Dedocracia en el Ministerio de Educación

Los estudiantes ya sabían que con la Ministra Mercedes Cabrera la cosa no marchaba bien. La Unión Democrática de Estudiantes decidió llevar ante la Justicia al Ministerio de Educación por haber nombrado «a dedo» a dos representantes estudiantiles de la Comisión Permanente del Observatorio de la Convivencia. Ahora la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado los nombramientos por considerar que considerar que se oponían al Real Decreto 278/2007 en el que se establecía que los miembros de la Comisión debían ser elegidos por y entre las asociaciones estudiantiles.

El Observatorio Estatal para la Convivencia, es un organismo que venía recomendado por la Unión Europea y fue creado por el Gobierno de Zapatero en 2007. De él forman parte el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Instituto de la Juventud, la delegación del Gobierno sobre el plan nacional sobre drogas, los Defensores del Pueblo nacional y autonómicos, las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los sindicatos docentes, padres y madres y los propios alumnos.

La entonces Ministra Mercedes Cabrera emitió una resolución en la que adjudicaba los cargos de vocales al Sindicato de Estudiantes y la organización CANAE, por considerarlos «de mayor representatividad». La Unión Democrática de Estudiantes, que se define como «liberal-conservadora», habría quedado excluida. La cuestión es que antes de que se concedieran las vocalías, tres de las cuatro principales asociaciones estudiantiles -el Sindicato de Estudiantes se opuso- acordaron que los cargos de las vocalías serían rotatorios. Como no había unanimidad, la entonces Ministra se arrogó el derecho a elegir a quien quisiese.

La utilidad real del Observatorio está cuestionada desde muchos sectores, en los que se considera una institución más de carácter consultivo que, en el fondo, no vendría a ser más que una extensión más del Ministerio y no un órgano representativo de los estudiantes en asuntos de convivencia. Como señalan en el diario El Mundo, hay tortas y puñetazos para el reparto de la tarta, ya que cada representante estudiantil cobra 150 euros. El Ministerio, sin embargo, define sus funciones de este modo: «disponer de información actualizada que permita conocer la situación y evolución de los centros y proponer estrategias para corregir situaciones contrarias a la convivencia». Sean las asociaciones estudiantiles verdaderos órganos representativos o no, de lo que no hay duda es de que si están nombrados «a dedo» difícilmente pueden ser democráticos.

1350 euros para quienes estén «en riesgo de fracaso»

La última del nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, consiste en reducir el fracaso escolar con dinero… pero amoldándose a la tiranía de las cifras. Según ha declarado en el Congreso de los Diputados, el Gobierno dará 1350 euros de «becas de mantenimiento» a los alumnos de secundaria que se encuentren en riesgo de abandonar los estudios por no haber alcanzado la titulación correspondiente en la edad convenida. Así, el ministro de Educación pretende demostrar que las becas «no son una política más» del Gobierno socialista. En la misma línea que emprendió hace unos años la administración andaluza, el Gobierno ofrecerá un trato desigual a los alumnos que aprueban con normalidad frente a los que muy probablemente abandonarían sus estudios.

La política de becas de Ángel Gabilondo no sólo se circunscribe a la secundaria. También le preocupa la situación de los universitarios y otorgará una «beca-salario» de 2800 euros a los alumnos universitarios, una «ayuda compensatoria que se ofrecerá según el umbral de renta de la familia del alumno». Este es uno de lospuntos del Plan de Acción 2009 con el que el Gobierno pretende hacer frente a la crisis. Además Gabilondo ha recordado la puesta en marcha de las becas para financiar la matrícula de los máster. El Gobierno destinaría hasta 70 millones de euros para las personas entre 25 y 40 años que se encuentren en situación de desempleo y deseen cursar estudios de posgrado el próximo curso.

El ministro ha completado su repaso a la situación de la educación hablando sobre el grado de aplicación del Plan Bolonia, la gratuidad para la educación infantil de 0 a 3 años y la reforma de la Formación Profesional. Ésta ha sido la primera comparecencia de Ángel Gabilondo ante la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados. En los próximos días está previsto que el Ministerio de Educación informe a las universidades públicas de cómo se van a financiar las becas para financiación de máster.

¿Pacto educativo?

La Conferencia Sectorial del pasado martes deja traslucir todavía ciertas reservas en la Comunidad contra la medida gubernamental de portátiles para todos. Font de Mora ha criticado que se lancen estas campañas consultando a posteriori a las comunidades autónomas, que tienen que desembolsar parte de la subvención, sin preguntarse antes por la viabilidad de estos proyectos. En los próximos días continuarán las reuniones para concretar la financiación

Pero no es esa la única cuestión que se ha tratado en la Conferencia Sectorial. También se ha hablado del pacto educativo que el nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo, pretende ultimar con las comunidades autónomas y los agentes sociales para hacer frente a problemas como el fracaso escolar, la educación de 0 a 3 años, la nueva Formación Profesional o la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, cuya competencia actualmente corresponde al Ministerio de Educación. Son cuestiones, sin embargo, en las que tiene suma importancia las medidas que se adopten en las autonomías.

