Los idiomas en la balanza

Font de Mora se enfrenta ahora a una denuncia del sindicato STEPV y Acció Cultural del País Valencià por no reconocer el título de Filología Catalana como título acreditativo en las oposiciones docentes para la enseñanza del valenciano. Le acusan de «malversación y desobediencia», ya que existen hasta 15 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que reconocen esta titulación y una del Tribunal Supremo. El PP ha criticado que se denuncie a Font de Mora por «defender las señas de identidad valencianas».

Entretanto, continúa la polémica sobre la situación de las Escuelas Oficiales de Idiomas, en las que se temía se reducirían los recursos así como la enseñanza de las lenguas minoritarias. Font de Mora ha destacado la difícil situación económica que está atravesando la Comunidad, y aunque afirmó que no se va a reducir la oferta formativa, aunque sí «se van a racionalizar los recursos, porque obligan las circunstancias». Por otra parte, ha incidido de manera notable el caso de la Escuela Oficial de Idiomas de Alcoy, donde la situación de interinidad y los enfrentamientos internos entre campsistas y zaplanistas, según alega la parlamentaria del PSPV, Rebeca Soler, dieron lugar a la dimisión en pleno de la Junta Directiva de la Escuela y la discriminación de esta ciudad por parte de la Conselleria. La oposición socialista pedirá la comparecencia de Font de Mora para que aclare por qué aún no se han llevado a cabo los trámites de legalización de la Escuela de Idiomas de Alcoy.

Por otra parte, la Asociación de Profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) han acordado manifestarse el próximo 30 de junio ante la Conselleria de Educación. Los profesores desean manifiestar su desacuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento propuesto por la Conselleria. Entre sus reivindicaciones, hay que señalar la continuidad de escolarización del alumnado en los niveles avanzados en cualquier escuela, la creación de nuevos centros y no de meros aularios y una oferta pública de los niveles C -nivel superior en Idiomas reconocido por la UE- y que actualmente está en manos de la enseñanza privada. Su lema revela el grado de alarma al que se ha llegado: «Salvemos las EOI».

La encuesta picante

Unos alumnos de 4.º de la ESO de un instituto público de Requena reciben una encuesta elaborada por su profesora de Biología para la asignatura optativa «Proyecto». La encuesta acaba corriendo por los cursos inferiores, entre niños de doce años. Uno de los papeles llega a los ojos de un padre, que tras leer el contenido de la encuesta hace llegar una denuncia a la inspección educativa. La dirección del centro, al enterarse del motivo por el que se ha interpuesto la denuncia, pide disculpas y retira la encuesta. La profesora de Biología pide la baja. Pero, ¿qué es lo que preguntaban en aquella polémica encuesta?

Entre otras cosas, “¿por qué los negros la tienen más grande?”, “¿dónde has hecho el amor más veces?”, “¿dónde está el punto G femenino?”, “¿dónde te has masturbado más veces?”, “¿por qué hay hombres que se corren antes que otros?”, “¿de qué nacionalidad son los hombres que aguantan más en la cama?” y así un largo etcétera que ha puesto en guardia a los padres con la dirección del instituto. La directora del centro, Maria Dolores Gómez, es concejala de Educación y la psicóloga del centro, Pilar Pallardó, concejala de Bienestar Social e Igualdad. Pero no van a hacer declaraciones oficiales porque entienden que el asunto “hay que resolverlo en el ámbito educativo”.

Cuenta el diario Levante que “la mayoría de los alumnos apoyan a la profesora que tuteló la encuesta sobre sexo” y reivindicarán que no se tomen medidas contra ella. Además aclaran que la encuesta estaba pensada para alumnos de dieciséis años y que no se fueron repartiendo por las aulas de los cursos inferiores, sino que “se avisó por megafonía de la existencia de las mismas” y que fueron algunos alumnos de 1.º de la ESO los que decidieron realizarlas voluntariamente. Además dicen que las preguntas más “subidas de tono” sólo pretendían hacer más amena la encuesta. Justifique esto la elaboración de las encuestas o lo empeore todavía más, la noticia ha llegado hasta la Conselleria de Educación, que considera la encuesta inapropiada para alumnos de esa edad, al igual que al AMPA del centro, que la califica de “desacertada”.

¿Pacto educativo?

La Conferencia Sectorial del pasado martes deja traslucir todavía ciertas reservas en la Comunidad contra la medida gubernamental de portátiles para todos. Font de Mora ha criticado que se lancen estas campañas consultando a posteriori a las comunidades autónomas, que tienen que desembolsar parte de la subvención, sin preguntarse antes por la viabilidad de estos proyectos. En los próximos días continuarán las reuniones para concretar la financiación

Pero no es esa la única cuestión que se ha tratado en la Conferencia Sectorial. También se ha hablado del pacto educativo que el nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, pretende ultimar con las comunidades autónomas y los agentes sociales para hacer frente a problemas como el fracaso escolar, la educación de 0 a 3 años, la nueva Formación Profesional o la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, cuya competencia actualmente corresponde al Ministerio de Educación. Son cuestiones, sin embargo, en las que tiene suma importancia las medidas que se adopten en las autonomías.

