Los idiomas en la balanza

Font de Mora se enfrenta ahora a una denuncia del sindicato STEPV y Acció Cultural del País Valencià por no reconocer el título de Filología Catalana como título acreditativo en las oposiciones docentes para la enseñanza del valenciano. Le acusan de «malversación y desobediencia», ya que existen hasta 15 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que reconocen esta titulación y una del Tribunal Supremo. El PP ha criticado que se denuncie a Font de Mora por «defender las señas de identidad valencianas».

Entretanto, continúa la polémica sobre la situación de las Escuelas Oficiales de Idiomas, en las que se temía se reducirían los recursos así como la enseñanza de las lenguas minoritarias. Font de Mora ha destacado la difícil situación económica que está atravesando la Comunidad, y aunque afirmó que no se va a reducir la oferta formativa, aunque sí «se van a racionalizar los recursos, porque obligan las circunstancias». Por otra parte, ha incidido de manera notable el caso de la Escuela Oficial de Idiomas de Alcoy, donde la situación de interinidad y los enfrentamientos internos entre campsistas y zaplanistas, según alega la parlamentaria del PSPV, Rebeca Soler, dieron lugar a la dimisión en pleno de la Junta Directiva de la Escuela y la discriminación de esta ciudad por parte de la Conselleria. La oposición socialista pedirá la comparecencia de Font de Mora para que aclare por qué aún no se han llevado a cabo los trámites de legalización de la Escuela de Idiomas de Alcoy.

Por otra parte, la Asociación de Profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) han acordado manifestarse el próximo 30 de junio ante la Conselleria de Educación. Los profesores desean manifiestar su desacuerdo con el Reglamento de Organización y Funcionamiento propuesto por la Conselleria. Entre sus reivindicaciones, hay que señalar la continuidad de escolarización del alumnado en los niveles avanzados en cualquier escuela, la creación de nuevos centros y no de meros aularios y una oferta pública de los niveles C -nivel superior en Idiomas reconocido por la UE- y que actualmente está en manos de la enseñanza privada. Su lema revela el grado de alarma al que se ha llegado: «Salvemos las EOI».

1350 euros para quienes estén «en riesgo de fracaso»

La última del nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, consiste en reducir el fracaso escolar con dinero… pero amoldándose a la tiranía de las cifras. Según ha declarado en el Congreso de los Diputados, el Gobierno dará 1350 euros de «becas de mantenimiento» a los alumnos de secundaria que se encuentren en riesgo de abandonar los estudios por no haber alcanzado la titulación correspondiente en la edad convenida. Así, el ministro de Educación pretende demostrar que las becas «no son una política más» del Gobierno socialista. En la misma línea que emprendió hace unos años la administración andaluza, el Gobierno ofrecerá un trato desigual a los alumnos que aprueban con normalidad frente a los que muy probablemente abandonarían sus estudios.

La política de becas de Ángel Gabilondo no sólo se circunscribe a la secundaria. También le preocupa la situación de los universitarios y otorgará una «beca-salario» de 2800 euros a los alumnos universitarios, una «ayuda compensatoria que se ofrecerá según el umbral de renta de la familia del alumno». Este es uno de lospuntos del Plan de Acción 2009 con el que el Gobierno pretende hacer frente a la crisis. Además Gabilondo ha recordado la puesta en marcha de las becas para financiar la matrícula de los máster. El Gobierno destinaría hasta 70 millones de euros para las personas entre 25 y 40 años que se encuentren en situación de desempleo y deseen cursar estudios de posgrado el próximo curso.

El ministro ha completado su repaso a la situación de la educación hablando sobre el grado de aplicación del Plan Bolonia, la gratuidad para la educación infantil de 0 a 3 años y la reforma de la Formación Profesional. Ésta ha sido la primera comparecencia de Ángel Gabilondo ante la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados. En los próximos días está previsto que el Ministerio de Educación informe a las universidades públicas de cómo se van a financiar las becas para financiación de máster.

