Ante la crisis, ¿más educación?

Más gasto en Educación, sí, pero un mayor esfuerzo político. En eso podría resumirse el Informe que ha sacado esta semana el Consejo Escolar del Estado sobre la situación del sistema educativo referente al curso 2006-2007. «La educación es la mejor inversión de futuro en época de crisis», afirma la Presidenta del Consejo, Carmen Maestre. A pesar de la difícil coyuntura económica, pide que la sociedad tome conciencia de la situación educativa, definiendo los objetivos de la urgencia de aumentar el gasto público: «dar estabilidad y eficacia al sistema educativo». Así, materializa varias cuestiones en las que considera fundamental el apoyo de la Administración:

Educación infantil. Las distintas regulaciones del Primer Ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) «podrían conducir al deterioro de su carácter educativo». Por tanto, demandan a las Administraciones la vinculación entre el primer y segundo ciclo y la garantía de «unos requisitos comunes de calidad».

Competencia lectora e idiomas. Recuerda el Informe PISA, en el que se advertía de las dificultades de los adolescentes españoles para «analizar, relacionar e inferir» el contenido de los textos que se han leído. Propone al Ministerio de Educación que evalúe sistemáticamente la competencia lectora de los estudiantes. Sobre los idiomas, aún van más lejos: «Es preciso habilitar medidas que promuevan el aprendizaje de los idiomas desde edades tempranas, ampliar la dotación de becas en países extranjeros, extender las experiencias de currículos bilingües y, muy especialmente, garantizar la formación inicial y permanente del profesorado en el dominio de idiomas».

Fracaso escolar. Que se dé un certificado a los alumnos que han estudiado la secundaria mientras tenían la edad aunque no hayan conseguido el graduado escolar, para que cuando salgan al mercado laboral no se encuentren «sin ninguna certificación», facilitando la oferta a Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

Más oferta y flexibilidad en la educación posobligatoria. Proponen flexibilizar los cursos de Bachillerato para que los alumnos menores de 20 años que se hallen trabajando puedan sacar adelante sus estudios. Además quieren que se aumente la oferta de los Centros de Segunda Oportunidad para facilitar a los mayores de edad la posibilidad de obtener el título.

Integración escolar. Evitar la masificación de los inmigrantes en determinados centros, dotando a los centros de recursos humanos y materiales suficientes.

Convivencia. Las Administraciones no deben limitarse a reducir los conflictos escolares, sino «inculcar principios y hábitos» de convivencia y responsabilidad en los alumnos.

Con esto, el Consejo Escolar Estatal da un repaso a las principales problemas del sistema educativo que, durante ocho meses, La asignatura pendiente ha analizado para sus lectores. Además elabora unas propuestas que las diferentes Administraciones deberían considerar, al menos en los problemas que subraya, si verdaderamente tienen los ojos abiertos ante la situación educativa y no se han desligado completamente de los intereses de los ciudadanos.

Dedocracia en el Ministerio de Educación

Los estudiantes ya sabían que con la Ministra Mercedes Cabrera la cosa no marchaba bien. La Unión Democrática de Estudiantes decidió llevar ante la Justicia al Ministerio de Educación por haber nombrado «a dedo» a dos representantes estudiantiles de la Comisión Permanente del Observatorio de la Convivencia. Ahora la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado los nombramientos por considerar que considerar que se oponían al Real Decreto 278/2007 en el que se establecía que los miembros de la Comisión debían ser elegidos por y entre las asociaciones estudiantiles.

El Observatorio Estatal para la Convivencia, es un organismo que venía recomendado por la Unión Europea y fue creado por el Gobierno de Zapatero en 2007. De él forman parte el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Instituto de la Juventud, la delegación del Gobierno sobre el plan nacional sobre drogas, los Defensores del Pueblo nacional y autonómicos, las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los sindicatos docentes, padres y madres y los propios alumnos.

La entonces Ministra Mercedes Cabrera emitió una resolución en la que adjudicaba los cargos de vocales al Sindicato de Estudiantes y la organización CANAE, por considerarlos «de mayor representatividad». La Unión Democrática de Estudiantes, que se define como «liberal-conservadora», habría quedado excluida. La cuestión es que antes de que se concedieran las vocalías, tres de las cuatro principales asociaciones estudiantiles -el Sindicato de Estudiantes se opuso- acordaron que los cargos de las vocalías serían rotatorios. Como no había unanimidad, la entonces Ministra se arrogó el derecho a elegir a quien quisiese.

