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Y el rumano, que no falte

En los últimos días, el conseller Alejandro Font de Mora se trasladó a Madrid para reunirse con el nuevo ministro Ángel Gabilondo para presentarle las demandas de la Generalitat: algún tipo de concertación en enseñanza infantil y fondos de compensación estatal para combatir el fracaso escolar. A su regreso, sin embargo, la cuestión de los idiomas ha vuelto a suscitar su preocupación por otra lengua, el rumano, que no se haya lo suficientemente protegida. El gasto de las clases de rumano, que se realizará en horas extaescolares en los centros públicos, correrá a cargo de las organizaciones de rumanos o de la Embajada, y sólo se impartirá si existe un interés mayoritario. El objetivo de favorecer la enseñanza de la lengua y la cultura rumanas es que los rumanos que tengan que regresar a su país debido a la crisis “no pierdan el contacto con sus orígenes”.

Su gestión sigue siendo cuestionada desde que el pasado 28 de abril se celebrara una huelga educativa marcada por la polémica entre sindicatos y asociaciones de padres de distinta sensibilidad. Pero ahora quien más ha llamado la atención de los huelguistas es el alcalde de Xátiva, Alfonso Rus (PP), que tal como han recogido varios periódicos, exclamó en un mitin: “A esos que querían ponernos la cabeza boca abajo, no vamos a darles el gusto. ¡Vamos a rematarlos, vamos a rematarlos”. Y más tarde: “”No sé si será bueno o malo, pero dije que esos son gilipollas y me quedé a gusto con esos sinvergüenzas”. A estas declaraciones siguieron las palabras del concejal socialista de Xátiva, Rafael Llorens: “Tengo un recado de mi mujer: eres un gilipollas”. En la web de la Plataforma, los insultos continúan. Todo un alarde de educación que demuestra la absoluta pérdida de las formas a todos los niveles.

Mientras se intercambian insultos en la Comunitat, el ministro Ángel Gabilondo busca un pacto educativo con las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales. Un pacto en el que el PP trata de anteponer la libertad de enseñanza a cuestiones como Educación para la Ciudadanía, pero ha dejado claro que no se conformará con una simple foto. Fotos faltarán para arreglar la fisonomía de un panorama educativo que está haciendo aguas y no tiene visos de inmediata recuperación. El Presidente del Gobierno, que afirmó que no habría recortes sociales por la crisis, reducirá los gastos del Ministerio de Educación y Política Social en 105 millones de euros.

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La universidad entra en el banco (y otros sitios)

El movimiento antibolonia ha sobrepasado en algunos lugares los límites de la universidad. Mientras los ministros de Educación de los 46 países que integran el proceso de Bolonia se reunían el pasado miércoles en Lovaina (Bélgica) para debatir sobre el desarrollo del Plan, cientos de estudiantes han salido a las calles en distintas ciudades españolas y europeas para protestar, una vez más, contra el Plan Bolonia. Resulta significativo, sin embargo, el caso de Barcelona, donde cuatro alumnos han llegado a ocupar el Comisionado de Universidades de Esquerra Republicana de Cataluña y entre 50 y 60 la sede del Banco Santander. El lema era pegadizo: “Si el banco entra en la Universidad, la Universidad entra en el banco”. Por la tarde, sin embargo, ya habían abandonado los edificios.

El nuevo Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha insistido en que los ministros de Educación “no pretenden buscar la máxima rentabilidad” de la Universidad a costa del plano social y que trabajará “muy seriamente” para que la Universidad no esté sometida a los intereses de mercado. Además ha destacado que la participación de la empresa en las universidades españoles es mucho menor que en otros países. Sobre la adaptación a Bolonia ha valorado el informe de evaluación de seguimiento, que revelan que España obtiene una media de 4 puntos sobre 5 (frente al 3,5 del año pasado), y se considera satisfecho porque “la orientación es la adecuada”.

La protesta contra Bolonia en Alicante concidió con la protesta de los sindicatos del pasado martes. Como era de esperar, hubo algunos encontronazos. En el contexto de las movilizaciones contra el EEES, algunos profesores de la Universidad de Alicante se han unido a la llamada “Declaración del Ateneo”, un documento firmado en Madrid en el que se declara que el Plan Bolonia es un cambio de modelo encubierto dirigido a mercantilizar la universidad y no una mera homologación de títulos y facilitación de la movilidad universitaria. Además piden una moratoria para la implementación del proceso para que pueda debatirse “de una forma transparente y democrática”.