La encuesta picante

Unos alumnos de 4.º de la ESO de un instituto público de Requena reciben una encuesta elaborada por su profesora de Biología para la asignatura optativa «Proyecto». La encuesta acaba corriendo por los cursos inferiores, entre niños de doce años. Uno de los papeles llega a los ojos de un padre, que tras leer el contenido de la encuesta hace llegar una denuncia a la inspección educativa. La dirección del centro, al enterarse del motivo por el que se ha interpuesto la denuncia, pide disculpas y retira la encuesta. La profesora de Biología pide la baja. Pero, ¿qué es lo que preguntaban en aquella polémica encuesta?

Entre otras cosas, “¿por qué los negros la tienen más grande?”, “¿dónde has hecho el amor más veces?”, “¿dónde está el punto G femenino?”, “¿dónde te has masturbado más veces?”, “¿por qué hay hombres que se corren antes que otros?”, “¿de qué nacionalidad son los hombres que aguantan más en la cama?” y así un largo etcétera que ha puesto en guardia a los padres con la dirección del instituto. La directora del centro, Maria Dolores Gómez, es concejala de Educación y la psicóloga del centro, Pilar Pallardó, concejala de Bienestar Social e Igualdad. Pero no van a hacer declaraciones oficiales porque entienden que el asunto “hay que resolverlo en el ámbito educativo”.

Cuenta el diario Levante que “la mayoría de los alumnos apoyan a la profesora que tuteló la encuesta sobre sexo” y reivindicarán que no se tomen medidas contra ella. Además aclaran que la encuesta estaba pensada para alumnos de dieciséis años y que no se fueron repartiendo por las aulas de los cursos inferiores, sino que “se avisó por megafonía de la existencia de las mismas” y que fueron algunos alumnos de 1.º de la ESO los que decidieron realizarlas voluntariamente. Además dicen que las preguntas más “subidas de tono” sólo pretendían hacer más amena la encuesta. Justifique esto la elaboración de las encuestas o lo empeore todavía más, la noticia ha llegado hasta la Conselleria de Educación, que considera la encuesta inapropiada para alumnos de esa edad, al igual que al AMPA del centro, que la califica de “desacertada”.

¿Pacto educativo?

La Conferencia Sectorial del pasado martes deja traslucir todavía ciertas reservas en la Comunidad contra la medida gubernamental de portátiles para todos. Font de Mora ha criticado que se lancen estas campañas consultando a posteriori a las comunidades autónomas, que tienen que desembolsar parte de la subvención, sin preguntarse antes por la viabilidad de estos proyectos. En los próximos días continuarán las reuniones para concretar la financiación

Pero no es esa la única cuestión que se ha tratado en la Conferencia Sectorial. También se ha hablado del pacto educativo que el nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, pretende ultimar con las comunidades autónomas y los agentes sociales para hacer frente a problemas como el fracaso escolar, la educación de 0 a 3 años, la nueva Formación Profesional o la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, cuya competencia actualmente corresponde al Ministerio de Educación. Son cuestiones, sin embargo, en las que tiene suma importancia las medidas que se adopten en las autonomías.

Font de Mora, al tiempo que ha destacado los cuestionados planes del Consell para hacer frente al fracaso escolar, ha incidido en aspectos de índole nacional, como es la necesidad del cambio de modelo educativo o la reforma del Bachillerato. El conseller insiste además en que están dispuestos a trabajar para llegar a un acuerdo, pero que no le concederán a Gabilondo “ningún cheque en blanco”.

El valenciano como lengua vehicular

La mayoría de los centros de la Comunidad Valenciana emplea el Programa de Incorporación Progresiva del Valenciano (PIP), por el que se ofrecería el castellano como lengua vehicular y un mínimo de asignaturas en valenciano. No hay un modelo íntegramente en castellano para las zonas lingüísticas valencianoparlantes. Se trata de un modelo laxo pues no se establece el número máximo de asignaturas que pueden llegar a ofrecerse en lengua valenciana. Aunque los centros pueden acogerse a este programa, también pueden ajustarse a los programas PEV y PIL, modelos semejantes a los que se han estado implantando en Cataluña y que en los últimos años han ido imponiéndose especialmente en la provincia de Castellón. Siendo rigurosos, los programas de enseñanza que se ofrecen en la Comunidad Valenciana son los siguientes:

-El Programa de Inmersión Lingüística (PIL), enfocado a castellano parlantes. Este programa impartiría en los primeros cursos de primaria una enseñanza íntegramente en valenciano y en el segundo ciclo de primaria se introducirían paulatinamente asignaturas en castellano.

