Una casilla para el castellano

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia favorable al uso del bilingüismo en los colegios de Cataluña y a la Generalitat parece no haberle hecho mucha gracia. Confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, iniciada por la asociación Convivencia Cívica Catalana en 2004, ahora los centros educativos deberán incluir una casilla que permita a los padres escoger el idioma en que deseen que sean escolarizados sus hijos.

Ciudadanos de Cataluña y el PP han aplaudido el dictamen. El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, considera que esta sentencia pone fin a la “inmersión lingüística” y la “discriminación” de los hispanohablantes. Pero tampoco considera que la cosa esté para tirar cohetes, porque el Gobierno de la Generalitat quiere reformar su Ley de Educación e incluir en el texto que los alumnos menores de 8 años que lleguen a Cataluña sólo puedan ser escolarizados durante un curso en castellano; el resto deberá ser en catalán.

Pero opiniones hay para todos los gustos y Bernat Joan, secretario de Política Lingüística de la Generalidad, sugiere que esta sentencia “no tendrá trascendencia y que no afectará al modelo”. Además ha traído de nuevo a colación el informe del Consejo de Europa, en el que se incita a la defensa de las lenguas cooficiales a la vez que se respalda el derecho a elegir.

¡A los barracones!

Para los niños del colegio del Gual Villalbí de La Xara, en Denia, las vacaciones navideñas no han hecho más que empezar. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos ha anunciado una huelga indefinida a partir del 7 de enero hasta que la Conselleria de Educación se comprometa por escrito a la construcción de un nuevo centro educativo. Hasta entonces muchos padres no llevarán a sus hijos a clase.

Cuentan con el apoyo de los sindicatos, de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos y el Ayuntamiento de Denia, que cedió terrenos a la Conselleria de Educació para la construcción del centro. Llevan años reclamando un nuevo colegio: como el suyo corría peligro de derrumbe –¡a una alumna le cayó la puerta del aseo encima!–, trasladaron a los estudiantes a un local comercial situado en la avenida del Oeste. A partir de las vacaciones de Navidad, estos alumnos recibirían las clases en aulas prefabricadas, colocadas sobre el patio del colegio, mientras que la zona de juegos se instalaría a la entrada del colegio, “debajo de la pequeña pinada”. Los 52 alumnos de enseñanza infantil no tuvieron que trasladarse; ya estudiaban en barracones.

La Xara lleva más de 40 años esperando a que se construya un nuevo colegio. Pero no fue hasta 2005 que la Administración se interesó por unos terrenos sobre los que ya podía edificar. Primero dijeron que iban a construir uno nuevo y luego insinuaron que iban a ampliar el Gual Villalbí. La cuestión es que han acabado cerrándolo debido a los agujeros del techo y las grietas de las paredes. Los padres creen que la Conselleria ha ido demasiado lejos. Ahora la pelota está en el campo de la Administración.

¿Dónde está el dinero?

Pedro Schwartz, economista y escritor, ha realizado un trabajo junto con los profesores Villar y Castelao, de la San Pablo CEU, en el que analiza desde la óptica económica la baja calidad de la enseñanza universitaria en España. Según este escrito, titulado El bono universitario, o la financiación directa al estudiante universitario, los malos resultados de nuestras universidades en los ranking internacionales se deberían a la falta de competencia y la sobrevaloración de la enseñanza pública. Schwartz propone, frente a la financiación pública de los centros, la entrega de un bono escolar a las familias desfavorecidas y garantizar la libertad de elección de centro. Santiago Grisolia, secretario de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, llega a plantear incluso que desaparezca el Ministerio de Educación.

Frente a las tesis más liberales, otros consideran que la baja calidad de la universidad en España –así como de la enseñanza pública– cambiaría si el Estado invirtiera más en Educación. Según el Panorama de la educación de la OCDE de 2008, el sector público invirtió en 2005 un 4,2% del PIB en Educación, mientras que otros países europeos como Francia, Reino Unido, Portugal o los Países Bajos superaron el 5%, por no hablar de Suecia y Noruega, que alcanzaron hasta el 7% del PIB.

En el marco de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, muchos rectores de las universidades han alertado a los estudiantes de que la inversión de las empresas en la investigación universitaria no supone la privatización de la universidad. Eso sí, de lo que nadie duda a estas alturas es de que la enseñanza también es una cuestión de pasta y a la hora de hablar de estos asuntos el dinero siempre está en el lugar que no le corresponde.