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Baile de cifras

Acabada la huelga educativa, llega siempre el baile de las cifras y el rifirrafe de las reacciones. A la Conselleria de Educación fijó la participación en un “escaso 20% de los profesores”, mientras que la Plataforma por la Enseñanza Pública señaló que el 70% de los docentes se sumaron al paro educativo. Una amplísima diferencia de apreciaciones técnicas que representaría el abismo que en estos momentos media entre los sindicatos y la Generalitat. Luego, en el capítulo de las reacciones, las espadas se mantuvieron en alta y si la Plataforma anuncia paros y encierros señalados cada semana, el gobierno valenciano invita a los sindicatos a que abandonen sus reivindicaciones.

La huelga vino acompañada de tres manifestaciones en Valencia, Alicante y Castellón, a las que acudieron profesores, alumnos, padres y madres que reclamaban un cambio en la política educativa del Gobierno valenciano y la dimisión de Font de Mora. Estaba previsto que ese mismo día compareciese la Secretaria Autonómica de Educación en la Comisión de Educación y Cultura de las Cortes para explicar las negociaciones con la mesa sectorial. Pero al llenarse la sala con los miembros de la Plataforma, que fueron invitados por la portavoz de la agrupación de diputados no adscritos, Glòria Marcos (ex Coordinadora General de la Esquerra), la presidenta de la Comisión, María Soledad Llinares, decidió suspender la sesión por “la falta de espacio” para albergar a tantas personas.

El PP estudia además trasladar el incidente a la Fiscalía General del Estado por si constituyera motivo de delito, ya que entiende que “interrumpieron el desarrollo normal de una comisión”. Alejandro Font de Mora, por su parte, intenta evidenciar que ha salido fortalecido de la huelga y que se ha demostrado la “politización” de la misma. La Plataforma, por su parte, no ceja en sus esfuerzos para hacer realidad sus reivindicaciones, si bien nunca se sabrá qué habría pasado si se hubiese celebrado la huelga cuando se había previsto, justo después de que se concediese una moratoria a la Citizenship y los manifestantes se hayan mucho más unidos.

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La huelga amarilla se calienta

Ramón López, presidente de la FAPA Gabriel Miró, de Alicante, declara en una entrevista para Información sobre la huelga de este martes: “No se pueden usar las cuerdas para empujar sino para tirar y parece que algunos, no todos, usen la huelga como lanzadera para otros objetivos mientras nuestro único interés son nuestros hijos”. El colectivo de padres, que ha decidido desvincularse del paro organizado por la Plataforma por la Enseñanza Pública, reconoce tener objetivos similares, pero marca distancias. “Trece puntos no aseguran la calidad del sistema educativo para nada”, sentencia.

En la misma línea, los inspectores educativos han criticado que la huelga sustituye “la normalidad democrática por la presión para hacer realidad determinadas tesis políticas”. También los sindicatos ANPE, CSIF y USO se desvinculan del paro educativo y denuncian la “politización” de la Plataforma por la Enseñanza Pública, integrada por las asociaciones de padres como por los sindicatos UGT, CCOO y STEPV-iV, que en la última ha semana han organizado varios actos para caldear el ambiente. Y no se trata de una expresión gratuita, pues más de trescientas personas convocadas por la Plataforma celebraron un “acto de fe” en el que quemaron en una hoguera cartones y ninots de los personajes públicos que a su juicio son responsables del desastre educativo y lanzaron proclamas en inglés, chino y castellano contra el conseller Alejandro Font de Mora. Muchos de ellos llevaban algún distintivo amarillo, color de la Plataforma.

La Plataforma por la Enseñanza Pública, sin embargo, se desvincula de las acusaciones que se vierten sobre ella. También en una entrevista para Información, declara el portavoz de la Plataforma, Ismael Vicedo: “Los que intentan politizar la huelga son esos sindicatos que quieren desacreditarnos y desmovilizar al profesorado. Les preguntaría si ven bien la política educativa en la Comunidad”. Sobre la FAPA Gabriel Miró, la Plataforma confía en que se produzca un acercamiento antes de julio, aunque no se haya unido a la huelga. Ismael Vicedo espera que sea un éxito y que ante la presión de los sindicatos la Conselleria “tenga que mover pieza al día siguiente”.

