La discordia continúa

El movimiento en contra de Educación para la Ciudadanía, lejos de haberse apagado, continúa. De hecho, siguen produciéndose sentencias favorables a los objetores, como la reciente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que por el enfoque de los recursos presentados (“contra el currículo y los criterios de evaluación de la asignatura”) ha desembocado favorablemente para los objetores, si bien el Tribunal Supremo podría anularlas próximamente.

Y si entre los objetores no se aprecian signos de derrota, tampoco entre los defensores de la asignatura de marras han bajado las espadas. El presidente de Andalucía, Manuel Chaves, sigue advirtiendo contra el “absentismo” a la clase de EpC, la Ministra Mercedes Cabrera hace lo propio. Pero además de los apoyos de las altas esferas, destacan por ahí -concretamente en El Plural– la campaña de la Federación Andaluza de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, “Colegas”, bajo el lema “¿Educación para la Ciudadanía? Sí, gracias”, que se traduciría en charlas, talleres y carteles informativos para combatir el “acoso homofóbico” en las escuelas.

Entretanto, 127 nuevas familias han objetado en la Comunidad Valenciana y se ha convocado para el próximo 28 de marzo el I Encuentro de Objetores a Educación para la Ciudadanía de la provincia de Valencia, un acto semejante al que se celebrará en Madrid el 28 de este mes. Si algunos se han echado para atrás, otros se consideran vencedores, ya que como declaraba el Consejero de Educación, Font de Mora, todavía puede ser que el Tribunal Supremo “cambie el sentido del fallo y prohíba Educación para la Ciudadanía”.

Un nuevo frente

La decisión del Tribunal Supremo ha saltado de pronto a los titulares de todos los medios. No se podrá objetar a Educación para la Ciudadanía. Lo que significa que la polémica asignatura no atenta, en sí misma, contra el derecho fundamental de los padres de elegir la formación moral y religiosa para sus hijos y que, por tanto, no podrá ejercerse la objeción de conciencia para este caso. Y, sin embargo, recalca que su actuación debe limitarse a la transmisión de principios y valores constitucionales.

El Alto Tribunal se ha limitado a referirse a los cuatro recursos que se le habían presentado contra tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en contra de la objeción, y uno del Tribunal Superior de Justicia Andaluz, a favor. No ha hecho un análisis pormenorizado de la asignatura, sino que se ha limitado a decir si puede objetarse o no a esta materia regulada por ley. Todavía quedan unos 2000 recursos presentados sobre los que tendrá que seguir pronunciándose en los próximos meses.

El Supremo deja, sin embargo, varias puertas abiertas: los contenidos de los libros de texto, los programas de la asignatura y la legalidad de los decretos, que sí podrían impugnarse ante los tribunales. En cualquier caso, siempre restaría la opción de recurrir la sentencia del Supremo –cuyo texto se conocerá en un mes- al Tribunal Constitucional y, en última instancia, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los padres parecen relativamente satisfechos. No digamos ya la Ministra de Educación.

A la espera del Supremo

Se acerca el día y la cosa está que arde. Los objetores están a la espera de que el Supremo dicte una sentencia sobre los recursos presentados a la asignatura Educación para la Ciudadanía. Pero no sólo son ellos los que aguardan con expectación. La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha remitido una carta al Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, para invitarle a que se pronuncie por encima de “intereses particulares” y advertirle del peligro de una sentencia en contra. La Plataforma por una Educación en Libertad, por su parte, ha convocado una concentración mañana sábado a las 17 h. en la plaza de la Montañeta, en Alicante.

El proceso puede ser más largo de lo que parece. De fallar el Alto Tribunal en contra, los objetores podrían acogerse aún al Tribunal Constitucional, y en última instancia, al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En cualquier caso, siempre pedirían la “suspensión cautelar” que permita a los alumnos no acudir a clase, ya que como se ha denunciado en algunos centros la dirección les presionaba a los hijos de los objetores a asistir a clase de Ciudadanía.

Desde que saltó a la palestra, la asignatura no ha dejado de despertar polémica. Numerosos intelectuales y organismos se han pronunciado a favor o en contra de la asignatura. ¿Pero qué es lo que está en juego en esta sentencia? Como ya ha señalado por ahí algún experto, una sentencia favorable a la objeción permitiría no asistir a la clase de cualquier asignatura que fuera obligatoria. Los de Profesionales por la Ética, sin embargo, insisten en que los contenidos de EpC y Matemáticas no son de la misma naturaleza.