Se acabó la huelga

Ya no habrá huelga mañana, ni tampoco Educación para la Ciudadanía en Inglés. La moratoria se ha hecho realidad dos días antes de que profesores, padres y alumnos abandonaran sus ocupaciones para protestar contra el estado de la enseñanza pública. Este aplazamiento permitirá que casi la mitad de los colegios de la comunidad pasen a impartir Educación para la Ciudadanía en castellano o valenciano. Todos se muestran contentos por el momento.

La cosa es tan sencilla que hasta un niño la entendería. Todo quedará bloqueado hasta final de curso, mientras la Conselleria trata de ponerse de acuerdo con la Plataforma por la Pública sobre sus reivindicaciones. Mientras tanto, en unos centros estudiarán Education for the Citizenship, en otros Educació para la Ciutadania y en otros Educación para la Ciudadanía a secas, según sus posibilidades. Y los que estudien en inglés tendrán que asistir a grupos de conversación con el profesor de la asignatura.

Si la Conselleria y la Plataforma no consiguieran ponerse de acuerdo antes del 15 de febrero, entonces el próximo curso volverá a estudiarse en inglés y la comunidad educativa volverá a echarse a la calle. Según la Plataforma, 44.000 padres se manifestaron en Valencia el 29-N contra la política de educación de la Generalitat. La Plataforma indica que continuarán las movilizaciones si la negociación fracasa.

Más valenciano para los que quieran

Debería facilitarse la enseñanza en valenciano, pero tampoco es cosa de obligar a todos los niños a estudiar en esta lengua. Esa es la conclusión con respecto a la Comunidad Valenciana del último informe anual del Consejo de Europa para la aplicación de la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias (disponible aquí).

“La Carta no exige una Educación obligatoria en valenciano para todos los alumnos, sólo que debería facilitarse que todos los alumnos reciban la educación en valenciano si los padres así lo desean” (traducción propia).

Eso sí, se le critica la falta de información y la inexistencia de un “modelo de enseñanza desarrollado” en valenciano. Al mismo tiempo, viene a decir que en algunas partes de España la gente no es consciente de la “realidad plurilingüe” de nuestro país. Con respecto a las comunidades autónomas donde se habla una lengua regional, se ofrecen diversas lecturas. Galicia Bilingüe repara en que el Consejo de Europa defiende la libertad lingüística en todos los territorios, gracias a su intermediación. Otros medios de comunicación (elmundo.es, El periódico de Extremadura, ABC), no obstante, advierten que el organismo felicita a Cataluña, Euskadi y Galicia por sus políticas de “normalización” lingüística, reconoce que gozan del reconocimiento de la Administración e incluso invita a otras comunidades a hacer lo mismo y más.

El informe también habla de otras lenguas que se hablan en España, entre ellas, el bable asturiano, la fabla aragonesa, el catalán en Aragón, el gallego en Asturias y Castilla y León, el portugués en Olivencia (Badajoz), el bereber en Melilla, el árabe en Ceuta, el romaní (lengua gitana) y el caló (una variante española del romaní). El Consejo Europeo quiere que los gobiernos las protejan.

¿Objeción de conciencia?

Ni en inglés, ni en castellano. Hay alumnos que no asisten a Educación para la Ciudadanía, a pesar de lo que haya dicho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Lo ha denunciado la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE-PV) –la cual forma parte de la Plataforma por la Pública–, y además advierte de que este hecho sucede, sobre todo, en los centros concertados.

Lo cierto es que el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado, pero algunos tribunales superiores de justicia ya han avalado la objeción a Ciudadanía, como es el caso de Andalucía. Otras comunidades, como Madrid, dan alternativas como la presentación de trabajos sobre la Constitución y los Derechos Humanos o tareas de voluntariado en los propios centros. Muchas organizaciones han reivindicado la aplicación del derecho a la objeción de conciencia para los padres que lo deseen y han visto que de momento no es tan difícil y de hecho la cifra de objetores supera ya las 50.000 personas. Los objetores se basan en las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por las que el derecho a la “objeción de conciencia” se extiende del servicio militar a cualquier cuestión que pertenezca al “claustro íntimo de creencias”. Numerosos grupos de presión y asociaciones defensoras de la ética que han protagonizado este movimiento explican a los padres cómo pueden objetar a Educación para la Ciudadanía. También la Comunidad de Madrid, a la que Zapatero estudia denunciar.