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La huelga se mantiene

El Conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, no cree conveniente tomar todas las medidas que le exige la Plataforma por la Enseñanza Pública a menos que desconvoque la huelga. Eso es, en definitiva, lo que ha considerado el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, en un documento definitivo que ha presentado poco antes de las vacaciones de Semana Santa. La Plataforma por la Enseñanza Pública le ha respondido que eso es un “brutal chantaje” y que se mantiene la huelga para el día 28 de abril.

En el documento, la Conselleria se compromete a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad sobre la orden para impartir Ciudadanía, el mantenimiento de las comisiones de escolarización todo el año para las nuevas incorporaciones que se produzcan a lo largo del curso, apoyar la autonomía de los centros para el diseño de programas de las lenguas cooficiales y un plan específico para abordar las exigencias del modelo plurilingüe, que se traduciría en más formación para los profesores.

Entretanto, la Conselleria ha informado de que el próximo curso se aumentarán las becas en un 20% para los estudiantes y se repartirán entre el bono infantil, bono-libro, las becas para adquisición de libros de texto y las subvenciones para comedor y transporte escolar, de manera que las ayudas ascenderían hasta 151,3 millones de euros. Esta medida se produce después de que la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) llevase a los tribunales al Consell porque a su juicio discriminarían a los alumnos matriculados en centros concertados al no asumir el coste de comedor y transporte escolar.

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Bolonia, entre la calle y las urnas

El movimiento anti-Bolonia se ha recrudecido en los últimos días. Después de la batalla campal de Barcelona -que se saldó con alrededor de 100 heridos entre Mossos d’Esquadra, estudiantes, periodistas y gente que pasaba por allí-, las asambleas estudiantiles de las universidades de Valencia y Alicante han protagonizado nuevas revueltas.

En la UA decenas de estudiantes se dirigieron al Rectorado y apostaron sillas y mesas contra las puertas del edificio, impidiendo trabajar a los funcionarios y a todo el equipo de Gobierno. Aunque el rector Ignacio Jiménez Raneda trató de disolverlos, los alumnos se resistieron y no abandonaron el edificio hasta doce horas más tarde. En la Universidad de Valencia, los estudiantes contra Bolonia se manifestaron y cortaron el tráfico de la Avenida Blasco Ibáñez antes de conseguir penetrar en el Rectorado. Esta vez no trataron de reventar la reunión del Consejo de Gobierno y la Policía se mantuvo al margen.

Después de las imágenes de los enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra los alumnos, la batalla dialéctica también ha aumentado su intensidad. Cuando se aproximan las elecciones a Claustro en la UA, la Asamblea de Estudiantes ya tiene su propia candidatura: Plataforma d’Estudiants (APE), que englobaría a Universitarios Progresistas (UP), SEPC (Sindicato dels Països Catalans) y la Asamblea de Estudiantes Antibolonia. En las elecciones del pasado año, Cristian Sirvent –actual presidente del Consejo de Alumnos- obtuvo la mayoría por el socialista Campus Jove con una mayoría de 60 representantes de 78. Además de la rivalidad que mantiene con el movimiento antibolonia, estas elecciones se enfrentará a una escisión de su propio partido, la Asociación de Alumnos por la Universidad de Alicante (ALUA), que amenaza su hegemonía.

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Polémica del agua caliente

Todo el que haya pasado por un instituto habrá sido testigo, al menos una vez, del enfrentamiento entre algún profesor y la Dirección. Eso es lo que lleva pasando desde el pasado mes de diciembre en el IES Joanot Martorell de Elche, donde se ha abierto expediente a un profesor de Educación Física, José Ramón Navarro, por quejarse al conserje, al parecer en tono airado, de que los estudiantes tuvieran que ducharse con agua fría. El profesor se disculpó, pero ahora ha recibido una denuncia y los afectados consideran que la cosa va mucho más allá del rifirrafe de gimnasia.

La Plataforma por la Defensa de la Enseñanza Pública, que espera de un momento a otro la ruptura de las negociaciones con Alejandro Font de Mora, ha convocado una concentración para el lunes 23 de febrero a las 13:00 delante del colegio Joanot Martorell para apoyar al profesor expedientado definitivamente con 20 días de suspensión de empleo y sueldo, después de que se llegara a hablar de apartarle durante dos años de la enseñanza en este centro.

Desde que se desconvocara la huelga educativa para entablar negociaciones con la Conselleria de Educación hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo sobre los 13 puntos acerca del Manifiesto de la Plataforma. Con la ayuda de los sindicatos CC OO, UGT y STEPV, estudian convocar nuevas movilizaciones. Y todo indica que esta vez va en serio.

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