Font de Mora, al tiempo que ha destacado los cuestionados planes del Consell para hacer frente al fracaso escolar, ha incidido en aspectos de índole nacional, como es la necesidad del cambio de modelo educativo o la reforma del Bachillerato. El conseller insiste además en que están dispuestos a trabajar para llegar a un acuerdo, pero que no le concederán a Gabilondo “ningún cheque en blanco”.

Y el rumano, que no falte

En los últimos días, el conseller Alejandro Font de Mora se trasladó a Madrid para reunirse con el nuevo ministro Ángel Gabilondo para presentarle las demandas de la Generalitat: algún tipo de concertación en enseñanza infantil y fondos de compensación estatal para combatir el fracaso escolar. A su regreso, sin embargo, la cuestión de los idiomas ha vuelto a suscitar su preocupación por otra lengua, el rumano, que no se haya lo suficientemente protegida. El gasto de las clases de rumano, que se realizará en horas extaescolares en los centros públicos, correrá a cargo de las organizaciones de rumanos o de la Embajada, y sólo se impartirá si existe un interés mayoritario. El objetivo de favorecer la enseñanza de la lengua y la cultura rumanas es que los rumanos que tengan que regresar a su país debido a la crisis «no pierdan el contacto con sus orígenes».

Su gestión sigue siendo cuestionada desde que el pasado 28 de abril se celebrara una huelga educativa marcada por la polémica entre sindicatos y asociaciones de padres de distinta sensibilidad. Pero ahora quien más ha llamado la atención de los huelguistas es el alcalde de Xátiva, Alfonso Rus (PP), que tal como han recogido varios periódicos, exclamó en un mitin: «A esos que querían ponernos la cabeza boca abajo, no vamos a darles el gusto. ¡Vamos a rematarlos, vamos a rematarlos». Y más tarde: «»No sé si será bueno o malo, pero dije que esos son gilipollas y me quedé a gusto con esos sinvergüenzas». A estas declaraciones siguieron las palabras del concejal socialista de Xátiva, Rafael Llorens: «Tengo un recado de mi mujer: eres un gilipollas». En la web de la Plataforma, los insultos continúan. Todo un alarde de educación que demuestra la absoluta pérdida de las formas a todos los niveles.

Mientras se intercambian insultos en la Comunitat, el ministro Ángel Gabilondo busca un pacto educativo con las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales. Un pacto en el que el PP trata de anteponer la libertad de enseñanza a cuestiones como Educación para la Ciudadanía, pero ha dejado claro que no se conformará con una simple foto. Fotos faltarán para arreglar la fisonomía de un panorama educativo que está haciendo aguas y no tiene visos de inmediata recuperación. El Presidente del Gobierno, que afirmó que no habría recortes sociales por la crisis, reducirá los gastos del Ministerio de Educación y Política Social en 105 millones de euros.

Baile de cifras

Acabada la huelga educativa, llega siempre el baile de las cifras y el rifirrafe de las reacciones. A la Conselleria de Educación fijó la participación en un “escaso 20% de los profesores”, mientras que la Plataforma por la Enseñanza Pública señaló que el 70% de los docentes se sumaron al paro educativo. Una amplísima diferencia de apreciaciones técnicas que representaría el abismo que en estos momentos media entre los sindicatos y la Generalitat. Luego, en el capítulo de las reacciones, las espadas se mantuvieron en alta y si la Plataforma anuncia paros y encierros señalados cada semana, el gobierno valenciano invita a los sindicatos a que abandonen sus reivindicaciones.

La huelga vino acompañada de tres manifestaciones en Valencia, Alicante y Castellón, a las que acudieron profesores, alumnos, padres y madres que reclamaban un cambio en la política educativa del Gobierno valenciano y la dimisión de Font de Mora. Estaba previsto que ese mismo día compareciese la Secretaria Autonómica de Educación en la Comisión de Educación y Cultura de las Cortes para explicar las negociaciones con la mesa sectorial. Pero al llenarse la sala con los miembros de la Plataforma, que fueron invitados por la portavoz de la agrupación de diputados no adscritos, Glòria Marcos (ex Coordinadora General de la Esquerra), la presidenta de la Comisión, María Soledad Llinares, decidió suspender la sesión por “la falta de espacio” para albergar a tantas personas.