La utilidad real del Observatorio está cuestionada desde muchos sectores, en los que se considera una institución más de carácter consultivo que, en el fondo, no vendría a ser más que una extensión más del Ministerio y no un órgano representativo de los estudiantes en asuntos de convivencia. Como señalan en el diario El Mundo, hay tortas y puñetazos para el reparto de la tarta, ya que cada representante estudiantil cobra 150 euros. El Ministerio, sin embargo, define sus funciones de este modo: «disponer de información actualizada que permita conocer la situación y evolución de los centros y proponer estrategias para corregir situaciones contrarias a la convivencia». Sean las asociaciones estudiantiles verdaderos órganos representativos o no, de lo que no hay duda es de que si están nombrados «a dedo» difícilmente pueden ser democráticos.

Los idiomas en la balanza

Font de Mora se enfrenta ahora a una denuncia del sindicato STEPV y Acció Cultural del País Valencià por no reconocer el título de Filología Catalana como título acreditativo en las oposiciones docentes para la enseñanza del valenciano. Le acusan de «malversación y desobediencia», ya que existen hasta 15 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que reconocen esta titulación y una del Tribunal Supremo. El PP ha criticado que se denuncie a Font de Mora por «defender las señas de identidad valencianas».

Entretanto, continúa la polémica sobre la situación de las Escuelas Oficiales de Idiomas, en las que se temía se reducirían los recursos así como la enseñanza de las lenguas minoritarias. Font de Mora ha destacado la difícil situación económica que está atravesando la Comunidad, y aunque afirmó que no se va a reducir la oferta formativa, aunque sí «se van a racionalizar los recursos, porque obligan las circunstancias». Por otra parte, ha incidido de manera notable el caso de la Escuela Oficial de Idiomas de Alcoy, donde la situación de interinidad y los enfrentamientos internos entre campsistas y zaplanistas, según alega la parlamentaria del PSPV, Rebeca Soler, dieron lugar a la dimisión en pleno de la Junta Directiva de la Escuela y la discriminación de esta ciudad por parte de la Conselleria. La oposición socialista pedirá la comparecencia de Font de Mora para que aclare por qué aún no se han llevado a cabo los trámites de legalización de la Escuela de Idiomas de Alcoy.

Por otra parte, la Asociación de Profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) han acordado manifestarse el próximo 30 de junio ante la Conselleria de Educación. Los profesores desean manifiestar su desacuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento propuesto por la Conselleria. Entre sus reivindicaciones, hay que señalar la continuidad de escolarización del alumnado en los niveles avanzados en cualquier escuela, la creación de nuevos centros y no de meros aularios y una oferta pública de los niveles C -nivel superior en Idiomas reconocido por la UE- y que actualmente está en manos de la enseñanza privada. Su lema revela el grado de alarma al que se ha llegado: «Salvemos las EOI».

1350 euros para quienes estén «en riesgo de fracaso»

La última del nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, consiste en reducir el fracaso escolar con dinero… pero amoldándose a la tiranía de las cifras. Según ha declarado en el Congreso de los Diputados, el Gobierno dará 1350 euros de «becas de mantenimiento» a los alumnos de secundaria que se encuentren en riesgo de abandonar los estudios por no haber alcanzado la titulación correspondiente en la edad convenida. Así, el ministro de Educación pretende demostrar que las becas «no son una política más» del Gobierno socialista. En la misma línea que emprendió hace unos años la administración andaluza, el Gobierno ofrecerá un trato desigual a los alumnos que aprueban con normalidad frente a los que muy probablemente abandonarían sus estudios.

La política de becas de Ángel Gabilondo no sólo se circunscribe a la secundaria. También le preocupa la situación de los universitarios y otorgará una «beca-salario» de 2800 euros a los alumnos universitarios, una «ayuda compensatoria que se ofrecerá según el umbral de renta de la familia del alumno». Este es uno de lospuntos del Plan de Acción 2009 con el que el Gobierno pretende hacer frente a la crisis. Además Gabilondo ha recordado la puesta en marcha de las becas para financiar la matrícula de los máster. El Gobierno destinaría hasta 70 millones de euros para las personas entre 25 y 40 años que se encuentren en situación de desempleo y deseen cursar estudios de posgrado el próximo curso.