Font de Mora, al tiempo que ha destacado los cuestionados planes del Consell para hacer frente al fracaso escolar, ha incidido en aspectos de índole nacional, como es la necesidad del cambio de modelo educativo o la reforma del Bachillerato. El conseller insiste además en que están dispuestos a trabajar para llegar a un acuerdo, pero que no le concederán a Gabilondo “ningún cheque en blanco”.

¿Portátiles para todos?

Nada de un portátil por cada niño de 5.º de primaria. Entre 50 y 90 euros de “bono-digital” y punto. En eso pretendía concretarse, ya desde antes del Debate del Estado de la Nación, la dotación de ordenador a los escolares. Como ha declarado el nuevo Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, esa propuesta no es aislada, sino que forma parte de un proceso de modernización de la escuela que, no obstante, varias comunidades han emprendido por su cuenta. Ahora, sin embargo, se reunirá con las comunidades autónomas para concretar en cuánto contribuirá el Ejecutivo y cómo va a desarrollarse.

Como las competencias educativas están en manos de las autonomías, las negociaciones serán difíciles. No existe un sistema operativo concreto con el que vinieran equipados estos ordenadores, ya que si en algunas comunidades las escuelas emplean Microsoft otras, como la Comunidad Valenciana, utilizan mayoritariamente Linux. El impulsor de este software ha criticado la medida del Gobierno porque supondría “vender el futuro del país a Microsoft”. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, dice que las comunidades podrán elegir el programa que más les convenga.

Fuera del ámbito económico, varios sindicatos han criticado que promocionar los ordenadores portátiles es una medida que no ayuda a mejorar necesariamente la educación de los niños. CSI-CSIF considera más importante la formación de los docentes que las nuevas tecnologías. USO ha calificado la medida de “burla” y ANPE la considera “efectista”. Sólo FETE-UGT, afín al PSOE, cree que es una iniciativa positiva, aunque defiende que se forme también al profesorado y el asunto se debata también con los agentes sociales y no genere polémica entre su forma de aplicación en unas comunidades y otras. De momento, Ángel Gabilondo se reunirá con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial el próximo martes 19 de mayo.

Y el rumano, que no falte

En los últimos días, el conseller Alejandro Font de Mora se trasladó a Madrid para reunirse con el nuevo ministro Ángel Gabilondo para presentarle las demandas de la Generalitat: algún tipo de concertación en enseñanza infantil y fondos de compensación estatal para combatir el fracaso escolar. A su regreso, sin embargo, la cuestión de los idiomas ha vuelto a suscitar su preocupación por otra lengua, el rumano, que no se haya lo suficientemente protegida. El gasto de las clases de rumano, que se realizará en horas extaescolares en los centros públicos, correrá a cargo de las organizaciones de rumanos o de la Embajada, y sólo se impartirá si existe un interés mayoritario. El objetivo de favorecer la enseñanza de la lengua y la cultura rumanas es que los rumanos que tengan que regresar a su país debido a la crisis «no pierdan el contacto con sus orígenes».

Su gestión sigue siendo cuestionada desde que el pasado 28 de abril se celebrara una huelga educativa marcada por la polémica entre sindicatos y asociaciones de padres de distinta sensibilidad. Pero ahora quien más ha llamado la atención de los huelguistas es el alcalde de Xátiva, Alfonso Rus (PP), que tal como han recogido varios periódicos, exclamó en un mitin: «A esos que querían ponernos la cabeza boca abajo, no vamos a darles el gusto. ¡Vamos a rematarlos, vamos a rematarlos». Y más tarde: «»No sé si será bueno o malo, pero dije que esos son gilipollas y me quedé a gusto con esos sinvergüenzas». A estas declaraciones siguieron las palabras del concejal socialista de Xátiva, Rafael Llorens: «Tengo un recado de mi mujer: eres un gilipollas». En la web de la Plataforma, los insultos continúan. Todo un alarde de educación que demuestra la absoluta pérdida de las formas a todos los niveles.

Mientras se intercambian insultos en la Comunitat, el ministro Ángel Gabilondo busca un pacto educativo con las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales. Un pacto en el que el PP trata de anteponer la libertad de enseñanza a cuestiones como Educación para la Ciudadanía, pero ha dejado claro que no se conformará con una simple foto. Fotos faltarán para arreglar la fisonomía de un panorama educativo que está haciendo aguas y no tiene visos de inmediata recuperación. El Presidente del Gobierno, que afirmó que no habría recortes sociales por la crisis, reducirá los gastos del Ministerio de Educación y Política Social en 105 millones de euros.

La universidad entra en el banco (y otros sitios)

El movimiento antibolonia ha sobrepasado en algunos lugares los límites de la universidad. Mientras los ministros de Educación de los 46 países que integran el proceso de Bolonia se reunían el pasado miércoles en Lovaina (Bélgica) para debatir sobre el desarrollo del Plan, cientos de estudiantes han salido a las calles en distintas ciudades españolas y europeas para protestar, una vez más, contra el Plan Bolonia. Resulta significativo, sin embargo, el caso de Barcelona, donde cuatro alumnos han llegado a ocupar el Comisionado de Universidades de Esquerra Republicana de Cataluña y entre 50 y 60 la sede del Banco Santander. El lema era pegadizo: “Si el banco entra en la Universidad, la Universidad entra en el banco”. Por la tarde, sin embargo, ya habían abandonado los edificios.

