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Ante la crisis, ¿más educación?

Más gasto en Educación, sí, pero un mayor esfuerzo político. En eso podría resumirse el Informe que ha sacado esta semana el Consejo Escolar del Estado sobre la situación del sistema educativo referente al curso 2006-2007. “La educación es la mejor inversión de futuro en época de crisis”, afirma la Presidenta del Consejo, Carmen Maestre. A pesar de la difícil coyuntura económica, pide que la sociedad tome conciencia de la situación educativa, definiendo los objetivos de la urgencia de aumentar el gasto público: “dar estabilidad y eficacia al sistema educativo”. Así, materializa varias cuestiones en las que considera fundamental el apoyo de la Administración:

Educación infantil. Las distintas regulaciones del Primer Ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) “podrían conducir al deterioro de su carácter educativo”. Por tanto, demandan a las Administraciones la vinculación entre el primer y segundo ciclo y la garantía de “unos requisitos comunes de calidad”.

Competencia lectora e idiomas. Recuerda el Informe PISA, en el que se advertía de las dificultades de los adolescentes españoles para “analizar, relacionar e inferir” el contenido de los textos que se han leído. Propone al Ministerio de Educación que evalúe sistemáticamente la competencia lectora de los estudiantes. Sobre los idiomas, aún van más lejos: “Es preciso habilitar medidas que promuevan el aprendizaje de los idiomas desde edades tempranas, ampliar la dotación de becas en países extranjeros, extender las experiencias de currículos bilingües y, muy especialmente, garantizar la formación inicial y permanente del profesorado en el dominio de idiomas”.

Fracaso escolar. Que se dé un certificado a los alumnos que han estudiado la secundaria mientras tenían la edad aunque no hayan conseguido el graduado escolar, para que cuando salgan al mercado laboral no se encuentren “sin ninguna certificación”, facilitando la oferta a Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

Más oferta y flexibilidad en la educación posobligatoria. Proponen flexibilizar los cursos de Bachillerato para que los alumnos menores de 20 años que se hallen trabajando puedan sacar adelante sus estudios. Además quieren que se aumente la oferta de los Centros de Segunda Oportunidad para facilitar a los mayores de edad la posibilidad de obtener el título.

Integración escolar. Evitar la masificación de los inmigrantes en determinados centros, dotando a los centros de recursos humanos y materiales suficientes.

Convivencia. Las Administraciones no deben limitarse a reducir los conflictos escolares, sino “inculcar principios y hábitos” de convivencia y responsabilidad en los alumnos.

Con esto, el Consejo Escolar Estatal da un repaso a las principales problemas del sistema educativo que, durante ocho meses, La asignatura pendiente ha analizado para sus lectores. Además elabora unas propuestas que las diferentes Administraciones deberían considerar, al menos en los problemas que subraya, si verdaderamente tienen los ojos abiertos ante la situación educativa y no se han desligado completamente de los intereses de los ciudadanos.

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Los idiomas en la balanza

Font de Mora se enfrenta ahora a una denuncia del sindicato STEPV y Acció Cultural del País Valencià por no reconocer el título de Filología Catalana como título acreditativo en las oposiciones docentes para la enseñanza del valenciano. Le acusan de “malversación y desobediencia”, ya que existen hasta 15 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que reconocen esta titulación y una del Tribunal Supremo. El PP ha criticado que se denuncie a Font de Mora por “defender las señas de identidad valencianas”.

Entretanto, continúa la polémica sobre la situación de las Escuelas Oficiales de Idiomas, en las que se temía se reducirían los recursos así como la enseñanza de las lenguas minoritarias. Font de Mora ha destacado la difícil situación económica que está atravesando la Comunidad, y aunque afirmó que no se va a reducir la oferta formativa, aunque sí “se van a racionalizar los recursos, porque obligan las circunstancias”. Por otra parte, ha incidido de manera notable el caso de la Escuela Oficial de Idiomas de Alcoy, donde la situación de interinidad y los enfrentamientos internos entre campsistas y zaplanistas, según alega la parlamentaria del PSPV, Rebeca Soler, dieron lugar a la dimisión en pleno de la Junta Directiva de la Escuela y la discriminación de esta ciudad por parte de la Conselleria. La oposición socialista pedirá la comparecencia de Font de Mora para que aclare por qué aún no se han llevado a cabo los trámites de legalización de la Escuela de Idiomas de Alcoy.

Por otra parte, la Asociación de Profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) han acordado manifestarse el próximo 30 de junio ante la Conselleria de Educación. Los profesores desean manifiestar su desacuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento propuesto por la Conselleria. Entre sus reivindicaciones, hay que señalar la continuidad de escolarización del alumnado en los niveles avanzados en cualquier escuela, la creación de nuevos centros y no de meros aularios y una oferta pública de los niveles C -nivel superior en Idiomas reconocido por la UE- y que actualmente está en manos de la enseñanza privada. Su lema revela el grado de alarma al que se ha llegado: “Salvemos las EOI”.