El PP estudia además trasladar el incidente a la Fiscalía General del Estado por si constituyera motivo de delito, ya que entiende que “interrumpieron el desarrollo normal de una comisión”. Alejandro Font de Mora, por su parte, intenta evidenciar que ha salido fortalecido de la huelga y que se ha demostrado la “politización” de la misma. La Plataforma, por su parte, no ceja en sus esfuerzos para hacer realidad sus reivindicaciones, si bien nunca se sabrá qué habría pasado si se hubiese celebrado la huelga cuando se había previsto, justo después de que se concediese una moratoria a la Citizenship y los manifestantes se hayan mucho más unidos.

La huelga amarilla se calienta

Ramón López, presidente de la FAPA Gabriel Miró, de Alicante, declara en una entrevista para Información sobre la huelga de este martes: «No se pueden usar las cuerdas para empujar sino para tirar y parece que algunos, no todos, usen la huelga como lanzadera para otros objetivos mientras nuestro único interés son nuestros hijos». El colectivo de padres, que ha decidido desvincularse del paro organizado por la Plataforma por la Enseñanza Pública, reconoce tener objetivos similares, pero marca distancias. «Trece puntos no aseguran la calidad del sistema educativo para nada», sentencia.

En la misma línea, los inspectores educativos han criticado que la huelga sustituye «la normalidad democrática por la presión para hacer realidad determinadas tesis políticas». También los sindicatos ANPE, CSIF y USO se desvinculan del paro educativo y denuncian la «politización» de la Plataforma por la Enseñanza Pública, integrada por las asociaciones de padres como por los sindicatos UGT, CCOO y STEPV-iV, que en la última ha semana han organizado varios actos para caldear el ambiente. Y no se trata de una expresión gratuita, pues más de trescientas personas convocadas por la Plataforma celebraron un «acto de fe» en el que quemaron en una hoguera cartones y ninots de los personajes públicos que a su juicio son responsables del desastre educativo y lanzaron proclamas en inglés, chino y castellano contra el conseller Alejandro Font de Mora. Muchos de ellos llevaban algún distintivo amarillo, color de la Plataforma.

La Plataforma por la Enseñanza Pública, sin embargo, se desvincula de las acusaciones que se vierten sobre ella. También en una entrevista para Información, declara el portavoz de la Plataforma, Ismael Vicedo: «Los que intentan politizar la huelga son esos sindicatos que quieren desacreditarnos y desmovilizar al profesorado. Les preguntaría si ven bien la política educativa en la Comunidad». Sobre la FAPA Gabriel Miró, la Plataforma confía en que se produzca un acercamiento antes de julio, aunque no se haya unido a la huelga. Ismael Vicedo espera que sea un éxito y que ante la presión de los sindicatos la Conselleria «tenga que mover pieza al día siguiente».

La huelga se mantiene

El Conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, no cree conveniente tomar todas las medidas que le exige la Plataforma por la Enseñanza Pública a menos que desconvoque la huelga. Eso es, en definitiva, lo que ha considerado el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, en un documento definitivo que ha presentado poco antes de las vacaciones de Semana Santa. La Plataforma por la Enseñanza Pública le ha respondido que eso es un “brutal chantaje” y que se mantiene la huelga para el día 28 de abril.

En el documento, la Conselleria se compromete a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad sobre la orden para impartir Ciudadanía, el mantenimiento de las comisiones de escolarización todo el año para las nuevas incorporaciones que se produzcan a lo largo del curso, apoyar la autonomía de los centros para el diseño de programas de las lenguas cooficiales y un plan específico para abordar las exigencias del modelo plurilingüe, que se traduciría en más formación para los profesores.

Entretanto, la Conselleria ha informado de que el próximo curso se aumentarán las becas en un 20% para los estudiantes y se repartirán entre el bono infantil, bono-libro, las becas para adquisición de libros de texto y las subvenciones para comedor y transporte escolar, de manera que las ayudas ascenderían hasta 151,3 millones de euros. Esta medida se produce después de que la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) llevase a los tribunales al Consell porque a su juicio discriminarían a los alumnos matriculados en centros concertados al no asumir el coste de comedor y transporte escolar.

Alicante, la segunda en fracaso

Los datos de fracaso escolar por provincias entre 2002 y 2006, que publicaba esta semana la revista Magisterio, dejan a Alicante en una situación delicada. Ésta sería la segunda provincia de España, sólo por detrás de Ceuta, con mayor porcentaje de abandono (44%). En Castellón y Valencia el escenario tampoco sería el idóneo para lanzar cohetes, pues se hallarían respectivamente en 38,8% y 36,5%. Además, en las tres provincias de la Comunidad ha mantenido una tendencia creciente en los años mencionados, si bien entre 2003 y 2004 el porcentaje de fracaso se mantenía o avanzaba de forma más lenta.