Ya son muchos los casos de objetores que se han sentido amenazados por el poder central. Desde profesores de centros públicos que ridiculizan a los niños cuyos padres han objetado hasta la publicación de los datos personales de los objetores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, suceso que ha sido denunciado por los padres. ¿Estamos ante una campaña de acoso y derribo por parte de la Consejería de Educación? ¿Es válida la objeción a la EpC o basta con denunciar “casos eventuales de adoctrinamiento”? El asunto sigue acumulando polvo en el Supremo.

Un profe con fama de suspender

José Luis Fernández Ruiz es un profesor de los de antes. Da clases de Biofísica en la Universidad de Oviedo y ha llegado a cargarse a 145 de sus 146 alumnos. Lo entrevistaron en el suplemento Campus de El Mundo y él no se mueve un ápice de sus posiciones. Tiene un punto de vista políticamente incorrecto de lo que significa la Universidad. El profesor Fernández expresa refiriéndose a su cometido como profesor universitario: “Nuestra obligación es crear hombres, los mejores posibles”.

A sus alumnos de Medicina no deben de hacerles mucha gracia esas ideas, amén de que la mitad de los estudiantes universitarios no acuden a clase o no llevan al día las asignaturas. El profesor Fernández, sin embargo, no se amilana. “Una Universidad debe imponer rigor, en lo que enseña y en lo que exige. Es la garantía del valor de los títulos que expende y que luego se esgrimirán en la sociedad como estandartes por los que los reciben”. Pero no todo es cosa de la universidad y del profesor. Para José Luis Fernández los alumnos deben responder con “asiduidad, esfuerzo, rendimiento de cuentas constante y mucha disciplina”.

Pero profesores así, además de ganar mala fama entre los alumnos, plantean multitud de cuestiones en las que hay diversas posturas. ¿Debe mantenerse un ritmo exigente aun cuando los alumnos no llegan al nivel correspondiente? ¿Puede la autoridad universitaria intervenir en la actividad de los profesores con más porcentaje de alumnos suspensos? ¿Quién es el verdadero responsable, los profesores o los alumnos? ¿Y cómo se puede saber en cada caso? El profesor Fernández considera que no debería haber interferencias de la superioridad porque él cumple con su deber. Y además opina que es una “tremenda iniquidad” consentir que el mundo laboral filtre a los alumnos antes que la universidad y sentencia: “Nuestra obligación es preparar al hombre en cuerpo y alma, y darle ilusión y alegría, y luego que él se vaya de casa a competir, pero no engañarle ahora para que después fracase fuera”. A unos les gustará más su estilo y a otros menos, pero el título de «hueso duro» ya no se lo quita nadie.

Del bullying al ciberacoso

Hay muchos que dicen que esto del acoso ha sucedido siempre y otros que se trata de un fenómeno actual. Pero de lo que no cabe duda es de que la violencia en las aulas –o el bullyng- es uno de los problemas latentes de la Educación. Un problema que, aunque minoritario, resulta difícil de cuantificar debido a que los alumnos agresores, los testigos y las víctimas tienden a negar que les afecta dicho problema. El segundo Informe del Defensor del Pueblo en 2007 a este respecto, o el famoso X Informe Cisneros, sin embargo, pusieron sobre aviso la violencia escolar en España.

En la Comunidad Valenciana, más del 80% de los alumnos de enseñanza secundaria afirma ir “a gusto” al centro de enseñanza secundaria, mientras que sólo un 10% manifiesta tener alguna situación conflictiva. No obstante, el 25% de los alumnos considera que no hay un clima agradable en el aula, mientras que la mayoría insiste en que el profesorado debería mostrarse “más comprensivo”. Aunque los psicólogos invitan a no alarmarse porque las cifras son muy bajas en España –en torno al 4%-, varios suicidios –como el de Jokin– o el uso de las nuevas tecnologías –como mensajes de móviles o palizas filmadas que se cuelgan en Youtube- como instrumento de acoso provocaron una conmoción en la comunidad educativa.

La abundante información que ha surgido desde que el fenómeno saltó a los medios de comunicación ha facilitado iniciativas como la del proyecto Enrédate de UNICEF, líneas telefónicas de ayuda contra el acoso o páginas web con información sobre lo que debe hacerse en caso del llamado bullying. La creciente conciencia social en toda Europa ha provocado que a menudo se lleve algún suceso de esta índole a los titulares de los telediarios. Los que parece que no se han concienciado son los acosadores, si bien ya es posible condenar a los menores a un régimen de libertad vigilada, internamiento, permanencias de fin de semana, prestaciones a la comunidad o actividades socioeducativas.