El nuevo Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha insistido en que los ministros de Educación “no pretenden buscar la máxima rentabilidad” de la Universidad a costa del plano social y que trabajará “muy seriamente” para que la Universidad no esté sometida a los intereses de mercado. Además ha destacado que la participación de la empresa en las universidades españoles es mucho menor que en otros países. Sobre la adaptación a Bolonia ha valorado el informe de evaluación de seguimiento, que revelan que España obtiene una media de 4 puntos sobre 5 (frente al 3,5 del año pasado), y se considera satisfecho porque “la orientación es la adecuada”.

La protesta contra Bolonia en Alicante concidió con la protesta de los sindicatos del pasado martes. Como era de esperar, hubo algunos encontronazos. En el contexto de las movilizaciones contra el EEES, algunos profesores de la Universidad de Alicante se han unido a la llamada “Declaración del Ateneo”, un documento firmado en Madrid en el que se declara que el Plan Bolonia es un cambio de modelo encubierto dirigido a mercantilizar la universidad y no una mera homologación de títulos y facilitación de la movilidad universitaria. Además piden una moratoria para la implementación del proceso para que pueda debatirse “de una forma transparente y democrática”.

Nuevo Ministro y nuevo Ministerio

La remodelación del Gobierno, anunciada por Zapatero, se refiere a un aspecto que nos concierne. Ángel Gabilondo, Presidente de la Conferencia de Rectores de la Universidad Española, Rector de la Universidad Autónoma de Madrid y Catedrático de Metafísica ha sustituido a Mercedes Cabrera al frente del Ministerio de Educación. Ahora, además, se transfieren a este organismo las competencias en materia de universidades, que antes correspondían al Ministerio de Ciencia e Innovación, liderado por Cristina Garmendia.

El nuevo ministro, hermano del periodista Iñaki Gabilondo, juró el cargo el pasado miércoles ante los reyes y el presidente del Gobierno. Su principal misión consistirá en culminar el proceso de adaptación a Bolonia, del que es firme defensor, aunque se le considera un hombre con talante. Su primera decisión al frente del Ministerio ha sido la propuesta de un pacto de Estado en materia educativa. Pretende que las comunidades autónomas y los sindicatos dejen de echarse las culpas de los resultados educativos. Habrá que ver en las próximas semanas si se trasladará a la práctica ese espíritu dialogante, pues todavía no hay nada concreto.

La anterior Ministra de Educación, Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, deja la cartera ministerial, después de tres años en el Gobierno. La Ministra de la LOE y Educación para la Ciudadanía, deja a su sucesor la tarea de enfrentarse a un fracaso escolar que supera el 30% en España. El motivo de la renovación del gabinete, según ha explicado el presidente del Gobierno, es encarar la crisis económica. Pero ahora, al separarse la gestión del sistema universitario de la investigación, las universidades se han alarmado por una bastante posible descoordinación administrativa. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega dice que no hay que preocuparse. El Ministerio de Ciencia e Innovación es un organismo “horizontal”.

El Supremo derriba el «curso puente»

Como se viene diciendo en los últimos días, la sentencia del Tribunal Supremo anula el artículo 14.2 del Real Decreto 1467/07, por el que se establecía que los alumnos de Bachillerato pudieran elegir entre repetir las tres o cuatro materias suspendidas de primero más algunas de bachillerato o repetir todo el curso. La decisión ha levantado polémica y ha permitido dilucidar una vez más la disparidad de posturas en lo referente a esta cuestión. Mientras que la asociación de padres CEAPA o el sindicato FETE-UGT han lamentado la decisión, pues consideraban que agilizaría el Bachillerato y reduciría el fracaso escolar, otras organizaciones como el sindicato ANPE, la asociación católica CONCAPA o la patronal de centros privados se han mostrado favorables al fallo.

El Sindicato CSI-F ha aplaudido la decisión del Supremo porque ese «curso puente» entre primero y segundo de Bachillerato tendría difícil aplicación y ha defendido una vez más, como venía haciendo desde que se aprobó la LOE, la instauración de un Bachillerato de tres años de duración.

La sentencia del Supremo tiene varias interpretaciones. Algunos, como Mercedes Gallego, consideran que la pretensión del Ministerio de Educación era «maquillar los malos resultados que obtienen los estudiantes españoles en las pruebas internacionales. Mercedes Cabrera, por su parte, ha defendido el decreto alegando que lo que pretende es equiparar a los alumnos de Formación Profesional y Bachillerato, así como aproximarlos a lo que se encontrarán en la universidad. En cualquier caso, el Gobierno tendrá que buscar una nueva fórmula para cumplir sus propósitos.