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Educación diferenciada

¿Trae mejores resultados la educación diferenciada? Al menos en lo que se refiere a las chicas, sí. O eso es lo que dice un estudio que publica el diario británico The Guardian, en el que se han investigado a 700.000 certificados escolares de alumnas que reciben este modelo de enseñanza en colegios estatales de Reino Unido. Por lo visto, obtendrían mejores notas si estudian en una clase separadas de los chicos. Sin embargo, otros siguen pensando que deben tenerse en cuenta otros factores más determinantes como el alumno, el profesor y el entorno social.

Según datos de educaciondiferenciada.com, en la Comunidad Valenciana existen seis colegios que ofrecen este tipo de enseñanza diferenciada, tres para chicos y tres para chicas, distribuidos equitativamente entre Valencia, Castellón y Alicante. La Confederación Española de Asociaciones de Padres, Madres (CEAPA) y Alumnos habría exigido a las distintas administraciones que retire el concierto económico a los centros que imparten este tipo de educación. En la misma línea que la comunidad cántabra, donde se ha retirado la concertación a un colegio de educación diferenciada y se le ha negado a otro, los sindicatos integrados en CEAPA están luchando para que las administraciones retiren las subvenciones a estos centros porque, a su juicio, supone una discriminación, y la LOE incitaría a no patrocinarla. Aunque es legal la educación diferenciada en España, no lo es que la subvencione el Estado.

Desde la óptica de CONCAPA, la Confederación de Asociaciones Católicas de Padres y Alumnos, lo que es una discriminación es que el Gobierno decida retirar la concertación a los centros que eligen la educación diferenciada y defienden que este modelo genera mejores resultados educativos y varios centros en Estados Unidos y Reino Unido imparten clases a chicos y chicas por separado. Si caminar en esta línea mejora el nivel educativo, el tiempo lo dirá, pero por el momento la pugna entre católicos y sindicatos de izquierda aún resuena en el ámbito educativo.

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A la espera del Supremo

Se acerca el día y la cosa está que arde. Los objetores están a la espera de que el Supremo dicte una sentencia sobre los recursos presentados a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Pero no sólo son ellos los que aguardan con expectación. La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha remitido una carta al Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, para invitarle a que se pronuncie por encima de “intereses particulares” y advertirle del peligro de una sentencia en contra. La Plataforma por una Educación en Libertad, por su parte, ha convocado una concentración mañana sábado a las 17 h. en la plaza de la Montañeta, en Alicante.

El proceso puede ser más largo de lo que parece. De fallar el Alto Tribunal en contra, los objetores podrían acogerse aún al Tribunal Constitucional, y en última instancia, al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En cualquier caso, siempre pedirían la “suspensión cautelar” que permita a los alumnos no acudir a clase, ya que como se ha denunciado en algunos centros la dirección les presionaba a los hijos de los objetores a asistir a clase de Ciudadanía.

Desde que saltó a la palestra, la asignatura no ha dejado de despertar polémica. Numerosos intelectuales y organismos se han pronunciado a favor o en contra de la asignatura. ¿Pero qué es lo que está en juego en esta sentencia? Como ya ha señalado por ahí algún experto, una sentencia favorable a la objeción permitiría no asistir a la clase de cualquier asignatura que fuera obligatoria. Los de Profesionales por la Ética, sin embargo, insisten en que los contenidos de EpC y Matemáticas no son de la misma naturaleza.

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Los colegios también la pagan

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al Colegio Suizo de Alcobendas a pagar 30.000 euros a la familia de un menor que sufría acoso escolar por parte de sus compañeros de clase. Y todo después de que la familia acudiera al Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcobendas y la jueza determinara, frente a la opinión del Defensor del Menor y de la psicóloga, que no había forma de probar que aquel niño sufría acoso escolar y todavía les obligaba a pagar los costes del proceso.

El vídeo en el que se veía como un grupo de abusadores golpeaba a un alumno sirvió a la acusación para demostrar que el alumno, en efecto, sufría de acoso escolar. El padre, Fernando Sacristán, cree que la sentencia servirá para que “los centros apliquen protocolos de actuación y no diluyan sus responsabilidades”. Lo cierto es, sin embargo, que ya se habían producido otras sanciones a los colegios, como son los casos de Écija y de Vitoria, aunque las indemnizaciones no habían pasado de los 12.000 euros.

A pesar de las actuaciones de la Justicia, las interpretaciones sobre la forme de solventar el acoso escolar son controvertidos. Hay quien como la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Alumnos (CEAPA) cree que debe huirse de las “normas autoritarias” y que deben implantarse en las aulas “modelos de convivencia” para que los profesores se las apañen como puedan. Por otra parte, los padres de alumnos acosados y algún que otro periodista aplauden las decisiones punitivas como fórmula para defender a las víctimas, castigar a los acosadores y responsabilizar a los centros educativos. En esta ocasión, al menos, parece que han sido ellos los que han ganado la contienda.

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