-El Programa de Enseñanza en Valenciano (PEV), enfocado a valenciano parlantes y en zonas de predominio lingüístico valenciano. Este programa emplearía el valenciano como la lengua vehicular desde los primeros cursos de primaria y sólo se impartiría en castellano la asignatura de Lengua.

-El Programa de Incorporación Progresiva del Valenciano (PIP), dirigido a los centros de zonas de predominio lingüístico valenciano en los que no se aplican ni el PEV ni el PIL. Este programa obligaría como mínimo a impartir en primaria la asignatura de Conocimiento del Medio en valenciano y a ofrecer en secundaria al menos dos asignaturas en esta lengua además del Valenciano.

-El Programa de Educación Bilingüe Enriquecido, enfocado a ofrecer una enseñanza plurilingüe, de manera que los centros que adopten uno de los otros tres programas pueden añadir asignaturas en una lengua extranjera.

El art. 35 Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (Ley 4/1983) establece las zonas de predominio lingüístico valenciano y castellano. A estas últimas se ofrecería un Plan Básico para poder recibir una educación en castellano. De manera que, como han denunciado la Fundación Unidad + Diversidad y el partido Unión Progreso y Democracia, en la Comunidad Valenciana es la Administración quien determina qué programas deben darse en cada área, anteponiendo las zonas lingüísticas a la voluntad de los individuos y ofreciendo a los consejos escolares la posibilidad de impedir a los alumnos de las zonas consideradas valencianoparlantes recibir una educación en castellano.

¿Portátiles para todos?

Nada de un portátil por cada niño de 5.º de primaria. Entre 50 y 90 euros de “bono-digital” y punto. En eso pretendía concretarse, ya desde antes del Debate del Estado de la Nación, la dotación de ordenador a los escolares. Como ha declarado el nuevo Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, esa propuesta no es aislada, sino que forma parte de un proceso de modernización de la escuela que, no obstante, varias comunidades han emprendido por su cuenta. Ahora, sin embargo, se reunirá con las comunidades autónomas para concretar en cuánto contribuirá el Ejecutivo y cómo va a desarrollarse.

Como las competencias educativas están en manos de las autonomías, las negociaciones serán difíciles. No existe un sistema operativo concreto con el que vinieran equipados estos ordenadores, ya que si en algunas comunidades las escuelas emplean Microsoft otras, como la Comunidad Valenciana, utilizan mayoritariamente Linux. El impulsor de este software ha criticado la medida del Gobierno porque supondría “vender el futuro del país a Microsoft”. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, dice que las comunidades podrán elegir el programa que más les convenga.

Fuera del ámbito económico, varios sindicatos han criticado que promocionar los ordenadores portátiles es una medida que no ayuda a mejorar necesariamente la educación de los niños. CSI-CSIF considera más importante la formación de los docentes que las nuevas tecnologías. USO ha calificado la medida de “burla” y ANPE la considera “efectista”. Sólo FETE-UGT, afín al PSOE, cree que es una iniciativa positiva, aunque defiende que se forme también al profesorado y el asunto se debata también con los agentes sociales y no genere polémica entre su forma de aplicación en unas comunidades y otras. De momento, Ángel Gabilondo se reunirá con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial el próximo martes 19 de mayo.

