¿Objeción de conciencia?

Ni en inglés, ni en castellano. Hay alumnos que no asisten a Educación para la Ciudadanía, a pesar de lo que haya dicho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Lo ha denunciado la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE-PV) –la cual forma parte de la Plataforma por la Pública–, y además advierte de que este hecho sucede, sobre todo, en los centros concertados.

Lo cierto es que el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado, pero algunos tribunales superiores de justicia ya han avalado la objeción a Ciudadanía, como es el caso de Andalucía. Otras comunidades, como Madrid, dan alternativas como la presentación de trabajos sobre la Constitución y los Derechos Humanos o tareas de voluntariado en los propios centros. Muchas organizaciones han reivindicado la aplicación del derecho a la objeción de conciencia para los padres que lo deseen y han visto que de momento no es tan difícil y de hecho la cifra de objetores supera ya las 50.000 personas. Los objetores se basan en las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por las que el derecho a la “objeción de conciencia” se extiende del servicio militar a cualquier cuestión que pertenezca al “claustro íntimo de creencias”. Numerosos grupos de presión y asociaciones defensoras de la ética que han protagonizado este movimiento explican a los padres cómo pueden objetar a Educación para la Ciudadanía. También la Comunidad de Madrid, a la que Zapatero estudia denunciar.

Ya son muchos los casos de objetores que se han sentido amenazados por el poder central. Desde profesores de centros públicos que ridiculizan a los niños cuyos padres han objetado hasta la publicación de los datos personales de los objetores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, suceso que ha sido denunciado por los padres. ¿Estamos ante una campaña de acoso y derribo por parte de la Consejería de Educación? ¿Es válida la objeción a la EpC o basta con denunciar “casos eventuales de adoctrinamiento”? El asunto sigue acumulando polvo en el Supremo.