Se acabó la huelga

Ya no habrá huelga mañana, ni tampoco Educación para la Ciudadanía en Inglés. La moratoria se ha hecho realidad dos días antes de que profesores, padres y alumnos abandonaran sus ocupaciones para protestar contra el estado de la enseñanza pública. Este aplazamiento permitirá que casi la mitad de los colegios de la comunidad pasen a impartir Educación para la Ciudadanía en castellano o valenciano. Todos se muestran contentos por el momento.

La cosa es tan sencilla que hasta un niño la entendería. Todo quedará bloqueado hasta final de curso, mientras la Conselleria trata de ponerse de acuerdo con la Plataforma por la Pública sobre sus reivindicaciones. Mientras tanto, en unos centros estudiarán Education for the Citizenship, en otros Educació para la Ciutadania y en otros Educación para la Ciudadanía a secas, según sus posibilidades. Y los que estudien en inglés tendrán que asistir a grupos de conversación con el profesor de la asignatura.

Si la Conselleria y la Plataforma no consiguieran ponerse de acuerdo antes del 15 de febrero, entonces el próximo curso volverá a estudiarse en inglés y la comunidad educativa volverá a echarse a la calle. Según la Plataforma, 44.000 padres se manifestaron en Valencia el 29-N contra la política de educación de la Generalitat. La Plataforma indica que continuarán las movilizaciones si la negociación fracasa.

¿Objeción de conciencia?

Ni en inglés, ni en castellano. Hay alumnos que no asisten a Educación para la Ciudadanía, a pesar de lo que haya dicho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Lo ha denunciado la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE-PV) –la cual forma parte de la Plataforma por la Pública–, y además advierte de que este hecho sucede, sobre todo, en los centros concertados.

Lo cierto es que el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado, pero algunos tribunales superiores de justicia ya han avalado la objeción a Ciudadanía, como es el caso de Andalucía. Otras comunidades, como Madrid, dan alternativas como la presentación de trabajos sobre la Constitución y los Derechos Humanos o tareas de voluntariado en los propios centros. Muchas organizaciones han reivindicado la aplicación del derecho a la objeción de conciencia para los padres que lo deseen y han visto que de momento no es tan difícil y de hecho la cifra de objetores supera ya las 50.000 personas. Los objetores se basan en las doctrinas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por las que el derecho a la “objeción de conciencia” se extiende del servicio militar a cualquier cuestión que pertenezca al “claustro íntimo de creencias”. Numerosos grupos de presión y asociaciones defensoras de la ética que han protagonizado este movimiento explican a los padres cómo pueden objetar a Educación para la Ciudadanía. También la Comunidad de Madrid, a la que Zapatero estudia denunciar.

Ya son muchos los casos de objetores que se han sentido amenazados por el poder central. Desde profesores de centros públicos que ridiculizan a los niños cuyos padres han objetado hasta la publicación de los datos personales de los objetores en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, suceso que ha sido denunciado por los padres. ¿Estamos ante una campaña de acoso y derribo por parte de la Consejería de Educación? ¿Es válida la objeción a la EpC o basta con denunciar “casos eventuales de adoctrinamiento”? El asunto sigue acumulando polvo en el Supremo.

Diez exigencias, dos dimisiones

Mientras España debate sobre si debería haber o no crucifijos en las paredes de las aulas de los centros públicos, en la Comunidad Valenciana siguen pasando cosas. Y entre ellas, que mañana hay convocada una manifestación en Valencia para protestar contra la EpC en inglés y ya de paso pedir la dimisión de cierto Alejandro Font de Mora. La moratoria no ha logrado disuadir a los convocantes, ni la amenaza de manifestación ha conseguido que se concreten los términos de la moratoria. Luego el problema continúa sobre la mesa.

Para que la protesta sea un éxito, la Plataforma por la Pública mandará autobuses gratuitos desde distintos centros educativos y repartirá a los manifestantes 12.000 lacitos amarillos. Además, como ya ha reflejado El Mundo, han conseguido el apoyo de Ecologistas en Acción de la Marina Baixa, el departamento de Árabe de la Universidad de Alicante, los scouts de Massamagrell o el Conservatorio Profesional de Música de Denia. El lema de la convocatoria es “Amb aquesta Educació, Font de Mora dimissió”. Quisieran llegar a 50.000 personas, pero por lo visto con 20.000 se darían por satisfechos.