El ministro ha completado su repaso a la situación de la educación hablando sobre el grado de aplicación del Plan Bolonia, la gratuidad para la educación infantil de 0 a 3 años y la reforma de la Formación Profesional. Ésta ha sido la primera comparecencia de Ángel Gabilondo ante la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados. En los próximos días está previsto que el Ministerio de Educación informe a las universidades públicas de cómo se van a financiar las becas para financiación de máster.

La encuesta picante

Unos alumnos de 4.º de la ESO de un instituto público de Requena reciben una encuesta elaborada por su profesora de Biología para la asignatura optativa «Proyecto». La encuesta acaba corriendo por los cursos inferiores, entre niños de doce años. Uno de los papeles llega a los ojos de un padre, que tras leer el contenido de la encuesta hace llegar una denuncia a la inspección educativa. La dirección del centro, al enterarse del motivo por el que se ha interpuesto la denuncia, pide disculpas y retira la encuesta. La profesora de Biología pide la baja. Pero, ¿qué es lo que preguntaban en aquella polémica encuesta?

Entre otras cosas, “¿por qué los negros la tienen más grande?”, “¿dónde has hecho el amor más veces?”, “¿dónde está el punto G femenino?”, “¿dónde te has masturbado más veces?”, “¿por qué hay hombres que se corren antes que otros?”, “¿de qué nacionalidad son los hombres que aguantan más en la cama?” y así un largo etcétera que ha puesto en guardia a los padres con la dirección del instituto. La directora del centro, Maria Dolores Gómez, es concejala de Educación y la psicóloga del centro, Pilar Pallardó, concejala de Bienestar Social e Igualdad. Pero no van a hacer declaraciones oficiales porque entienden que el asunto “hay que resolverlo en el ámbito educativo”.

Cuenta el diario Levante que “la mayoría de los alumnos apoyan a la profesora que tuteló la encuesta sobre sexo” y reivindicarán que no se tomen medidas contra ella. Además aclaran que la encuesta estaba pensada para alumnos de dieciséis años y que no se fueron repartiendo por las aulas de los cursos inferiores, sino que “se avisó por megafonía de la existencia de las mismas” y que fueron algunos alumnos de 1.º de la ESO los que decidieron realizarlas voluntariamente. Además dicen que las preguntas más “subidas de tono” sólo pretendían hacer más amena la encuesta. Justifique esto la elaboración de las encuestas o lo empeore todavía más, la noticia ha llegado hasta la Conselleria de Educación, que considera la encuesta inapropiada para alumnos de esa edad, al igual que al AMPA del centro, que la califica de “desacertada”.

¿Pacto educativo?

La Conferencia Sectorial del pasado martes deja traslucir todavía ciertas reservas en la Comunidad contra la medida gubernamental de portátiles para todos. Font de Mora ha criticado que se lancen estas campañas consultando a posteriori a las comunidades autónomas, que tienen que desembolsar parte de la subvención, sin preguntarse antes por la viabilidad de estos proyectos. En los próximos días continuarán las reuniones para concretar la financiación

Pero no es esa la única cuestión que se ha tratado en la Conferencia Sectorial. También se ha hablado del pacto educativo que el nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, pretende ultimar con las comunidades autónomas y los agentes sociales para hacer frente a problemas como el fracaso escolar, la educación de 0 a 3 años, la nueva Formación Profesional o la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, cuya competencia actualmente corresponde al Ministerio de Educación. Son cuestiones, sin embargo, en las que tiene suma importancia las medidas que se adopten en las autonomías.

Font de Mora, al tiempo que ha destacado los cuestionados planes del Consell para hacer frente al fracaso escolar, ha incidido en aspectos de índole nacional, como es la necesidad del cambio de modelo educativo o la reforma del Bachillerato. El conseller insiste además en que están dispuestos a trabajar para llegar a un acuerdo, pero que no le concederán a Gabilondo “ningún cheque en blanco”.