Estos datos pondrían de manifiesto el fracaso escolar durante un período en el que todavía estaba la LOGSE en vigor. El conseller de Educación, por su parte, se habría presentado con sus propios datos, que cifraba el fracaso en un 31,8% y habría achacado el fracaso a la nueva ley de educación impulsada por el Gobierno socialista. Lo cierto es que al menos 10 provincias de la zona sur de España y los archipiélagos se encontrarían en una situación parecida a la de las provincias valencianas, mientras que en 2006 el fracaso se habría extendido también al noreste peninsular, con un aumento considerable en Huesca, Teruel o Lérida.

Ante estos datos, la Plataforma por la Enseñanza Pública, la oposición en Las Cortes y la FAPA han aprovechado para criticar una vez más la gestión de Font de Mora y Francisco Camps. Tras la esperada ruptura de las negociaciones con la Mesa sectorial, la Plataforma por la Pública mantiene la huelga general para el 28 de abril.

Para evitar el fracaso escolar

El fracaso escolar en la Comunidad Valenciana ronda la escalofriante cifra del 39,7%. Eso significa que una gran parte de los alumnos abandona los estudios sin haber conseguido el graduado escolar y de los cuales muchos dejan las clases antes siquiera de haber cumplido los 18 años. Esos son los datos oficiales que pueden extraerse de la revista Magisterio.

Ante estos datos, la situación de los institutos no se presenta nada halagüeña. La escasa dotación económica, la falta de recursos académicos o el menoscabado estímulo para continuar los estudios superiores son algunas de las variables de las que protestan en los centros públicos. Sofía Morales, directora del IES Virgen del Remedio, nos cuenta:

«Los profesores hacen maravillas con estudiantes de veinte niveles distintos, los alumnos no se sienten bien atendidos, la Administración no pone los recursos necesarios y los padres no tienen tiempo porque están trabajando de sol a sol».

Morales además recalca la dificultad que entraña la integración de los inmigrantes en los institutos, sobre todo cuando la Administración tiende a concentrarlos en los centros públicos, y pide al Gobierno que los “comparta”, no porque sean inmigrantes, sino para facilitar su integración. Por su parte, la Jefa del Departamento de Orientación del IES Gran Vía, M.ª Fernanda Chocomeli, incide en las diferencias socioculturales que obstaculizan el aprendizaje de los hijos de los inmigrantes.

«En los centros educativos notan que hay menos libertad y lo pasan muy mal, porque han pasado doce o catorce años de su vida en su entorno familiar”

Sofía Morales duda de que el Plan Éxit, por el que se concederían clases extraordinarias y una nueva convocatoria de examen en julio, reducirá el fracaso escolar, ya que considera que debe prepararse mejor a los alumnos a lo largo del curso. Por su parte, M.ª Fernanda Chocomeli propone una hoja de ruta para la Administración: más formación para los profesores de secundaria y los padres, hacer repetir a los alumnos desde primero y segundo de primaria, antes de llegar a edades más avanzadas, y que el Gobierno se ocupe de evitar el absentismo y dote de suficientes recursos a los institutos.

Los uniformes a debate

Hace algunos años brotó la polémica de si los colegios públicos debían exigir el uniforme escolar. El uso de una vestimenta oficial para todos los alumnos siempre había sido patrimonio de los centros privados. Pero en los últimos cursos se ha pretendido fomentar esta costumbre desde la Administración. Y ahora nos encontramos con que, después de que este curso 10 centros públicos participasen voluntariamente en el proyecto piloto, la Conselleria de Educación haya decidido ampliar –con el beneplácito de los Consejos Escolares- la utilización del uniforme a otros 33 centros públicos de la Comunidad.

Los partidarios del uniforme recalcan que supone un ahorro en ropa para las familias, ya que la Generalitat Valenciana ofrecería una subvención de 20 € para los integrantes del proyecto. Pero las motivaciones económicas no son, ni mucho menos, las únicas razones que alegan. Según los defensores de la vestimenta oficial, el uniforme representaría un instrumento para fomentar el sentido de la igualdad entre los alumnos, mejorar su disciplina en clase y reducir la violencia escolar, si bien ya se ha comprobado que no mejora necesariamente los resultados académicos.

Pero el uso del uniforme no confiere ventajas para todo el mundo. Muchos de los que se oponen a esta medida critican la eliminación de la “individualidad” de los alumnos, que no podrían expresar ante los demás su personalidad y sufrirían un control excesivo de sus profesores. Otros consideran irrelevante la ropa que se lleve puesta con tal de que los alumnos aprendan. Al margen de todas las posiciones, la Generalitat ya tiene su postura y, de lograrse un acuerdo en los Consejos Escolares, en los próximos cursos habrá más colegios públicos que exijan el uso del uniforme escolar.