Han creado, incluso, una página web para la manifestación, denominada www.fontdemoradimissio.org, que como es habitual en estos casos contiene un decálogo de razones para ir a la manifestación: red de centros públicos deficiente, red pública de educación infantil, falta de profesores, educadores y fisioterapeutas, matriculación selectiva, falta de especialistas en lenguas extranjeras, el llamado requisito lingüístico, Educación para la Ciudadanía en inglés, programas contra el fracaso escolar y enseñanza pública y gratuita. Toda esta lista intenta informar al ciudadano de lo que reclamarán en la manifestación de mañana y será la comidilla para la huelga del próximo 17 de diciembre. Además quieren que dos cargos públicos dejen su puesto vacante: Font de Mora y Camps.

Marciana Molina, profesora de religión: “Los alumnos se consideran marginados y cuesta mucho que vengan a clase”

Marciana Molina es profesora de Religión en el IES Jaime II de Alicante. Lleva catorce años en la enseñanza de la asignatura y se siente orgullosa de su profesión. Este nuevo curso, se enfrenta a los problemas que la aplicación de la LOE está generando en el desarrollo de su trabajo. En 1.º de Bachillerato, se ha relegado a la Religión a última hora y además a sus 12 alumnos les coincide con otra asignatura. Marciana Molina les pone ejercicios para casa y les recomienda seguir su blog sobre Pablo de Tarso.

Pregunta: ¿Cómo ha afectado la LOE a la asignatura de Religión?

Respuesta: Pues que como no se ha cumplido la normativa de Atención Educativa en perjuicio del alumnado de religión, estos se consideran marginados y cuesta mucho que vengan a clase. Entonces hemos adoptado la estrategia de ponerles trabajos y no tengo que venir todas las veces.

P: También ha habido problemas con respecto a la reducción de las horas de religión, ya que afecta al sueldo de los profesores…

R: Claro que afecta al sueldo, y además disminuye el número de profesores. Ahora el profesorado tiene mucho miedo.

P: Ahora sucede además que la asignatura de Religión no es evaluable…

R: No es evaluable, efectivamente. Nosotros le ponemos nota y aparece en el boletín. Lo que pasa es que no cuenta para nada. Y además, los alumnos que se esfuerzan, vienen a clase, están atentos en la asignatura y les gusta se preguntan por qué no la van a evaluar. Creo que al estar en la escuela tiene que ser evaluable. Todas las asignaturas son evaluables y en la asignatura de Religión se transmiten conocimientos teológicos, filosóficos, sociológicos, psicológicos y por tanto deberían ser evaluables.

P: El hecho de que los contenidos de Religión ya no sean evaluables, ¿crees que se debe a una iniciativa para desincentivar la asignatura?

R: Desde luego, lo han hecho para desincentivarla y para ir eliminándola poco a poco. Aunque existe el Concordato con la Santa Sede y legalmente no pueden eliminarla, están poniendo trabas para que caiga por su propio peso. Por ejemplo, en Bachiller, como no recibe el mismo trato que Atención Educativa, el alumno deja de matricularse en religión.

P: ¿Por qué crees importante que los padres matriculen a sus hijos en religión?

R: Creo que es importantísimo eso que dice la Constitución de que el alumno reciba una educación integral y en una educación integral se encuentra la dimensión espiritual del ser humano. Por otro lado, es importante que en un mundo tan plural como en el que vivimos, en el que hay tanta mezcla de religiones, el alumno conozca el pensamiento budista, la tradición islámica como el pensamiento cristiano. No podemos educar a personas aisladas. Deben saber lo que hay y conocerlo para luego poder relacionarse.

P: Entonces, ¿crees que es necesario el conocimiento de otras culturas y religiones?

R: Sí, por supuesto, todo nuestro conocimiento es humanístico. La religión cristiana que damos en la escuela es de contenido humanístico. Eso para mí es progreso, es lo que hace avanzar a la sociedad. Es cierto que ha habido periodos más fundamentalistas, en los que se ha llevado la religión de una manera muy estricta. Pero el pensamiento humanista, que mana del Evangelio, es universal y es lo que hace avanzar a la sociedad. Los tiempos van cambiando y habría que cambiar las formas de presentarlo.

