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1350 euros para quienes estén “en riesgo de fracaso”

La última del nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, consiste en reducir el fracaso escolar con dinero… pero amoldándose a la tiranía de las cifras. Según ha declarado en el Congreso de los Diputados, el Gobierno dará 1350 euros de “becas de mantenimiento” a los alumnos de secundaria que se encuentren en riesgo de abandonar los estudios por no haber alcanzado la titulación correspondiente en la edad convenida. Así, el ministro de Educación pretende demostrar que las becas “no son una política más” del Gobierno socialista. En la misma línea que emprendió hace unos años la administración andaluza, el Gobierno ofrecerá un trato desigual a los alumnos que aprueban con normalidad frente a los que muy probablemente abandonarían sus estudios.

La política de becas de Ángel Gabilondo no sólo se circunscribe a la secundaria. También le preocupa la situación de los universitarios y otorgará una “beca-salario” de 2800 euros a los alumnos universitarios, una “ayuda compensatoria que se ofrecerá según el umbral de renta de la familia del alumno”. Este es uno de lospuntos del Plan de Acción 2009 con el que el Gobierno pretende hacer frente a la crisis. Además Gabilondo ha recordado la puesta en marcha de las becas para financiar la matrícula de los máster. El Gobierno destinaría hasta 70 millones de euros para las personas entre 25 y 40 años que se encuentren en situación de desempleo y deseen cursar estudios de posgrado el próximo curso.

El ministro ha completado su repaso a la situación de la educación hablando sobre el grado de aplicación del Plan Bolonia, la gratuidad para la educación infantil de 0 a 3 años y la reforma de la Formación Profesional. Ésta ha sido la primera comparecencia de Ángel Gabilondo ante la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados. En los próximos días está previsto que el Ministerio de Educación informe a las universidades públicas de cómo se van a financiar las becas para financiación de máster.

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La huelga se mantiene

El Conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, no cree conveniente tomar todas las medidas que le exige la Plataforma por la Enseñanza Pública a menos que desconvoque la huelga. Eso es, en definitiva, lo que ha considerado el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, en un documento definitivo que ha presentado poco antes de las vacaciones de Semana Santa. La Plataforma por la Enseñanza Pública le ha respondido que eso es un “brutal chantaje” y que se mantiene la huelga para el día 28 de abril.

En el documento, la Conselleria se compromete a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad sobre la orden para impartir Ciudadanía, el mantenimiento de las comisiones de escolarización todo el año para las nuevas incorporaciones que se produzcan a lo largo del curso, apoyar la autonomía de los centros para el diseño de programas de las lenguas cooficiales y un plan específico para abordar las exigencias del modelo plurilingüe, que se traduciría en más formación para los profesores.

Entretanto, la Conselleria ha informado de que el próximo curso se aumentarán las becas en un 20% para los estudiantes y se repartirán entre el bono infantil, bono-libro, las becas para adquisición de libros de texto y las subvenciones para comedor y transporte escolar, de manera que las ayudas ascenderían hasta 151,3 millones de euros. Esta medida se produce después de que la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) llevase a los tribunales al Consell porque a su juicio discriminarían a los alumnos matriculados en centros concertados al no asumir el coste de comedor y transporte escolar.

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¿Qué hará el Gobierno frente a Bolonia?

La política es una cuestión de gestos y eso los estudiantes que se manifestaron contra el Proceso de Bolonia lo entienden. Porque ahora se ha plasmado sobre el papel una vieja reivindicación de los estudiantes universitarios, que es la creación de un Consejo de Estudiantes Estatal. Este órgano, que aparecería en el artículo 27 del recientemente presentado borrador del Estatuto del Estudiante, se compondría de dos estudiantes por universidad –tanto privadas como públicas- y miembros de las distintas asociaciones y actuaría como un órgano representante de los alumnos ante el Ministerio de Educación. Vamos, que les han ofrecido un cargo en el Gobierno.

Eso es lo que han entendido, al menos, las diversas asociaciones y sindicatos estudiantiles, desde el Sindicato de Estudiantes hasta la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, que han criticado duramente la propuesta del Ministerio, considerándola en algunos casos de antidemocrática y, en otros más comedidos, de difícil adaptación. La Federación de Asociaciones Progresistas, por otro lado, confía en que el Consejo de Estudiantes funcione de modo semejante a los ya existentes Consejo Universitario y Conferencia de Política Universitaria, con suficientes garantías de independencia. En cualquier caso, la polémica está servida.

Todo este embrollo viene a cuento, esta vez, de la respuesta del Gobierno a los opositores al Espacio Europeo de Educación Superior. Aunque el proyecto no sólo va dirigido a los estudiantes, sino a las demandas de los rectores, en el Plan de Acción 2009 se promete aumentar el número de becas para grado y master, destinar más capital a infraestructuras y adaptación de los títulos, fortalecer los proyectos de Ciencias sociales y Humanidades y, curiosamente, una “estrategia de comunicación” sobre el llamado Plan Bolonia. Queda saber si podrán formar a esos alumnos “razonables” y “con sentido de la justicia”, de los que habla el Estatuto del Estudiante en su capítulo de “Deberes del Estudiante” y tanto han llamado la atención de El País.

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¡Que viene el Plan Bolonia!

La Educación no debe caer en manos privadas, o al menos eso es lo que piensan los estudiantes que se manifestarán el jueves contra el Plan Bolonia. ¿Que qué diablos es eso del Plan Bolonia? Pues todo procede de una Declaración de los ministros de Educación de la Unión Europea firmada en la ciudad italiana de Bolonia en 1999. Este acuerdo proyectaba la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, que deberá aplicarse antes de 2010 y que intentará armonizar las carreras universitarias de los países firmantes. Vamos, que pondrá el sistema patas arriba y los principales perjudicados –o beneficiados- serán los estudiantes universitarios.

Entre las novedades que introduce en nuestras costumbres, habría que hablar de la eliminación de la distinción tradicional entre diplomatura y licenciatura por el título de grado y posgrado, como de la creación del European Credit Transfer System, que permitiría la reducción de horas presenciales y el aumento de trabajos prácticos grupales y personales intercambiables por créditos. Además las titulaciones se quiere homogeneizar determinadas titulaciones –como es el caso de Ingeniería Informática– para adaptarlas a las necesidades de las empresas. Asimismo se convertirían las becas en préstamos que deberían devolverse al finalizar los estudios universitarios. Todo una transición que, guste o no, supone una transformación colosal que obligará a más de uno a apretarse el cinturón.

¿Conseguirá la inversión privada dinamizar un sector que cumpla las expectativas de empresarios y trabajadores en un mercado cada vez más competitivo? ¿Estamos ante un proceso de mercantilización de la universidad? La guerra ya se ha desatado. Lo que no se sabe muy bien es contra qué. En la universidad no hace falta. Para algunos, la fórmula del neoliberalismo agresor consagra la idea de la independencia y calidad de la educación pública frente a la regulación del modelo educativo por parte de un grupo de empresas. Por su parte, el Sindicato de Estudiantes tiene muy clara su alternativa: “acabar con el poder de las multinacionales, banqueros y especuladores, es decir, luchar por el socialismo”.

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