¿Objeción de conciencia?

Ni en inglés, ni en castellano. Hay alumnos que no asisten a Educación para la Ciudadanía, a pesar de lo que haya dicho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Lo ha denunciado la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE-PV) –la cual forma parte de la Plataforma por la Pública–, y además advierte de que este hecho sucede, sobre todo, en los centros concertados.

Lo cierto es que el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado, pero algunos tribunales superiores de justicia ya han avalado la objeción a Ciudadanía, como es el caso de Andalucía. Otras comunidades, como Madrid, dan alternativas como la presentación de trabajos sobre la Constitución y los Derechos Humanos o tareas de voluntariado en los propios centros. Muchas organizaciones han reivindicado la aplicación del derecho a la objeción de conciencia para los padres que lo deseen y han visto que de momento no es tan difícil y de hecho la cifra de objetores supera ya las 50.000 personas. Los objetores se basan en las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por las que el derecho a la “objeción de conciencia” se extiende del servicio militar a cualquier cuestión que pertenezca al “claustro íntimo de creencias”. Numerosos grupos de presión y asociaciones defensoras de la ética que han protagonizado este movimiento explican a los padres cómo pueden objetar a Educación para la Ciudadanía. También la Comunidad de Madrid, a la que Zapatero estudia denunciar.

Ya son muchos los casos de objetores que se han sentido amenazados por el poder central. Desde profesores de centros públicos que ridiculizan a los niños cuyos padres han objetado hasta la publicación de los datos personales de los objetores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, suceso que ha sido denunciado por los padres. ¿Estamos ante una campaña de acoso y derribo por parte de la Consejería de Educación? ¿Es válida la objeción a la EpC o basta con denunciar “casos eventuales de adoctrinamiento”? El asunto sigue acumulando polvo en el Supremo.

A vueltas con la religión

Este año ningún alumno suspenderá Religión. Y no porque sea una maría, sino porque desde que empezó a aplicarse la LOE ya no es evaluable y debe impartirse fuera de horas. Pero de lo que no cabe duda es de que el Gobierno de Zapatero se ha ganado un cate muy gordo en esta materia. Y no tanto porque diga defender una educación secular, que al cabo es la funciona en los países avanzados, sino por su modo de entender la ingeniería social, que los profesores han sentido en carne viva. En diversas ciudades de Andalucía han protestado contra la exclusión laboral a la que se están viendo sometidos: reducción de la jornada laboral, recorte de salarios y clases fuera del horario lectivo.

Ya que el Gobierno no ha podido saltarse la Constitución ni los acuerdos con la Santa Sede, en lo que se refiere al derecho de los padres a que sus hijos reciban enseñanza religiosa en los centros públicos, no queda otra que boicotear la asignatura. Y así a nadie le resulta raro que algún que otro colegio reestructure la distribución de los alumnos en las aulas invitando a algunos de los matriculados en religión a que se inscriban en una alternativa. Al fin y al cabo, ¿no es como si la Religión no existiera?

Los gobiernos socialistas siempre han tenido un problema con la asignatura de Religión. Primero la LOGSE consiguió que se facilitara una asignatura alternativa para los padres que quisieran una educación laica para sus hijos. Luego, cuando bajo el segundo gobierno de José María Aznar se aprobó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) –ley que nunca llegó aplicarse-, el dilema con la Iglesia parecía ya resuelto al instituirse una asignatura llamada “Sociedad, cultura y religión”, de carácter obligatorio, que podría estudiarse por vía confesional o aconfesional. Cuando Zapatero llega al poder, se paraliza la LOCE por Real Decreto y en 2006 el Parlamento aprueba la LOE. La asignatura de Religión vive desde entonces tiempos difíciles. O bueno, quizás sólo hasta que el próximo gobierno de turno invente una nueva fórmula que sus sucesores deroguen.