P: ¿En qué afecta a los alumnos los contenidos de la asignatura de Religión?

R: Mirando lo que es el día a día de la asignatura, el concepto de autoestima de los alumnos que vienen conmigo a clase es imprescindible para que les vaya bien en las demás asignaturas.

P: No sería una asignatura centrada sólo en lo teórico, sino en la vida personal de los alumnos…

R: Por supuesto, afecta a todo. El alumno que viene a la asignatura de religión tiene que ser el que más se esfuerce, el que más atento esté en clase, el que mejor asimile los conocimientos y el que ponga todos sus talentos a funcionar. Lo que aprendan en clase de religión lo usarán durante toda su vida, en cuanto empiecen su relación de pareja, quieran formar una familia o se pongan a vivir juntos con alguien.

P: ¿No crees que eso les correspondería a los padres?

R: Sí, no cabe duda que los padres forman parte de la educación de los hijos, pero también necesitan tener contacto con su profesor. No sólo para que lo conozcan a nivel social, sino para que el alumno vea para que lo que sus padres dicen o su profesor dice está escrito en los libros y que está escrito por personas que tienen un nivel intelectual alto. Los padres les dicen a sus hijos cómo tienen que hacer buenas acciones y los profesores lo reforzamos de manera intelectual.

P: ¿Has encontrado algún tipo de desacuerdo con los padres acerca de los contenidos que transmites?

R: Yo hasta ahora no he tenido ese problema nunca. Quizás si tocásemos una religión muy fundamentalista, tal vez sí se entraría en conflicto. Pero si te atienes al Evangelio, no tiene por qué haber problemas. También tengo que decir que el profesorado debe estar bien formado. La Conferencia Episcopal ha hecho esfuerzos muy grandes. Pero todavía hay profesorado que no tiene la titulación adecuada. Y en esto hay que avanzar.

P: ¿Cómo ven los demás profesores del instituto que impartas clases de religión?

R: Hay algunos que no están de acuerdo en que la religión esté en la escuela. Pero al final me acaban diciendo que lo que no les gusta es que la institución religiosa dirija la asignatura. Ahora bien, en los conceptos que se imparten en Religión sí que están de acuerdo. Y los que ya tienen un poco de madurez piensan que es necesario.

P: ¿Preferirías que fuera una asignatura aconfesional?

R: No, no que fuera una asignatura aconfesional, sino que sea una asignatura como todas, que tenga la misma categoría, en el aspecto legal, académico e intelectual. La Conferencia Episcopal puede ocuparse del contenido que se da, o de la formación del profesorado, pero una vez que eso ya está arreglado, la Iglesia debe tener la confianza de que ese profesor está bien formado. De hecho, habrá que avanzar en este terreno. Los profesores de la asignatura deben salir de las faldas de los obispos. El laico debe ser respetado por sus conocimientos y su formación. Así funcionaría mejor la asignatura y la gente de la calle lo aceptaría de una forma muy natural.

P: ¿Cómo verías que se impartiese una asignatura común, como recogía la LOCE, que se llamase “Sociedad, cultura y religión”?

R: Está bien, lo que pasa es que se dispersaría el alumnado. La Religión católica perdería muchísimos alumnos al ser una optativa. Otro problema es que la religión musulmana va consiguiendo mucho campo y hay institutos donde la religión católica prácticamente se ha sustituido por la musulmana. La religión nuestra es optativa; la de los musulmanes también. Lo que pasa es que los padres musulmanes obligan a sus hijos a que estudien religión y los católicos no. No se hasta qué punto esa mezcla de religiones con las que el Gobierno ha pactado es buena. Por un lado, es una cosa que debe estar, siempre que nos haga avanzar. Pero si se enseña que mujeres y hombres no son iguales, yo no lo quiero.

P: ¿Crees que chocan los contenidos de Educación para la Ciudadanía con los de Religión?

R: Depende de cómo se enfoque y del profesor que lo dé. Por ejemplo, la igualdad entre el hombre y la mujer. En la religión católica teóricamente está superado, pero en la práctica no es así. O en el tema de la homosexualidad, puede que haya problemas, pues la religión tiene un concepto diferente. En las familias, se ve que no hay un único modelo de familia y que la sociedad se va imponiendo.