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El valenciano como lengua vehicular

La mayoría de los centros de la Comunidad Valenciana emplea el Programa de Incorporación Progresiva del Valenciano (PIP), por el que se ofrecería el castellano como lengua vehicular y un mínimo de asignaturas en valenciano. No hay un modelo íntegramente en castellano para las zonas lingüísticas valencianoparlantes. Se trata de un modelo laxo pues no se establece el número máximo de asignaturas que pueden llegar a ofrecerse en lengua valenciana. Aunque los centros pueden acogerse a este programa, también pueden ajustarse a los programas PEV y PIL, modelos semejantes a los que se han estado implantando en Cataluña y que en los últimos años han ido imponiéndose especialmente en la provincia de Castellón. Siendo rigurosos, los programas de enseñanza que se ofrecen en la Comunidad Valenciana son los siguientes:

-El Programa de Inmersión Lingüística (PIL), enfocado a castellano parlantes. Este programa impartiría en los primeros cursos de primaria una enseñanza íntegramente en valenciano y en el segundo ciclo de primaria se introducirían paulatinamente asignaturas en castellano.

-El Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV), enfocado a valenciano parlantes y en zonas de predominio lingüístico valenciano. Este programa emplearía el valenciano como la lengua vehicular desde los primeros cursos de primaria y sólo se impartiría en castellano la asignatura de Lengua.

-El Programa de Incorporación Progresiva del Valenciano (PIP), dirigido a los centros de zonas de predominio lingüístico valenciano en los que no se aplican ni el PEV ni el PIL. Este programa obligaría como mínimo a impartir en primaria la asignatura de Conocimiento del Medio en valenciano y a ofrecer en secundaria al menos dos asignaturas en esta lengua además del Valenciano.

-El Programa de Educación Bilingüe Enriquecido, enfocado a ofrecer una enseñanza plurilingüe, de manera que los centros que adopten uno de los otros tres programas pueden añadir asignaturas en una lengua extranjera.

El art. 35 Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (Ley 4/1983) establece las zonas de predominio lingüístico valenciano y castellano. A estas últimas se ofrecería un Plan Básico para poder recibir una educación en castellano. De manera que, como han denunciado la Fundación Unidad + Diversidad y el partido Unión Progreso y Democracia, en la Comunidad Valenciana es la Administración quien determina qué programas deben darse en cada área, anteponiendo las zonas lingüísticas a la voluntad de los individuos y ofreciendo a los consejos escolares la posibilidad de impedir a los alumnos de las zonas consideradas valencianoparlantes recibir una educación en castellano.

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Sin derecho a elegir

La nueva Ley de Educación Catalana es un asunto que está dando que hablar en la política nacional. El tripartito ha aprobado al final un texto en el que se niega la tercera hora de castellano que exigía el Real Decreto 1513/2006 y la tesis bilingüista liderada por PPC y Ciutadans. Aunque el proceso lleva gestándose desde los años de Pujol, los padres no podrán elegir que la lengua vehicular para sus hijos sea el idioma que hablen en casa, sino necesariamente el catalán.

El PP, como el Gobierno, se propone presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ese en el que todavía está aparcado el Estatut y no ha resuelto aún si una comunidad autónoma pueda decidir libremente que la educación se imparta obligatoriamente en la lengua autóctona en vez de la común.

El proceso que está siguiendo el tripartito catalán es semejante al que durante años se gestó en el País Vasco –donde los nacionalistas de Eusko Alkartasuna poseían la cartera de Educación- y que ahora socialistas y populares intentan desmontar. Aunque el conseller de Educación, Ernest Maragall, insiste en que se pretende también garantizar el conocimiento de la lengua castellana, lo cierto es que si los padres antes tenían escasa libertad de elección, ahora la pierden absolutamente y por dos horas de Lengua Española a la semana, tendrán tres de Inglés. La lógica más elemental conduce a preguntarse cómo es posible que digan que se busca un bilingüismo armónico reduciendo a dos horas semanales la enseñanza de castellano, cuando tres horas de inglés no siempre garantiza unos conocimientos mínimos de esa lengua.

Entretanto, en la Comunidad Valenciana la polémica lingüística circula por otros derroteros. PSPV, EUPV y Compromís han criticado duramente que la Generalitat pretenda implantar en inglés en tres colegios públicos “a costa de la línea en valenciano”. Además EUPV y Compromis han pedido la comparecencia del conseller Alejandro Font de Mora, a quien han acusado de “antivalenciano” por “irritar de forma deliberada” a la comunidad educativa como respuesta a las críticas por su gestión.