Y el rumano, que no falte

En los últimos días, el conseller Alejandro Font de Mora se trasladó a Madrid para reunirse con el nuevo ministro Ángel Gabilondo para presentarle las demandas de la Generalitat: algún tipo de concertación en enseñanza infantil y fondos de compensación estatal para combatir el fracaso escolar. A su regreso, sin embargo, la cuestión de los idiomas ha vuelto a suscitar su preocupación por otra lengua, el rumano, que no se haya lo suficientemente protegida. El gasto de las clases de rumano, que se realizará en horas extaescolares en los centros públicos, correrá a cargo de las organizaciones de rumanos o de la Embajada, y sólo se impartirá si existe un interés mayoritario. El objetivo de favorecer la enseñanza de la lengua y la cultura rumanas es que los rumanos que tengan que regresar a su país debido a la crisis «no pierdan el contacto con sus orígenes».

Su gestión sigue siendo cuestionada desde que el pasado 28 de abril se celebrara una huelga educativa marcada por la polémica entre sindicatos y asociaciones de padres de distinta sensibilidad. Pero ahora quien más ha llamado la atención de los huelguistas es el alcalde de Xátiva, Alfonso Rus (PP), que tal como han recogido varios periódicos, exclamó en un mitin: «A esos que querían ponernos la cabeza boca abajo, no vamos a darles el gusto. ¡Vamos a rematarlos, vamos a rematarlos». Y más tarde: «»No sé si será bueno o malo, pero dije que esos son gilipollas y me quedé a gusto con esos sinvergüenzas». A estas declaraciones siguieron las palabras del concejal socialista de Xátiva, Rafael Llorens: «Tengo un recado de mi mujer: eres un gilipollas». En la web de la Plataforma, los insultos continúan. Todo un alarde de educación que demuestra la absoluta pérdida de las formas a todos los niveles.

Mientras se intercambian insultos en la Comunitat, el ministro Ángel Gabilondo busca un pacto educativo con las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales. Un pacto en el que el PP trata de anteponer la libertad de enseñanza a cuestiones como Educación para la Ciudadanía, pero ha dejado claro que no se conformará con una simple foto. Fotos faltarán para arreglar la fisonomía de un panorama educativo que está haciendo aguas y no tiene visos de inmediata recuperación. El Presidente del Gobierno, que afirmó que no habría recortes sociales por la crisis, reducirá los gastos del Ministerio de Educación y Política Social en 105 millones de euros.

Sin derecho a elegir

La nueva Ley de Educación Catalana es un asunto que está dando que hablar en la política nacional. El tripartito ha aprobado al final un texto en el que se niega la tercera hora de castellano que exigía el Real Decreto 1513/2006 y la tesis bilingüista liderada por PPC y Ciutadans. Aunque el proceso lleva gestándose desde los años de Pujol, los padres no podrán elegir que la lengua vehicular para sus hijos sea el idioma que hablen en casa, sino necesariamente el catalán.

El PP, como el Gobierno, se propone presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ese en el que todavía está aparcado el Estatut y no ha resuelto aún si una comunidad autónoma pueda decidir libremente que la educación se imparta obligatoriamente en la lengua autóctona en vez de la común.

El proceso que está siguiendo el tripartito catalán es semejante al que durante años se gestó en el País Vasco –donde los nacionalistas de Eusko Alkartasuna poseían la cartera de Educación- y que ahora socialistas y populares intentan desmontar. Aunque el conseller de Educación, Ernest Maragall, insiste en que se pretende también garantizar el conocimiento de la lengua castellana, lo cierto es que si los padres antes tenían escasa libertad de elección, ahora la pierden absolutamente y por dos horas de Lengua Española a la semana, tendrán tres de Inglés. La lógica más elemental conduce a preguntarse cómo es posible que digan que se busca un bilingüismo armónico reduciendo a dos horas semanales la enseñanza de castellano, cuando tres horas de inglés no siempre garantiza unos conocimientos mínimos de esa lengua.

Entretanto, en la Comunidad Valenciana la polémica lingüística circula por otros derroteros. PSPV, EUPV y Compromís han criticado duramente que la Generalitat pretenda implantar en inglés en tres colegios públicos “a costa de la línea en valenciano”. Además EUPV y Compromis han pedido la comparecencia del conseller Alejandro Font de Mora, a quien han acusado de “antivalenciano” por “irritar de forma deliberada” a la comunidad educativa como respuesta a las críticas por su gestión.

