Ahora resulta que la Consejería de Educación le propondrá a Camps estudiar una “moratoria” para la enseñanza de Educación para la Ciudadanía en inglés. Al menos eso ha dicho el Conseller de Educació, Alejandro Font de Mora, después de que la Secretaria autonómica de Educación, Concha Méndez, mantuviera una larga conversación con la Plataforma por la Enseñanza Pública. Precisamente después de que una parte de la comunidad educativa participase en concentraciones y pronunciamientos contra la Citizenship y Font de Mora se viese en situación tan delicada.
Todo está ahora en las manos del presidente de la Generalitat, Francesc Camps, que tendrá que adoptar una decisión al respecto: mantener el actual sistema o permitir que la enseñanza de Educación para la Ciudadanía se adapte a las necesidades de cada centro hasta que se configure un sistema plurilingüe que satisfaga las demandas de los institutos y colegios que cuentan con menos recursos para impartir la asignatura.
Pero ahí no acaba la cosa y la manifestación del 29 de noviembre y la huelga fijada para el 17 de diciembre siguen convocadas. ¿Es posible que la presión de los ciudadanos haya persuadido a Font de Mora para quitarse el muerto de encima y a la Generalitat para dar marcha atrás? El tiempo tal vez responda a esas preguntas. Pero de lo que no hay duda es de que todavía quedan muchas cuestiones en el aire y es lo que el Sindicato STEPV-Iv y la Plataforma por la Enseñanza Pública –cuyas demandas van más allá de Educación para la Ciudadanía- les van a plantear a la Generalitat, como pueden ser el alto número de barracones, la creación de una red pública de educación infantil y otra política de becas.
La asignatura pendiente 