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Chino mandarín

Ya dijo Rajoy que los idiomas importantes en la sociedad moderna son el inglés y el chino y en la Comunidad Valenciana se lo han tomado al pie de la letra. Alejandro Font de Mora se ha propuesto ahora introducir clases de chino mandarín para el curso 2010/2011 en la ESO y Bachillerato. La asignatura sería optativa y se incluiría de manera gradual. Después de la polémica de Ciudadanía, la oposición y los sindicatos consideran que esta propuesta supone una burla más.

El conseller alabó las posibilidades que ofrece el conocimiento del chino mandarín, la lengua más hablada del mundo y el idioma más utilizado de una de las potencias emergente con más calado en la actividad económica. De hecho, en Reino Unido ya se ha planteado la necesidad de incluir el chino en el programa educativo y Font de Mora no quiere menos para Valencia. En ABC tratan de calmar las críticas informando de que en el Grupo Lale-Elians se imparte el chino desde hace años. Los colegios de este grupo, para más señas, son centros privados, de orientación católica y no tienen ningún problema con el inglés porque pertenecen a la Asociación de Colegios Privados Británicos de España y su profesorado es británico.

Quien sí tiene problemas con el inglés, o eso dicen los sindicatos, son los centros que se han opuesto a la enseñanza de EpC en esta lengua y consideran que habrá que esperar a que se consolide el bilingüismo y el inglés antes de liarse con el chino. A la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública le ha molestado que Font de Mora no comunicara lo del chino mandarín en la mesa de negociación. El diputado del PSPV, Ángel Luna, va más allá: “Font de Mora está empezando a perder la cabeza”.

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Libertad de elegir

Se creía que sólo era cosa de Cataluña, Galicia o el País Vasco, pero en Castellón también han saltado las alarmas. De hecho, ya se venía anunciando que en algún colegio de la Comunidad no se permitía elegir la escolarización en castellano. Ahora además se ha creado una “Plataforma valenciana por la libertad lingüística”. Pablo Espionas, miembro de este organismo, relata su caso en una carta al director que publica la edición de El Mundo de este domingo:

“Resido en Benicàssim. Hay dos colegios públicos de primaria y en ninguno de ellos puedo escolarizar a mi hijo en castellano. De hecho, en Castellón sólo hay 10 centros públicos de primaria (de un total de 150) en los que un padre o madre puede elegir el castellano como lengua vehicular para la educación de sus hijos”.

Los únicos colegios públicos de enseñanza primaria que pueden encontrarse en Benicàssim son el Colegio Público Palmerar y el Colegio Público Santa Águeda. En un blog creado por algunos padres del Colegio Público Palmeral, por ejemplo, puede leerse lo siguiente:

“Se ha iniciado una campaña de acoso al uso del castellano en dicho centro, como habrá visto publicado en los medios con acciones por parte de la Directora del centro como acercarse a los niños durante el recreo y decirles que hay que hablar en valenciano, o incluso ir a las aulas y decirles a los alumnos que en el recreo han de hablar en valenciano. También se ha despedido a trabajadoras del comedor porque no hablan valenciano, y se ha dado instrucciones muy precisas de que toda comunicación en el colegio ha de hacerse en valenciano y no en castellano”.

Esta asociación reclama la vuelta al programa PIP, o Plan de Implantación Progresiva del valenciano, idioma contra el que manifiesta no tener nada en contra. Además ha pedido a la Conselleria que “garantice a los padres esta elección en cualquier centro de enseñanza público”. Y parece que va a tomar cartas en el asunto.

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Una casilla para el castellano

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia favorable al uso del bilingüismo en los colegios de Cataluña y a la Generalitat parece no haberle hecho mucha gracia. Confirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, iniciada por la asociación Convivencia Cívica Catalana en 2004, ahora los centros educativos deberán incluir una casilla que permita a los padres escoger el idioma en que deseen que sean escolarizados sus hijos.

Ciudadanos de Cataluña y el PP han aplaudido el dictamen. El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, considera que esta sentencia pone fin a la “inmersión lingüística” y la “discriminación” de los hispanohablantes. Pero tampoco considera que la cosa esté para tirar cohetes, porque el Gobierno de la Generalitat quiere reformar su Ley de Educación e incluir en el texto que los alumnos menores de 8 años que lleguen a Cataluña sólo puedan ser escolarizados durante un curso en castellano; el resto deberá ser en catalán.

Pero opiniones hay para todos los gustos y Bernat Joan, secretario de Política Lingüística de la Generalidad, sugiere que esta sentencia “no tendrá trascendencia y que no afectará al modelo”. Además ha traído de nuevo a colación el informe del Consejo de Europa, en el que se incita a la defensa de las lenguas cooficiales a la vez que se respalda el derecho a elegir.

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