La universidad entra en el banco (y otros sitios)

El movimiento antibolonia ha sobrepasado en algunos lugares los límites de la universidad. Mientras los ministros de Educación de los 46 países que integran el proceso de Bolonia se reunían el pasado miércoles en Lovaina (Bélgica) para debatir sobre el desarrollo del Plan, cientos de estudiantes han salido a las calles en distintas ciudades españolas y europeas para protestar, una vez más, contra el Plan Bolonia. Resulta significativo, sin embargo, el caso de Barcelona, donde cuatro alumnos han llegado a ocupar el Comisionado de Universidades de Esquerra Republicana de Cataluña y entre 50 y 60 la sede del Banco Santander. El lema era pegadizo: “Si el banco entra en la Universidad, la Universidad entra en el banco”. Por la tarde, sin embargo, ya habían abandonado los edificios.

El nuevo Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha insistido en que los ministros de Educación “no pretenden buscar la máxima rentabilidad” de la Universidad a costa del plano social y que trabajará “muy seriamente” para que la Universidad no esté sometida a los intereses de mercado. Además ha destacado que la participación de la empresa en las universidades españoles es mucho menor que en otros países. Sobre la adaptación a Bolonia ha valorado el informe de evaluación de seguimiento, que revelan que España obtiene una media de 4 puntos sobre 5 (frente al 3,5 del año pasado), y se considera satisfecho porque “la orientación es la adecuada”.

La protesta contra Bolonia en Alicante concidió con la protesta de los sindicatos del pasado martes. Como era de esperar, hubo algunos encontronazos. En el contexto de las movilizaciones contra el EEES, algunos profesores de la Universidad de Alicante se han unido a la llamada “Declaración del Ateneo”, un documento firmado en Madrid en el que se declara que el Plan Bolonia es un cambio de modelo encubierto dirigido a mercantilizar la universidad y no una mera homologación de títulos y facilitación de la movilidad universitaria. Además piden una moratoria para la implementación del proceso para que pueda debatirse “de una forma transparente y democrática”.

Baile de cifras

Acabada la huelga educativa, llega siempre el baile de las cifras y el rifirrafe de las reacciones. A la Conselleria de Educación fijó la participación en un “escaso 20% de los profesores”, mientras que la Plataforma por la Enseñanza Pública señaló que el 70% de los docentes se sumaron al paro educativo. Una amplísima diferencia de apreciaciones técnicas que representaría el abismo que en estos momentos media entre los sindicatos y la Generalitat. Luego, en el capítulo de las reacciones, las espadas se mantuvieron en alta y si la Plataforma anuncia paros y encierros señalados cada semana, el gobierno valenciano invita a los sindicatos a que abandonen sus reivindicaciones.

La huelga vino acompañada de tres manifestaciones en Valencia, Alicante y Castellón, a las que acudieron profesores, alumnos, padres y madres que reclamaban un cambio en la política educativa del Gobierno valenciano y la dimisión de Font de Mora. Estaba previsto que ese mismo día compareciese la Secretaria Autonómica de Educación en la Comisión de Educación y Cultura de las Cortes para explicar las negociaciones con la mesa sectorial. Pero al llenarse la sala con los miembros de la Plataforma, que fueron invitados por la portavoz de la agrupación de diputados no adscritos, Glòria Marcos (ex Coordinadora General de la Esquerra), la presidenta de la Comisión, María Soledad Llinares, decidió suspender la sesión por “la falta de espacio” para albergar a tantas personas.

El PP estudia además trasladar el incidente a la Fiscalía General del Estado por si constituyera motivo de delito, ya que entiende que “interrumpieron el desarrollo normal de una comisión”. Alejandro Font de Mora, por su parte, intenta evidenciar que ha salido fortalecido de la huelga y que se ha demostrado la “politización” de la misma. La Plataforma, por su parte, no ceja en sus esfuerzos para hacer realidad sus reivindicaciones, si bien nunca se sabrá qué habría pasado si se hubiese celebrado la huelga cuando se había previsto, justo después de que se concediese una moratoria a la Citizenship y los manifestantes se hayan mucho más unidos.