El valenciano como lengua vehicular

La mayoría de los centros de la Comunidad Valenciana emplea el Programa de Incorporación Progresiva del Valenciano (PIP), por el que se ofrecería el castellano como lengua vehicular y un mínimo de asignaturas en valenciano. No hay un modelo íntegramente en castellano para las zonas lingüísticas valencianoparlantes. Se trata de un modelo laxo pues no se establece el número máximo de asignaturas que pueden llegar a ofrecerse en lengua valenciana. Aunque los centros pueden acogerse a este programa, también pueden ajustarse a los programas PEV y PIL, modelos semejantes a los que se han estado implantando en Cataluña y que en los últimos años han ido imponiéndose especialmente en la provincia de Castellón. Siendo rigurosos, los programas de enseñanza que se ofrecen en la Comunidad Valenciana son los siguientes:

-El Programa de Inmersión Lingüística (PIL), enfocado a castellano parlantes. Este programa impartiría en los primeros cursos de primaria una enseñanza íntegramente en valenciano y en el segundo ciclo de primaria se introducirían paulatinamente asignaturas en castellano.

-El Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV), enfocado a valenciano parlantes y en zonas de predominio lingüístico valenciano. Este programa emplearía el valenciano como la lengua vehicular desde los primeros cursos de primaria y sólo se impartiría en castellano la asignatura de Lengua.

-El Programa de Incorporación Progresiva del Valenciano (PIP), dirigido a los centros de zonas de predominio lingüístico valenciano en los que no se aplican ni el PEV ni el PIL. Este programa obligaría como mínimo a impartir en primaria la asignatura de Conocimiento del Medio en valenciano y a ofrecer en secundaria al menos dos asignaturas en esta lengua además del Valenciano.

-El Programa de Educación Bilingüe Enriquecido, enfocado a ofrecer una enseñanza plurilingüe, de manera que los centros que adopten uno de los otros tres programas pueden añadir asignaturas en una lengua extranjera.

El art. 35 Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (Ley 4/1983) establece las zonas de predominio lingüístico valenciano y castellano. A estas últimas se ofrecería un Plan Básico para poder recibir una educación en castellano. De manera que, como han denunciado la Fundación Unidad + Diversidad y el partido Unión Progreso y Democracia, en la Comunidad Valenciana es la Administración quien determina qué programas deben darse en cada área, anteponiendo las zonas lingüísticas a la voluntad de los individuos y ofreciendo a los consejos escolares la posibilidad de impedir a los alumnos de las zonas consideradas valencianoparlantes recibir una educación en castellano.

¿Portátiles para todos?

Nada de un portátil por cada niño de 5.º de primaria. Entre 50 y 90 euros de “bono-digital” y punto. En eso pretendía concretarse, ya desde antes del Debate del Estado de la Nación, la dotación de ordenador a los escolares. Como ha declarado el nuevo Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, esa propuesta no es aislada, sino que forma parte de un proceso de modernización de la escuela que, no obstante, varias comunidades han emprendido por su cuenta. Ahora, sin embargo, se reunirá con las comunidades autónomas para concretar en cuánto contribuirá el Ejecutivo y cómo va a desarrollarse.

Como las competencias educativas están en manos de las autonomías, las negociaciones serán difíciles. No existe un sistema operativo concreto con el que vinieran equipados estos ordenadores, ya que si en algunas comunidades las escuelas emplean Microsoft otras, como la Comunidad Valenciana, utilizan mayoritariamente Linux. El impulsor de este software ha criticado la medida del Gobierno porque supondría “vender el futuro del país a Microsoft”. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, dice que las comunidades podrán elegir el programa que más les convenga.

Fuera del ámbito económico, varios sindicatos han criticado que promocionar los ordenadores portátiles es una medida que no ayuda a mejorar necesariamente la educación de los niños. CSI-CSIF considera más importante la formación de los docentes que las nuevas tecnologías. USO ha calificado la medida de “burla” y ANPE la considera “efectista”. Sólo FETE-UGT, afín al PSOE, cree que es una iniciativa positiva, aunque defiende que se forme también al profesorado y el asunto se debata también con los agentes sociales y no genere polémica entre su forma de aplicación en unas comunidades y otras. De momento, Ángel Gabilondo se reunirá con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial el próximo martes 19 de mayo.

