Los uniformes a debate

Hace algunos años brotó la polémica de si los colegios públicos debían exigir el uniforme escolar. El uso de una vestimenta oficial para todos los alumnos siempre había sido patrimonio de los centros privados. Pero en los últimos cursos se ha pretendido fomentar esta costumbre desde la Administración. Y ahora nos encontramos con que, después de que este curso 10 centros públicos participasen voluntariamente en el proyecto piloto, la Conselleria de Educación haya decidido ampliar –con el beneplácito de los Consejos Escolares- la utilización del uniforme a otros 33 centros públicos de la Comunidad.

Los partidarios del uniforme recalcan que supone un ahorro en ropa para las familias, ya que la Generalitat Valenciana ofrecería una subvención de 20 € para los integrantes del proyecto. Pero las motivaciones económicas no son, ni mucho menos, las únicas razones que alegan. Según los defensores de la vestimenta oficial, el uniforme representaría un instrumento para fomentar el sentido de la igualdad entre los alumnos, mejorar su disciplina en clase y reducir la violencia escolar, si bien ya se ha comprobado que no mejora necesariamente los resultados académicos.

Pero el uso del uniforme no confiere ventajas para todo el mundo. Muchos de los que se oponen a esta medida critican la eliminación de la “individualidad” de los alumnos, que no podrían expresar ante los demás su personalidad y sufrirían un control excesivo de sus profesores. Otros consideran irrelevante la ropa que se lleve puesta con tal de que los alumnos aprendan. Al margen de todas las posiciones, la Generalitat ya tiene su postura y, de lograrse un acuerdo en los Consejos Escolares, en los próximos cursos habrá más colegios públicos que exijan el uso del uniforme escolar.

Los inmigrantes en la escuela (pública)

No las llevan todas consigo, pero además son los que más suspenden en las comunidades donde el sistema educativo es más exigente. Los hijos de los inmigrantes presentan problemas de integración, además de que la gran mayoría no puede acudir a un centro concertado, y deben asistir a la escuela pública, donde los profesores se enfrentan al dilema de la multiculturalidad.

Según el estudio que publica la Fundación Cajas de Ahorro (Funca), elaborado por el profesor del Departamento de Sociología II de la Universidad Nacional a Distancia, Héctor Boada, los hijos de los inmigrantes tendrían peores resultados que los nativos en comunidades como La Rioja o Castilla y León, donde tendrían un sistema más severo, mientras que las diferencias se suavizarían en las comunidades donde el sistema educativo tiene un nivel inferior, como es el caso de Andalucía.

Otros estudios apuntarían a que en las aulas donde hay más inmigrantes, se dan más casos de racismo. En Italia, la reacción de algunos padres a los colegios donde se concentran personas de distintas etnias es cambiar a sus alumnos de centro, de tal modo que han tenido que realizarse campañas a favor de los “colegios multiétnicos”. En España, la LOE pretendía que colegios concertados y públicos se repartieran a los inmigrantes, pero los datos del pasado curso indican que también en esto ha fracasado.

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TABLÓN DE ANUNCIOS

En la próxima entrada, La asignatura pendiente publicará una entrevista con el Vicerrector de Alumnado de la Universidad de Alicante, José Vicente Cabezuelo Pliego, sobre el Plan Bolonia.

¿Dónde está el dinero?

Pedro Schwartz, economista y escritor, ha realizado un trabajo junto con los profesores Villar y Castelao, de la San Pablo CEU, en el que analiza desde la óptica económica la baja calidad de la enseñanza universitaria en España. Según este escrito, titulado El bono universitario, o la financiación directa al estudiante universitario, los malos resultados de nuestras universidades en los ranking internacionales se deberían a la falta de competencia y la sobrevaloración de la enseñanza pública. Schwartz propone, frente a la financiación pública de los centros, la entrega de un bono escolar a las familias desfavorecidas y garantizar la libertad de elección de centro. Santiago Grisolia, secretario de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, llega a plantear incluso que desaparezca el Ministerio de Educación.

Frente a las tesis más liberales, otros consideran que la baja calidad de la universidad en España –así como de la enseñanza pública– cambiaría si el Estado invirtiera más en Educación. Según el Panorama de la educación de la OCDE de 2008, el sector público invirtió en 2005 un 4,2% del PIB en Educación, mientras que otros países europeos como Francia, Reino Unido, Portugal o los Países Bajos superaron el 5%, por no hablar de Suecia y Noruega, que alcanzaron hasta el 7% del PIB.

En el marco de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, muchos rectores de las universidades han alertado a los estudiantes de que la inversión de las empresas en la investigación universitaria no supone la privatización de la universidad. Eso sí, de lo que nadie duda a estas alturas es de que la enseñanza también es una cuestión de pasta y a la hora de hablar de estos asuntos el dinero siempre está en el lugar que no le corresponde.

Contra el fracaso (de la enseñanza pública)

No es una broma que la segunda comunidad autónoma española en fracaso escolar sea la Comunidad Valenciana, sólo por detrás de Ceuta. Pero tampoco que, a estas alturas de la película, la Fundación Alain Afflelou y la Fundación Antena 3 hayan destacado en la Novena Campaña de Prevención del Fracaso Escolar la ya famosa sentencia de que los problemas de visión son la causa de uno cada tres casos de fracaso escolar. A quien se lo dijeran, sin embargo, es probable que le viniera a la mente una pregunta algo menos políticamente correcta: ¿y qué pasa con los otros dos tercios del fracaso escolar?

Cuando uno se entera de que el fracaso escolar se sitúa en el 30% en las aulas españolas, lo último que se le ocurre es que sea un problema tan grave como para que tantos chavales padezcan problemas de visión y no se atrevan a ponerlo en conocimiento de sus padres, o simplemente, no le den mayor importancia. No es fácil que los alumnos comprendan la necesidad de llevar gafas cuando su rendimiento académico declina. Pero de lo que no cabe duda es de que, pese a los anuncios de Antena 3 que se han repetido durante este mes de octubre, los problemas de visión no suponen más que una parte de las causas del fracaso escolar en España y el grueso de esta circunstancia reside en dificultades de otra índole, tal vez más difíciles de subsanar, pero no menos importantes.

Para atajar el fracaso escolar, siempre por detrás de los informes, la Conselleria de Educación quiere mantener el Plan Éxit, o dicho en román paladino, el Plan Experimental de Atención Extraordinaria y Refuerzo. Tal proyecto consistía en que los alumnos de 3º y 4º de la ESO de los colegios adscritos recibieran voluntariamente clases de recuperación de algunas materias -Inglés, Matemáticas, Valenciano y Lengua- durante el mes de julio para preparar los exámenes de septiembre. Para el Conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha sido un éxito. Paro los sindicatos que han protestado contra el Plan Exit no es más que una medida improvisada que deja en manos de algunos profesores la responsabilidad de subsanar las deficiencias de la Conselleria.

La disputa social se enfangaría ya en el debate de la enseñanza pública frente a la buena voluntad de los profesores. Pero eso ya no es sólo una cuestión de método, sino de dinero, ya que la Generalitat no ha dejado de denunciar el arrinconamiento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre todo después de que se votaran los Presupuestos Generales para 2009, en los que se recortaba la destinación a la Comunidad Valenciana. En estos momentos de crisis, ¿es posible que sea más eficiente el esfuerzo de padres y profesores para solventar el fracaso escolar que las directrices del Gobierno? Pues habrá que verlo, y si no, al oculista.