública–, y además advierte de que este hecho sucede, sobre todo, en los centros concertados.

Lo cierto es que el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado, pero algunos tribunales superiores de justicia ya han avalado la objeción a Ciudadanía, como es el caso de Andalucía. Otras comunidades, como Madrid, dan alternativas como la presentación de trabajos sobre la Constitución y los Derechos Humanos o tareas de voluntariado en los propios centros. Muchas organizaciones han reivindicado la aplicación del derecho a la objeción de conciencia para los padres que lo deseen y han visto que de momento no es tan difícil y de hecho la cifra de objetores supera ya las 50.000 personas. Los objetores se basan en las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por las que el derecho a la “objeción de conciencia” se extiende del servicio militar a cualquier cuestión que pertenezca al “claustro íntimo de creencias”. Numerosos grupos de presión y asociaciones defensoras de la ética que han protagonizado este movimiento explican a los padres cómo pueden objetar a Educación para la Ciudadanía. También la Comunidad de Madrid, a la que Zapatero estudia denunciar.

Ya son muchos los casos de objetores que se han sentido amenazados por el poder central. Desde profesores de centros públicos que ridiculizan a los niños cuyos padres han objetado hasta la publicación de los datos personales de los objetores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, suceso que ha sido denunciado por los padres. ¿Estamos ante una campaña de acoso y derribo por parte de la Consejería de Educación? ¿Es válida la objeción a la EpC o basta con denunciar “casos eventuales de adoctrinamiento”? El asunto sigue acumulando polvo en el Supremo.