Y el rumano, que no falte

En los últimos días, el conseller Alejandro Font de Mora se trasladó a Madrid para reunirse con el nuevo ministro Ángel Gabilondo para presentarle las demandas de la Generalitat: algún tipo de concertación en enseñanza infantil y fondos de compensación estatal para combatir el fracaso escolar. A su regreso, sin embargo, la cuestión de los idiomas ha vuelto a suscitar su preocupación por otra lengua, el rumano, que no se haya lo suficientemente protegida. El gasto de las clases de rumano, que se realizará en horas extaescolares en los centros públicos, correrá a cargo de las organizaciones de rumanos o de la Embajada, y sólo se impartirá si existe un interés mayoritario. El objetivo de favorecer la enseñanza de la lengua y la cultura rumanas es que los rumanos que tengan que regresar a su país debido a la crisis «no pierdan el contacto con sus orígenes».

Su gestión sigue siendo cuestionada desde que el pasado 28 de abril se celebrara una huelga educativa marcada por la polémica entre sindicatos y asociaciones de padres de distinta sensibilidad. Pero ahora quien más ha llamado la atención de los huelguistas es el alcalde de Xátiva, Alfonso Rus (PP), que tal como han recogido varios periódicos, exclamó en un mitin: «A esos que querían ponernos la cabeza boca abajo, no vamos a darles el gusto. ¡Vamos a rematarlos, vamos a rematarlos». Y más tarde: «»No sé si será bueno o malo, pero dije que esos son gilipollas y me quedé a gusto con esos sinvergüenzas». A estas declaraciones siguieron las palabras del concejal socialista de Xátiva, Rafael Llorens: «Tengo un recado de mi mujer: eres un gilipollas». En la web de la Plataforma, los insultos continúan. Todo un alarde de educación que demuestra la absoluta pérdida de las formas a todos los niveles.

Mientras se intercambian insultos en la Comunitat, el ministro Ángel Gabilondo busca un pacto educativo con las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales. Un pacto en el que el PP trata de anteponer la libertad de enseñanza a cuestiones como Educación para la Ciudadanía, pero ha dejado claro que no se conformará con una simple foto. Fotos faltarán para arreglar la fisonomía de un panorama educativo que está haciendo aguas y no tiene visos de inmediata recuperación. El Presidente del Gobierno, que afirmó que no habría recortes sociales por la crisis, reducirá los gastos del Ministerio de Educación y Política Social en 105 millones de euros.

Sin derecho a elegir

La nueva Ley de Educación Catalana es un asunto que está dando que hablar en la política nacional. El tripartito ha aprobado al final un texto en el que se niega la tercera hora de castellano que exigía el Real Decreto 1513/2006 y la tesis bilingüista liderada por PPC y Ciutadans. Aunque el proceso lleva gestándose desde los años de Pujol, los padres no podrán elegir que la lengua vehicular para sus hijos sea el idioma que hablen en casa, sino necesariamente el catalán.

El PP, como el Gobierno, se propone presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ese en el que todavía está aparcado el Estatut y no ha resuelto aún si una comunidad autónoma pueda decidir libremente que la educación se imparta obligatoriamente en la lengua autóctona en vez de la común.

El proceso que está siguiendo el tripartito catalán es semejante al que durante años se gestó en el País Vasco –donde los nacionalistas de Eusko Alkartasuna poseían la cartera de Educación- y que ahora socialistas y populares intentan desmontar. Aunque el conseller de Educación, Ernest Maragall, insiste en que se pretende también garantizar el conocimiento de la lengua castellana, lo cierto es que si los padres antes tenían escasa libertad de elección, ahora la pierden absolutamente y por dos horas de Lengua Española a la semana, tendrán tres de Inglés. La lógica más elemental conduce a preguntarse cómo es posible que digan que se busca un bilingüismo armónico reduciendo a dos horas semanales la enseñanza de castellano, cuando tres horas de inglés no siempre garantiza unos conocimientos mínimos de esa lengua.

Entretanto, en la Comunidad Valenciana la polémica lingüística circula por otros derroteros. PSPV, EUPV y Compromís han criticado duramente que la Generalitat pretenda implantar en inglés en tres colegios públicos “a costa de la línea en valenciano”. Además EUPV y Compromis han pedido la comparecencia del conseller Alejandro Font de Mora, a quien han acusado de “antivalenciano” por “irritar de forma deliberada” a la comunidad educativa como respuesta a las críticas por su gestión.