Los estudiantes ya sabían que con la Ministra Mercedes Cabrera la cosa no marchaba bien. La Unión Democrática de Estudiantes decidió llevar ante la Justicia al Ministerio de Educación por haber nombrado «a dedo» a dos representantes estudiantiles de la Comisión Permanente del Observatorio de la Convivencia. Ahora la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado los nombramientos por considerar que considerar que se oponían al Real Decreto 278/2007 en el que se establecía que los miembros de la Comisión debían ser elegidos por y entre las asociaciones estudiantiles.
El Observatorio Estatal para la Convivencia, es un organismo que venía recomendado por la Unión Europea y fue creado por el Gobierno de Zapatero en 2007. De él forman parte el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Instituto de la Juventud, la delegación del Gobierno sobre el plan nacional sobre drogas, los Defensores del Pueblo nacional y autonómicos, las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los sindicatos docentes, padres y madres y los propios alumnos.
La entonces Ministra Mercedes Cabrera emitió una resolución en la que adjudicaba los cargos de vocales al Sindicato de Estudiantes y la organización CANAE, por considerarlos «de mayor representatividad». La Unión Democrática de Estudiantes, que se define como «liberal-conservadora», habría quedado excluida. La cuestión es que antes de que se concedieran las vocalías, tres de las cuatro principales asociaciones estudiantiles -el Sindicato de Estudiantes se opuso- acordaron que los cargos de las vocalías serían rotatorios. Como no había unanimidad, la entonces Ministra se arrogó el derecho a elegir a quien quisiese.
La utilidad real del Observatorio está cuestionada desde muchos sectores, en los que se considera una institución más de carácter consultivo que, en el fondo, no vendría a ser más que una extensión más del Ministerio y no un órgano representativo de los estudiantes en asuntos de convivencia. Como señalan en el diario El Mundo, hay tortas y puñetazos para el reparto de la tarta, ya que cada representante estudiantil cobra 150 euros. El Ministerio, sin embargo, define sus funciones de este modo: «disponer de información actualizada que permita conocer la situación y evolución de los centros y proponer estrategias para corregir situaciones contrarias a la convivencia». Sean las asociaciones estudiantiles verdaderos órganos representativos o no, de lo que no hay duda es de que si están nombrados «a dedo» difícilmente pueden ser democráticos.
La asignatura pendiente 