P: ¿Verías adecuado que EpC incidiera en aspectos más informativos que de índole moral?

R: Considero muy importante que la gente conozca la Constitución y los Derechos Humanos. Lo que pasa es que no se ha consensuado. Además, ha tapado los problemas de la asignatura de Religión. Nos sentimos abandonados. Incluso en las manifestaciones que hemos hecho por la asignatura de religión nos han mezclado con grupos cristianos que llevaban otras reivindicaciones. Entonces ahí nos hemos quedado perdidos, invisibles.

El inglés puede esperar

Ahora resulta que la Consejería de Educación le propondrá a Camps estudiar una “moratoria” para la enseñanza de Educación para la Ciudadanía en inglés. Al menos eso ha dicho el Conseller de Educació, Alejandro Font de Mora, después de que la Secretaria autonómica de Educación, Concha Méndez, mantuviera una larga conversación con la Plataforma por la Enseñanza Pública. Precisamente después de que una parte de la comunidad educativa participase en concentraciones y pronunciamientos contra la Citizenship y Font de Mora se viese en situación tan delicada.

Todo está ahora en las manos del presidente de la Generalitat, Francesc Camps, que tendrá que adoptar una decisión al respecto: mantener el actual sistema o permitir que la enseñanza de Educación para la Ciudadanía se adapte a las necesidades de cada centro hasta que se configure un sistema plurilingüe que satisfaga las demandas de los institutos y colegios que cuentan con menos recursos para impartir la asignatura.

Pero ahí no acaba la cosa y la manifestación del 29 de noviembre y la huelga fijada para el 17 de diciembre siguen convocadas. ¿Es posible que la presión de los ciudadanos haya persuadido a Font de Mora para quitarse el muerto de encima y a la Generalitat para dar marcha atrás? El tiempo tal vez responda a esas preguntas. Pero de lo que no hay duda es de que todavía quedan muchas cuestiones en el aire y es lo que el Sindicato STEPV-Iv y la Plataforma por la Enseñanza Pública –cuyas demandas van más allá de Educación para la Ciudadanía- les van a plantear a la Generalitat, como pueden ser el alto número de barracones, la creación de una red pública de educación infantil y otra política de becas.

Las clases empiezan en la calle

El curso ha comenzado, para variar, entre pancartas y pasquines. No hay más que ver cómo se han echado a la calle los profesores, padres y estudiantes para protestar contra el Gobierno. En la Comunidad Valenciana, la Plataforma por la Enseñanza Pública y la FAPA «Enric Valor» ya han organizado tres concentraciones contra la Citizenship y amenazan con una huelga general para el próximo mes de diciembre. Además 12 institutos de la provincia, entre ellos el IES San Blas de Alicante, han dado este viernes una clase en el patio como protesta. El causante de todo este barullo, el conseller de Educació, Alejandro Font de Mora, se halla en un serio aprieto. Tanto que Francisco Camps ha tenido que darle unas palmaditas en la espalda y propinarle una retahíla de elogios -«gran político, hombre de centro, dialogante, decente y honesto«- mientras el PSOE aprovechaba la coyuntura para pedir su destitución.

La Conselleria no se ha dado mucha prisa en resolver el desaguisado. Pero después de que algunos colegios llegasen al esperpento de tener que impartir la clase de EpC con dos profesores, mientras los alumnos cazaban moscas, ahora quiere escribir sobre lo escrito y dar oportunidad a que los profesores de Ciudadanía decidan si debe haber uno o dos profesores en el aula, a la vez que se adecuan los contenidos al nivel medio de inglés de un chaval de la ESO. De ningún modo renuncian a que la asignatura se imparta en inglés. Faltaría más.

Las demandas de los manifestantes no han quedado satisfechas, pero llegan mucho más lejos. Los profesores se quejan desde tener que dar las clases en barracones o de la presión de grupos económicos o religiosos. Es la comidilla de cada año, pero este curso -en el que empieza a aplicarse la LOE en 2.º y 4.º de la ESO- a los muchachos les ha tocado aprender a ser buenos ciudadanos, grandes políticos, hombres de centro, dialogantes, decentes y honestos. Casi tanto como Alejandro Font de Mora. Aunque, a juzgar por los primeros resultados, lo que puede que no aprendan es inglés.